Desahucio de una familia con un niño con discapacidad: “No sabemos qué vamos a hacer”
- Un matrimonio con una niña y un niño con una discapacidad del 37% han sido expulsados de una vivienda que ocupaban y que pertenece a un fondo de inversión
- La familia esperaba tener una nueva oportunidad para negociar, pero se han encontrado con un amplio dispositivo de siete furgones y más de 50 antidisturbios
Un matrimonio con una niña de diez años y un niño nueve años con una discapacidad del 37%, han sido expulsados este martes de su vivienda en el distrito Latina (Madrid) en medio de un amplio dispositivo policial de al menos siete furgones de Policía antidisturbios. La familia ocupaba una vivienda en la calle Galur, 107, que ha pertenecido a Caja de España (ahora Unicaja) y cuyo propietario actual es el fondo de inversión Compañía General de Inversiones Arguijo, según asegura la Coordinadora de Vivienda de Madrid.
Los hijos de David y Lidia, Saray y Jesús, quien es un menor especialmente vulnerable por su discapacidad, son las principales víctimas del desahucio. La madre de esta familia ha explicado a cuartopoder.es que carece de otro techo al que acudir tras la ejecución del desahucio. “Puede que dejemos a los niños en casa de mi suegra. Nosotros dos no sabemos donde vamos a ir”, ha indicado.
Tanto ella como su marido, que carecen de empleo, recuperaron esta vivienda de Caja de España y empezaron a negociar un alquiler social, pero hace unos cuatro años la vivienda fue vendida al fondo español Arguijo, quien se habría negado a conceder dicha petición comenzando un proceso legal, ha informado Stop Desahucios Latina. Desde este periódico hemos intentado contactar con el fondo de inversión propietario de la vivienda sin obtener respuesta.
Una comisión judicial ha llevado a cabo este desalojo, después de un primer intento el día 16 del mes pasado. La familia esperaba tener una nueva oportunidad para negociar, pero se han encontrado con un amplio dispositivo de siete furgones y más de 50 efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) que, según los activistas presentes y la familia, se habían presentado en el lugar tres horas antes del desahucio, que estaba previsto a las 10.30. En la ocasión anterior, solo había acudido una coche patrulla de la Policía Municipal, ha explicado Lidia.
Los menores se encontraban dentro de la vivienda cuando ha comenzado el desahucio. La comisión judicial ha dado una hora a la familia para sacar sus pertenencias antes de tapiar la vivienda. “Como estaban los niños, no hemos querido armar jaleo”, ha indicado Lidia, que ni siquiera ha podido recuperar todo lo que estaba dentro de su hogar.
Mientras, un grupo de activistas antidesahucios de la PAH y Stop Desahucios Latina protestaba desde la calle sin que la Policía les permitiera acercarse a la familia. Según ha denunciado Pablo, miembro de la Asamblea de Vivienda de Latina vinculada a la PAH, los agentes han identificado a la treintena de activistas allí presentes a primera hora de la mañana, antes incluso de que comenzaran a entonar sus consignas antidesahucios.
“Hemos pedido tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad que ofrecieran una vivienda pública a la familia, pero hasta ahora no hemos obtenido respuesta”, explica Ana, miembro de la Asamblea de Vivienda de Latina, quien ha estado acompañando a la familia durante los años que ha durado el proceso. Esta activista antidesahucios indica que el desalojo de este martes ha sido especialmente desolador por la presencia de tantos efectivos para expulsar una familia vulnerable. Según explica, en este distrito llevan varios años sin presenciar un desalojo realizado con un dispositvo antidisturbios.
Después del desahucio, varios activistas han acompañado a Lidia a los Servicios Sociales. "Allí la conocían, pero nos han dicho que ni siquiera podían hacer un informe porque, al haber sido ocupas durante años, tienen penalización. Las personas que ocupan son las más vulnerables, pero se las penaliza todavía más", ha explicado Pablo. Ahora la familia deberá realizar una nueva solicitud de vivienda y regresar a los Servicios Sociales a entregar la documentación.
Los activistas también han indicado que el Samur Social, encargado de dar respuesta de emergencia a las personas sin hogar, no ha acudido al desahucio y ha alegado tener falta de camas para acoger a la familia. Esta falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Madrid no ha podido ser contrastada por este medio, ya que hasta el momento no han ofrecido información.
Sin embargo, diferentes colectivos que trabajan con personas vulnerables denuncian que los albergues de Madrid están al completo y tampoco se ofrecen alternativas. De hecho, varios trabajadores del Samur Social han estado durmiendo en los últimos días frente a su sede junto a varias familias para denunciar que se está dejando a menores en la calle en las últimas semanas, en este caso concreto, a personas solicitantes de asilo.
El cuadro de las ejecuciones hipotecarias, desahucios o lanzamientos se está transformando. Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reflejan que mientras en el primer trimestre del 2019 las ejecuciones hipotecarias se desplazaron a la baja (19,2%), mientras que los lanzamientos por impago del alquiler no paran de aumentar, en concreto, subieron un 5,2% hasta marzo de este año.
"El panorama de los desahucios no para de empeorar con la entrada en el juego de los fondos buitre y los responsables políticos deberían tomar medidas", ha criticado Pablo. Los colectivos antidesahucios exigen que se regule por ley una limitación de los alquileres para frenar la especulación de los fondos de inversión con la vivienda mientras, como vienen haciendo desde sus orígenes, exigen que no haya más desahucios sin alternativa habitacional.
