El Algarrobico: Griñán tiene la llave para impedir que Arias Cañete lo legalice

Imagen de septiembre de 2011 del hotel construido en la playa de El Algarrobico (Carboneras, Almería), en el que se aprecia una pancarta desplegada por un grupo ecologista. / Carlos Barba (Efe)

Conviene no echar las campanas al vuelo con la última decisión judicial conocida ayer martes del Tribunal Supremo desestimando un recurso más del Ayuntamiento de Carboneras (Almería), y reafirmando que el hotel de Azata del Sol, más comúnmente conocido como El Algarrobico (playa del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar), es ilegal puesto que invade parcialmente los cien metros del dominio público marítimo y, por tanto, debe ser demolido en virtud de lo establecido en la vigente Ley de Costas.

No conviene aún dar saltos de alegría porque, aunque esa sentencia del Supremo no admita recurso y los ecologistas tengan razón al reclamar que se eche abajo ya, quedan otros dos recursos pendientes y ninguna de las administraciones ahora gobernantes en Carboneras, en Almería, en Andalucía y en el Estado ha mostrado verdadero interés en que tamaño despropósito urbanístico y ambiental sea suprimido.

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Por eso conviene no crear demasiadas expectativas, ni siquiera con las palabras de ayer mismo de la consejera andaluza de Presidencia en funciones, Mar Moreno, diciendo que la Junta está poco menos que deseosa de derribar el hotel. Como tampoco convino hacerse ilusiones cuando la última ministra socialista de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, declaró que confiaba tirarlo antes del final de la legislatura, o sea antes del pasado 20 de noviembre.

El hotel de Azata del Sol acumula una larga serie de resoluciones judiciales en contra desde hace al menos cinco años, precisamente porque la administración matriz del asunto, el Ayuntamiento de Carboneras, otorgó todos los permisos necesarios, con la Junta de Andalucía coadyuvante, para que se construyera en contra de lo establecido en la Ley de Costas. Ese municipio ha estado durante décadas hasta el pasado 20-N gobernado por el PSOE.

Y la Junta de Andalucía, que ha participado como administración superior a la local en el montaje del embrollo jurídico que empresa promotora y ayuntamiento usan como pantalla para no demoler el hotel, está gobernada, y al parecer va a seguir estándolo, por el PSOE desde hace treinta años.

Las tres organizaciones más comprometidas contra el hotel, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Salvemos Mojácar – por orden alfabético– sostienen y han sostenido que no había razón desde la sentencia del Supremo del 30 de septiembre de 2011 para no derribar el hotel. José Ignacio Domínguez, el abogado que ha llevado gratis los 16 pleitos de Salvemos Mojácar contra Ayuntamiento y Junta socialistas dijo ayer que ahora ya “no se puede discutir que el hotel es manifiestamente ilegal en sus primeros 100 metros y que la Administración, por tanto, tiene obligación de restablecer la legalidad urbanística”.

Pero, ¿Qué Administración? El municipio está gobernado desde el 20-N por el Grupo Independiente de Carboneras (Gicar) en coalición con el PP. La Junta de Andalucía parece que va a seguir dirigida por el socialista José Antonio Griñán. ¿Va a poner IU el asunto del derribo del hotel en El Algarrobico sobre la mesa negociadora de un pacto de Gobierno?

En el tercer nivel, está claro que un ministro como Arias Cañete, que ya está tanteando posibles “rebajas” de la Ley de Costas para que los deslindes que ha costado años realizar queden sin efecto real sobre el dominio público marítimo-terrestre, seguirá usando la maraña legal de recursos y apelaciones para eludir la cuestión real de que hay que derriba el hotel y restituir el entorno natural a su estado anterior, que es lo que dice aquella norma estatal.

Esta es la situación que hace a Salvemos Mojácar pedir “a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Carboneras que retiren todos los demás pleitos que tiene en defensa del hotel, que abandonen las campañas de engaño a la opinión pública y acaten la legalidad”, en un comunicado difundido ayer que, optimistamente, consideraba la sentencia “definitiva”.

Ese es el quid de la cuestión: si las administraciones autonómica y local quieren, el hotel de Azata del Sol se derribará. Si no, el ministro Arias Cañete encontrará el subterfugio necesario en la reforma que prepara de la Ley de Costas para que la playa de El Algarrobico mantenga sobre ella el estigma recordatorio de que en la costa española cada uno puede hacer de su capa un sayo. Por eso no conviene hacerse demasiadas ilusiones con la enésima sentencia condenatoria del desaguisado ambiental. En un sentido o en otro, el final del asunto será ejemplificador.