La sentencia de ‘El Ponchis’ reaviva la polémica de los narcos ‘ni nis’

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La sentencia de El Ponchis, adolescente de 14 años también apodado mediáticamente el niño sicario, ha venido a reavivar la polémica en México sobre la responsabilidad penal de los menores que participan cada vez más en actos de narcoviolencia, problema del que hablé en la anterior carta. Las opiniones ya han comenzado a fluir.

Edgar N., su nombre verdadero, acusado de decapitar a cuatro individuos que luego aparecieron colgados de un puente en Cuernavaca (Morelos), a menos de 100 kilómetros al oeste del Distrito Federal, fue sentenciado a la máxima pena que la ley permite para menores de edad penal. Así que su delito será castigado con tres años de prisión, según decidió el juez José Luis Jaime Olmos.

No lo pudo castigar a más, como queda dicho, de acuerdo a lo que establece la Ley de Justicia Estatal para Adolescentes para los acusados de entre 14 y 16 años. Dado que El Ponchis fue detenido el dos de diciembre de 2010, quedará libre el mismo día del mismo mes de 2013, a pesar de que, además del cuádruple asesinato, también se le encontró culpable de tráfico de estupefacientes, posesión de arma de fuego exclusiva del Ejército federal y secuestro.

Recibió órdenes del jefe del cártel del Pacífico Sur, Jesús Hernández Radilla, El Negro, según la sentencia, aunque a éste nunca se le llamó a declarar a pesar de que está detenido desde el pasado 25 de mayo.

Las pruebas circunstanciales y el testimonio de nada menos que 42 testigos sirvieron para condenarlo, pero la pena fue inmediatamente discutida por el titular de la Fiscalía Especializada para los Adolescentes de la Procuraduría General de Morelos, José Manuel Serrano Salmerón, quien deseó que sea pronto aprobada la nueva ley federal de adolescentes que eleva la pena máxima hasta diez años.

La sentencia de El Ponchis, aunque previsible, ha sido como echar gasolina al fuego de la polémica sobre la elevación de las penas para los niños sicarios, pues la actual regulación hace que la mayoría de los que son capturados queden en libertad antes de alcanzar la mayoría de edad legal, 18 años en México.

Hace menos de 15 días que un Víctor Fuentes, diputado del Partido de Acción Nacional (PAN) en la cámara del norteño estado de Nuevo León, propuso una reforma de la Constitución mexicana para rebajar la edad penal hasta los 12 años. El parlamentario regiomontano fue apoyado por los alcaldes de dos localidades del estado que, como la capital Monterrey, ven con preocupación la creciente participación de menores en actos violentos relacionados con el narcotráfico.

El asunto queda ahora en manos del parlamento federal que debe elaborar la nueva ley de menores. Muchas opiniones son favorables a la elevación de las penas. Otras tantas no ven claro que ese aumento vaya a disminuir la participación de menores en la narcoviolencia mientras no se mejoren las condiciones sociales en que viven y son tratados por las instituciones. Correrán ríos de tinta.

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