Los indignados acusan al Ayuntamiento de Murcia de incumplir la Constitución

Los “indignados” de Murcia, una de las ciudades españolas donde más ha arraigado el 15-M, están dispuestos a llegar hasta donde haga falta en su búsqueda de transparencia y defensa de los derechos ciudadanos y han abierto un nuevo frente, el jurídico, en su lucha de denuncia de las arbitrariedades del sistema político. Así, el movimiento asambleario local ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Murcia por vulneración del derecho fundamental de petición, recogido en el artículo 29 de la Constitución española. Es la primera de otras varias acciones legales que se anuncian.

El motivo del contencioso es la falta de información del consistorio murciano a la pregunta de los “indignados” sobre si la corporación había adoptado el Código de Buen Gobierno Local adoptado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el año 2009, siguiendo las recomendaciones sobre gobernanza hechas por la Comisión Europea.

El artículo citado de la Carta Magna obliga a toda autoridad ante la que los ciudadanos presenten una solicitud de información a responder. El pasado 11 de junio, el mismo día que se constituía la corporación local tras las elecciones del 22 de mayo, un grupo de indignados presentó en el registro de la Delegación del Gobierno en Murcia un escrito dirigido al alcalde, Miguel Ángel Cámara (PP), preguntando si el consistorio había ratificado el llamado código de buen gobierno y transparencia aprobado por la FEMP hace dos años.

Mientras tanto, otro grupo de indignados protestaba ante la puerta del ayuntamiento continuando las protestas iniciadas el 15-M en muchas ciudades españolas. Cuatro días después, Cámara, que acababa de ganar por quinta vez las elecciones locales con un porcentaje rayano en el 60% de los votos, fue reelegido también presidente de la Federación murciana de Municipios, que agrupa a los 45 de la Región.

Pasaron tres meses sin respuesta alguna. Pasó un cuarto mes, y tampoco. En consecuencia, basándose en el artículo 115.1-2º de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA), un miembro de la comisión jurídica del 15-M presentó el 18 de octubre pasado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo la correspondiente demanda “por la vía especial del procedimiento para la protección de los derechos de la persona por vulneración del derecho de petición previsto en el artículo 29 de la Constitución Española”.

El texto aprobado por la FEMP sobre el buen gobierno y transparencia preveía que las corporaciones firmantes, que fueron todas, “incorporarán (…) los principios y normas contenidos en este Código”. Son, en resumen, un conjunto de medidas para mejorar la gestión y la calidad de la democracia local. “Lo peor no es que hayan aprobado o no la incorporación del código, sino que ni siquiera se han dignado contestar. Y eso da una idea bastante aproximada de la consideración que tiene el ayuntamiento hacia los ciudadanos”, asegura José Mateos, miembro de la comisión jurídica del 15-M murciano.

No hay peor desprecio que el no aprecio, dice el adagio. Pero eso no va a desanimar a estos indignados, decididos a seguir su acción legal contra las arbitrariedades. Por eso, a la espera de ganar este primer contencioso-administrativo –– “les condenarán a informarnos; no es mucho, pero algo es algo”, dice Mateos––, preparan ya un segundo contra el Gobierno regional por malversación de fondos públicos.

En ella habría incurrido el ejecutivo al no haber puesto en marcha algunas propuestas anunciadas en su ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, promulgada el 23 de diciembre de 2010, “a modo de felicitación navideña”, ironizan los indignados.

Esa ley, que estableció recortes en Sanidad y Educación, fundamentalmente, provocó una oleada de manifestaciones de funcionarios que tuvo contra las cuerdas al gobierno regional hasta la primavera pasada.

No obstante, el Ejecutivo autonómico, que preside Ramón Luis Valcárcel (PP) también desde 1995, incumple el plazo que fijó para hacer un plan de redistribución de trabajadores propios que evitara tener subcontratas externas en trabajos que pueden realizar los funcionarios de la Administración regional. Y en esto se basan los indignados para la próxima presentación de otro recurso.