Debate latinoamericano sobre la legalización de las drogas

MÉXICO D.F.- Entre el fragor de las armas de guerra que han causado la mayoría de los 40.000 muertos habidos desde que el presidente Felipe Calderón inició en 2006 su estrategia militar contra el narcotráfico, las élites mexicanas siguen debatiendo, quizá ensordecidas, si la legalización del consumo de estupefacientes serviría para disminuir el poder de la droga.

Es opinión publicada, obviamente. Quién sabe qué piensa en verdad una opinión pública de 110 millones de mexicanos entre los que el consumo de marihuana es tan tradicional o más como en España el de hachís. Pero en los últimos lustros, desde la lanzadera suramericana, se ha instaurado primero el tráfico y luego el consumo de cocaína y sus derivados más al norte del Canal de Panamá. O al revés. El resultado es el mismo.

El destino final de la mayor parte de toda droga que viaja a través de América Latina es Estados Unidos. Por eso, en México, cuando se habla de legalizar el consumo se alude también directa o indirectamente a que se haga lo propio en territorio del todopoderoso vecino norteño.

Ni modo, como se dice al sur del Río Bravo. En Estados Unidos, donde el río se llama Grande, pocos en el establishment son los que conceden la posibilidad de legalizar el consumo de marihuana y cocaína, más allá de algunos restringidos usos terapéuticos de la primera. En México se resienten de esta postura, pues ese consumo “que a principios del siglo XX era considerado un asunto de salud personal, fue convertido por el puritano Estados Unidos en una guerra continental”, tal como lo describe Sabina Berman en el semanario Proceso.

La periodista está convencida, como la mayoría de participantes en ese debate político-mediático desde el lado de la izquierda, de que “es la presión estadounidense la que impide a los gobiernos latinoamericanos legalizar la droga y regresarla al humilde ámbito de las decisiones personales”. En México, el seis por ciento de los 110 millones de habitantes consume algún tipo de drogas, según dijo el lunes el presidente Calderón.

El tema, que es recurrente en los medios mexicanos, como corresponde a los del país hoy más azotado por la violencia derivada del narcotráfico, no fue ni siquiera mencionado en la reciente reunión de la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad en Centroamérica (CIAESC), celebrada en Guatemala con asistencia de los mandatarios de Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Como invitados estuvieron los de Colombia, México y, cómo no, Estados Unidos, representado por la secretaria de Estado Hillary Clinton, cuya colega española, Trinidad Jiménez también asistió.

La canciller estadounidense prometió 300 millones de dólares de ayuda para combatir la delincuencia en Centroamérica, región cuya tasa de homicidios es un 33% superior a la del resto del mundo, pero exigió a cambio mayor seriedad fiscal a los países receptores con el fin de que pudieran contribuir más eficazmente a la financiación de la lucha contra la violencia, fundamentalmente derivada del narcotráfico ahora.

La petición de Clinton incomodó a los dirigentes con ella reunidos. ¿Cómo iban a requerir los mandatarios presentes, mayoritariamente derechistas, a sus sustentadores que coticen más y mejor a las arcas del Estado para alimentar el combate contra algo en lo que hay sospechas de que algunos de ellos tienen conexiones?

Así que la pelota rebotó al campo gringo, pues se le recordó allí mismo lo que constituye un argumento central del debate mexicano sobre la legalización de las drogas. Que no es otro que si el Gobierno de Estados Unidos pusiera mayor empeño en que sus 40 millones de consumidores ilegales de cocaína y/o marihuana dejaran de serlo, el problema del narcotráfico no existiría o se reduciría a lo anecdótico.

Al igual que pasaría con el tráfico de armas compradas legalmente al norte de Río Bravo y que circulan clandestinamente por todo el continente. También se le recordó eso a Clinton. Pero ésta, aunque conexa, es otra historia.