En plena vorágine por la posible reducción de primas a la producción de energía solar fotovoltaica, el Ministerio de Industria ha filtrado su intención de “popularizar” el uso de paneles solares entre la población mediante la eliminación de trámites burocráticos y técnicos. Lo cual está muy bien, si no fuera porque con esa declaración de intenciones no va a calmar el cabreo de todo un sector que ve peligrar su rentabilidad si se bajan las primas a la producción, y hasta su viabilidad económica en el caso de algunas empresas.
Vaya por delante que el posible descenso de primas a la producción de energía solar fotovoltaica afecta principalmente a las grandes compañías energéticas que, con grandes ambiciones y aprovechando el sentido de la corriente, intentan sacar partido comercial al objetivo de que España cumpla en este campo los objetivos marcados por la UE.
Y también es verdad que no hay indicaciones en firme desde instancias oficiales de que se vaya a producir ese “abaratamiento” de la energía solar, aunque las empresas del sector tengan pleno derecho a defender sus intereses y a que no se confunda, interesadamente o no, aquellas pocas a las que se investiga por fraude con las que están limpias de polvo y paja, que son las más.
Pero, la verdad, es que el boom –necesario por otra parte– de la energía solar registrado en España en estos últimos años había dejado de lado, en cuanto a la normativa oficial se refiere, a aquellos ciudadanos llamémosles ambientalmente concienciados que querían o pretendían sumarse al carro de la producción limpia de energía y, al mismo tiempo, aligerar su factura particular mediante la instalación de placas solares a pequeña escala. Es decir, en la casa de cada uno.
Resulta obvio que, si se facilita la instalación de placas solares en domicilios privados y pequeñas empresas, algo de aire se insuflará a un sector que, preventivamente, ya deplora la bajada de primas a la producción fotovoltaica. Y también lo es que muchos contribuyentes individuales harán números para ver a qué plazo les compensaría la instalación en casa de unas placas que alivien la factura mensual eléctrica, además de los que por puro convencimiento lo hagan directamente para poner su granito de arena en la lucha contra el cambio climático.
Lo que pasa es que también en esto, como en bastantes otras actuaciones del ministro Sebastián, en particular, y del Gobierno al que pertenece, en general, nos asalta la duda de si obedece todo a un plan premeditado con el que se pretende amortiguar el impacto que la discusión extra oficial del posible abaratamiento de las primas a la energía solar está causando.
O sea, primero hacemos que corra la especie de que baja la “subvención” y luego calmamos la alarma haciendo saber que, quizá, pronto será mucho más fácil para todos la instalación de miniplantas solares y su conexión a red. Con lo cual el sector verá lo primero compensado por lo segundo.
Y la gente del común, al menos la interesada en estos asuntos, pensará que mientras que se cumpla la segunda parte del axioma, bien quedará la cosa. Tal es el grado de desconfianza que suscitan ya los planificadores oficiales.
Quitar primas a la fotovoltaica antes de que los huertos esten pagados ( 12 años de media ) significa llevar a la ruina a los que hayan invertido en ellos , unas 50.000 familias