Justicia, con minúscula, como arma intimidatoria

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Pedro Costa Morata. / iucartagena.org

Al ecologista Pedro Costa Morata el Tribunal Supremo le acaba de quitar un peso de encima. Con cuatro años de retraso, pero se lo ha aliviado. No tendrá que pagar 18.000 euros que le exigía el fiscal de Lorca José Martínez Blanco porque, según él, atentó contra su honor por contar en un diario que su hija actuaba como responsable municipal urbanística en un asunto en el que el señor representante del ministerio público tenía intereses en Águilas.

El caso es que el altísimo tribunal ha desestimado en sentencia, a petición del que fuera Premio Nacional de Medio Ambiente en 1998, la pena que le impuso un juzgados local de instrucción y confirmó la Audiencia Provincial de Murcia, que vieron el caso y le hicieron reo del pago mencionado, atendiendo todos y cada uno de los argumentos del fiscal lorquino, ahora ya jubilado.

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Es éste uno más de los muchos casos en los que determinados poderes, públicos y no públicos, vienen utilizando la Justicia, con mayúscula, para perseguir fines propios que las sentencias finales revelan espurios. De esta forma, usada con objetivos intimidatorios como se hace, la palabra cambia su letra inicial por una minúscula, que es como la ven la mayoría de los ciudadanos.

El problema al que se ha enfrentado este ambientalista histórico en las luchas que ha habido en España le ha durado muchos meses, quebraderos de cabeza y el riesgo de ver maltrecha la modesta economía que puede tener un profesor de universidad. Pero no es el primero, ni el único, ni será el último.

Aprovechando los recovecos de la administración de justicia y el mucho dinero que hace falta para que funcione a medio y largo plazo, los poderosos de este país se dedican a actuar a través de los entresijos que tienen los procedimientos para reconfirmar por activa y por pasiva que la justicia lenta no es justicia.

Mientras tanto, ecologistas, sindicalistas, periodistas, críticos irredentos, etiquetados de antisistema, protestantes varios, en fin, todo aquel que osa sacar los pies del estrecho tiesto de la corrección política y el respeto servil a la Autoridad –esta sí, con mayúscula creen ellos–, se ven acosados por una legión de expertos leguleyos que defienden los supuestamente legítimos intereses de sus poderosos clientes.

Son bufetes que trabajan al por mayor para empresas, bancos, cajas de ahorro, medios de comunicación, etcétera como instrumento para ponerles las peras al cuarto a los insensatos que cantan las verdades del barquero. ¿Hace falta dar los nombres de esos ilustres equipos legales? Algunos apellidos que les sirven de marca gozan de gran prestigio social y hasta dan lecciones de solidaridad después de los altos conciliábulos económicos en los que participan como miembros de pleno derecho. Sus esbirros van a las vistas orales dispuestos a ejercer el ya viejo arte del “empapele”.

A lo peor, si le pongo nombres y apellidos a lo anterior, este diario se vería inmerso en uno de esos enrevesados procesos. Así que mejor consolarnos viendo que no siempre se salen con la suya aunque incordien largamente, como a Costa Morata. Pensemos que, al fin y al cabo, los mismos que son intimidados legalmente en nuestro primer mundo en Guatemala, Brasil, México, Colombia y tantos otros sitios o desaparecen, o aparecen de madrugada en una cuneta.

4 Comments
  1. julieto says

    A esto es EEUU le llaman SLAPP (Strategic Litigation Against Public Participation)… dicen que la gente no participa, pero cuando lo hace, le intentan callar la boca con estos empapeles. Me alegro de que a veces la Justicia funcione y que no haga falta que venga el Capitán Trueno para que gane el bueno (Alfalto revisited). Salud Vidal

  2. Jose Luis Elias López says

    Los juzgados de Lorca son muy rápidos para unas cosas, el «honor» del fiscal, LIMUSA… Y MUY LENTOS PARA OTRAS Zerrichera por ejemplo. Y mientras tanto la «izquierda poliédrica» esperando las disculpas del Sr. Valcárcel en el juzgado.

  3. FRANCISCO PLAZA PIERI says

    ¡Qué pena!
    ¡Para qué seguir…! Se comenta por sí mismo.

  4. Armando says

    «La Fiscalía estudia si se puede aplicar a alguno de los responsables de los incidentes [en Barcelona el 15J] el artículo 498 del Código Penal, que castiga con penas de tres a cinco años de prisión a «los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones».

    http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/17/barcelona/1308295067.html

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