Acuerdo Social: sobre energía, poca concreción
Si en lo tocante a la reforma del sistema de pensiones el Acuerdo Social recién firmado es suficientemente concreto para bien o para mal, el capítulo acordado sobre la política energética queda como una mera declaración de intenciones sin compromisos otros que los ya establecidos. Y sin propuestas para resolver asuntos energéticos candentes que necesitan solución cuanto antes.
Ya es casualidad que el mismo día que se dio la negociación por felizmente concluida, el martes pasado, el comisario de Energía de la Unión Europea, Günther Oettinger, diera un serio toque a una de las propuestas más polémicas y más perjudiciales del Ministerio de Industria y Energía que dirige el apreciado Miguel Sebastián: los recortes retroactivos a las subvenciones a la energía fotovoltaica, las ya famosas primas de producción.
“Si alguien construye una planta de energía eólica debe poder saber durante cuánto tiempo recibirá financiación y a qué nivel, qué precio obtendrá por la electricidad”, dijo Oettinger según el relato de las agencias de noticias. Insistió el comisario en el argumento que las empresas de la fotovoltaica lleva esgrimiendo ante las pretensiones del ministerio: el recorte quita seguridad jurídica a esas compañías cuya actividad, por otra parte, es necesaria para que España cumpla los objetivos de producción y uso de energías limpias fijados por la UE: “pueden influir de manera negativa en la producción de energía”, en palabras del comisario.
Aunque el ministerio niegue que la reducción de las primas sea retroactiva y exhiba como prueba lo pactado con la termosolar y la eólica, el sector fotovoltaico no piensa lo mismo y su argumento parece haber sido recogido como bueno en Bruselas.
Usando este caso a modo de ejemplo y releyendo el capítulo energético del Acuerdo, poca concreción y poco contenido práctico se encuentra en él, al margen de la expresa voluntad de negociar y de volver a enunciar los objetivos que se pretenden alcanzar. Tampoco se hace mención ni siquiera indirecta al problema del uso subvencionado del carbón “nacional”. Otro asunto que está requiriendo, como el de las primas a las renovables, soluciones que, aunque tengan sus plazos de ejecución, planteen un camino a recorrer.
Algo más concreto debería decir el Acuerdo, porque, además de los legítimos intereses de los inversores basados en su seguridad jurídica, están en juego también varios miles de puestos de trabajo directos tanto en las renovables como en la minería. ¿Y no firman los sindicatos ese texto para salvaguardar los intereses futuros de los trabajadores?
De los problemas energéticos planteados que exigen solución inmediata, el texto únicamente menciona indirectamente el polémico Almacén Temporal Centralizado: “Asimismo, el citado grupo de trabajo, también abordará la gestión de los residuos nucleares”. Se refiere al “Grupo de Trabajo de la Industria y Energía para el Diálogo Social Reforzado”, en el que “las partes negociarán y realizarán una propuesta compartida para el horizonte 2035” durante este primer trimestre de 2011 sobre la política energética general del Estado español. Mucha palabrería y poca concreción.
