Cuatro años para encontrar salida al carbón… y a los mineros

Casi tapado por la huelga pasó el otro día la autorización de Bruselas a España para seguir explotando el carbón nacional con subvenciones que compensen su caro precio de mercado, pero sólo hasta final de 2014. Lo que esas ayudas monetarias no podrán compensar de ninguna manera es la ineficiencia energética del carbón y sus elevadas emisiones de CO2.

Por eso, los de siempre –– Greenpeace y WWF-ADENA –– pusieron el grito en el cielo, pues creen que no es solución esa decisión bruselense forzada por España para arreglar temporalmente un problema que no se ha sabido gestionar. Seguir explotando el carbón nacional aumentará la contaminación por C02 y es incoherente con el objetivo de aumentar la cuota de las energías renovables en el mix europeo de aquí a 2020. Y algo de esto también se dejó caer desde el sector eléctrico.

Se ha solucionado temporalmente el problema de varios cientos de familias que viven de la minería en el norte de España, sin que se hayan trazado las vías para darles a los mineros y a quienes de ellos dependen un opción de futuro. No es difícil prever lo que pasará el 1 de enero de 2015 cuando se vuelvan a suspender las ayudas a la producción del carbón nacional y ésta deje de ser rentable: consecuentemente, las eléctricas dejarán de comprarlo y las empresas extractoras de pagar a sus empleados, como han hecho esta vez para provocar indirectamente un problema social.

Sólo los mineros salen, después de mucho tiempo de zozobra, ligeramente satisfechos aunque sepan que están asistiendo a otra crónica de una muerte anunciada en la que están directamente implicados.

El caso es que, por muchos cálculos y justificaciones enerconómicas que se han hecho y se harán, parece que nadie ha caído en la cuenta de que el día que, después de dos semanas, la marcha de mineros llegó a León algunas de las camisetas con consignas que se vieron llevaban una propuesta de solución desenfocada: “Carbón autóctono + reindustrialización = futuro”.

Quedan cuatro años por delante para que se dé una auténtica salida a esos cientos de familias que dependen de los salarios derivados de la extracción del carbón, habida cuenta de que no parece que entonces pueda estar sobre la mesa una solución como la decidida en la capital europea la semana pasada.

España sólo puede producir el 15% de su electricidad mediante carbón autóctono, aunque la decisión de Bruselas nos pone el tope en el 9%. Parece un toque de atención para que se cambie el paso y se proyecte una reconversión empresarial y laboral de forma que la energía que se produce con ese combustible fósil pueda ser obtenida de otras fuentes renovables.

Porque esas otras fuentes también existen en proximidad de las cuencas mineras y para un país como España, con un ya fuerte subsector energético “renovable”, no debería ser un obstáculo insalvable realizar la planificación y la inversión necesaria para solucionar el problema del carbón de una vez por todas y sin costes sociales apreciables.

Quizá, si esto se hubiera hecho hace algún tiempo, no se habría planteado el asunto ahora con la crudeza que se ha visto. Lo que es seguro es que, si no se empieza a hacer ahora, dentro de cuatro años volveremos a tenerlo corregido y aumentado. Y los mineros y sus familias volverán a ser los más perjudicados.