En España, el que contamina no paga: se forra

La ministra de los tres medios –Ambiente, Rural y Marino–, o del 1,50 si se prefiere, Rosa Aguilar se pasó el lunes por Portmán, en la costa mediterránea murciana, para confirmar por fin que el inicio de la regeneración de su bahía anegada por estériles mineros  comenzará esta semana después de que la explotación minera cesara en… enero de 1990. Tamaño resultado se presentará probablemente como un triunfo de todas las administraciones habidas y por haber desde aquella fecha del siglo pasado, de todos los partidos y de todos los políticos que han desempeñado cargos relacionados con el asunto desde entonces.

Todo para esconder que, en realidad, la regeneración de la Bahía de Portmán (pedanía del municipio de La Unión, Murcia) esconde un fracaso clamoroso: en España, el que contamina no paga, como demuestra el caso.

La antigua empresa minera, Peñarroya, que desplazó unos 250 metros hacia fuera la línea de costa destruyendo la bahía mediante el depósito de los estériles procedentes de las explotaciones mineras, hace tiempo que desapareció del mapa. Sus herederos, el grupo que compró los terrenos y las explotaciones ya paradas, Portmán Golf, no sólo se han negado a costear la regeneración de la bahía, sino que además verán revalorizadas sus propiedades inmobiliarias gracias a la recuperación ambiental, social y urbanística anunciada ayer.

Todos los españoles directamente, unos a través del Estado, otros doblemente por medio de las administración autonómica murciana y local de La Unión, pagaremos los 160 milones de euros que costará la reparación de los daños causados por Peñarroya y mantenidos por Portmán Golf, empresa que, además, sacará pingües beneficios tan pronto como los antiguos territorios mineros sean recalificados convenientemente y convertidos en zonas turísticas.

Así ha anunciado ya que hará el Gobierno regional murciano a través de su ínclito consejero Pedro Alberto Cruz, conocido como “el sobrinísimo” del presidente Ramón Luis Valcárcel. Ambos del PP. Y los dueños de Portmán Golf, los empresarios Alfonso García y Mariano Roca Meroño, deben estar haciendo palmas con las orejas. Si fuera cualquiera de ellos, yo también las haría, pues no hay que ser muy ducho en contabilidad para imaginar las plusvalías que se van generar a partir de ahora.

El caso es de que, en esto, no sirve aquello de bien está lo que bien acaba. Desde los tiempos, mediados de los noventa, en que Cristina Narbona puso todo su empeño en conseguir que se iniciara la regeneración, Portmán Golf se negó a pagar un duro. Sobre la gestión de sus sucesores, del PP y del PSOE, mejor correr un tupido velo. “No vamos a hacer nada en Portmán”, llegó a decirme un día en Cartagena Alfonso García ante mi insistencia al respecto.

Por eso es un fracaso, porque por muchos cohetes que tiren el ministerio socialista de Rosa Aguilar, el alcalde unionero del PP, Francisco Bernabé, la administración autonómica del mismo signo, etcétera, etcétera, pagaremos todos y no quienes causaron el daño o lo asumieron comprando la empresa para, antes o después, obtener los beneficios urbanísticos que ahora tendrán. Lo que altera la máxima de referencia: En España, el que contamina no paga: obtiene plusvalías medioambientales.