La Justicia americana y Obama frente a la desfachatez ambiental

Asistimos atónitos a la farsa que las tres empresas responsables del macrovertido de petróleo que desde hace casi un mes amenaza la costa sureña estadounidense dieron el martes en el Congreso de Washington. En su juego de “señorita yo no he sido”, los representantes de British Petroleum, Transocean y Halliburton protagonizaron un espectáculo mediático de cara al mundo que, suavemente, se puede calificar de cínico.

Y esto ocurrió el martes, cuando, desde hacía días, sólo llegaban malas noticias desde el Delta del Missisipi. Señalaban, por un lado, que una cadena increíble de fallos y, por otro, una serie de negligencias posteriores fueron y son los causantes de un vertido que ocupa más de 10.000 kilómetros cuadrados de superficie marina y causa ya daños quizá irreparables.

Lo de las empresas, el martes, en el Congreso parece tener como único objetivo eludir en la medida de lo posible responsabilidades por las once muertes habidas en el accidente y disminuir el pago de indemnizaciones por ellas y por los daños económicos y ambientales. Lamar McKay, el presidente de Bristish Petroleum, dejó caer que sólo pagará indemnizaciones “legítimas”.

La desfachatez de los actores del esperpento llega hasta ahí. ¿Quién fijará el significado o el contenido de la palabra “legítimas” en este caso? Obviamente, los reclamantes se enfrentarán a un larguísimo proceso legal, pues las compañías implicadas y responsables pondrán en acción potentes bufetes de abogados para minimizar sus responsabilidades y, consecuentemente, los pagos.

Esto suena a conocido, desafortunadamente. Recuerda a Texaco-Chevron. O Chevron-Texaco. El caso de la tremenda contaminación con vertidos petrolíferos de la Amazonía ecuatoriana, entre 1972 y 1992. Texaco, que luego sería absorbida por Chevron, derramó en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos unos siete millones y medio de litros de petróleo y casi cinco mil millones de agua de producción. Sí, está bien escrito: 5.000 millones. El destrozo, el desastre causado para aquel presente de 1990, para este futuro de hoy, 2010, y para el porvenir no hace falta describirlo. Es fácil imaginarlo.

El Frente de Defensa de la Amazonía de Ecuador (FDA) reclama judicialmente a Chevron 27.000 millones de dólares (más de 22.000 en euros) desde hace años. A finales de febrero pasado, tras el nombramiento de un nuevo instructor del proceso, el FDA alertó, y cito un despacho de ese mes de la Agencia Efe desde Quito, de la “capacidad” que tiene la petrolera estadounidense de “generar artimañas y obstruir la justicia a fin de evitar que el juez dicte sentencia”.

En una carta abierta al pueblo ecuatoriano del pasado 26 de abril, el FDA asegura que “Chevron-Texaco, la tercera empresa más poderosa de los Estados Unidos (según la revista Fortune) y la novena a nivel mundial (según la revista Forbes), ha invertido millonarias sumas de dinero para evitar una sentencia. De haber utilizado este dinero en tecnologías mejores y más limpias, se podría haber detenido la magnitud de la destrucción provocada. De haber invertido ese dinero en limpieza, la zona norte de la Amazonía estaría en mejor estado. Pero esto no ocurrió”.

¿Consentirán el presidente Obama y los tribunales estadounidenses que BP, Halliburton y Transocean actúen en este asunto del delta del Misisipi como Chevron-Texaco lo lleva haciendo en el caso ecuatoriano? ¿O quizá no, dado que los perjudicados pueden ser votantes registrados en Estados Unidos y es la biodiversidad de cuyos riesgos el inquilino de la Casa Blanca parece ser consciente? Veremos.