Murcia y Valencia apoyan las tropelías ambientales del empresario del ‘caso Brugal’

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Una de las manifestación contra la ampliación del vertedero, celebrada a principios de abril. / Facebook de VertiVega

En apenas cuatro días, el empresario Ángel Fenoll, dueño de la empresa Proambiente y pieza clave en las investigaciones fiscales de corrupción por la contrata de basuras de Orihuela y el urbanístico en Alicante denominado “caso Brugal”, ha obtenido apoyos explícitos de los gobiernos del PP de Murcia y de Valencia para la ampliación de un vertedero situado en la raya entre las dos comunidades, a pesar de que en él hay residuos tóxicos, contamina profundamente terrenos agrícolas y ha destruido sesenta hectáreas de un Lugar de Interés Comunitario (LIC).

El consejero de Presidencia de Murcia, Manuel Campos, fiscal en excedencia, insinuó el pasado sábado a los representantes de la plataforma ciudadana, VertiVega, que la dirección de Medio Ambiente, que depende de ese departamento, va a aprobar la Declaración de Impacto Ambiental para ampliar el vaso número 3 del vertedero de Abanilla (Murcia), limítrofe con el municipio de Orihuela (Alicante), que es adonde van a parar los residuos de la contrata de basuras de la Vega Baja, en manos de la empresa de Ángel Fenoll, que recoge los desechos de esa ciudad alicantina más la de Torrevieja y otros pequeños municipios, y los de los murcianos Abanilla, Beniel, Fortuna y Santomera, todos limítrofes con la Comunidad Valenciana.

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“No hay ninguna razón técnica o legal para no aprobar la ampliación del vertedero”, dijo el consejero Campos a un portavoz de Ecologistas en Acción hace unos meses. Esas mismas palabras las repitió a los vecinos de VertiVega el pasado viernes, 24 horas antes de que casi mil vecinos de Orihuela, Santomera, Beniel y otras localidades se manifestaran ante la Consejería de Presidencia, en la plaza Fontes de Murcia.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Cieza (Murcia), al que corresponde Abanilla, tiene abierto desde hace dos años un procedimiento abreviado tras denuncias contra Proambiente por contaminación de suelos y vertidos ilegales denunciados por Ecologistas en Acción y el Seprona.

En total el vertedero de Abanilla recibe la basura de casi un cuarto de millón de personas. El negocio es redondo, pero no es limpio bajo ningún concepto. Y no sólo por la materia que se deposita. Ángel Fenoll, el dueño de Proambiente, es un notorio imputado, junto con el expresidente de la Diputación Provincial de Alicante y expresidente del PP alicantino (sector zaplanista) y el empresario inmobiliario y dueño del Hércules, Enrique Ortiz, en el caso de la adjudicación de la contrata de basuras en la zona alicantina de la Vega Baja, que tienen como destino el vertedero en cuestión.

En este asunto hay otros cuarenta imputados, como la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, y ocho concejales del PP, junto a un edil ex socialista.

Además, Fenoll aparece también en otro caso de corrupción urbanística que investiga la Fiscalía alicantina y en el que están el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, que tuvo que dimitir por el asunto, y su sucesora, Sonia Castedo, que colaboró con él cuando era concejala en arreglar supuestamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana alicantino al gusto de Ortiz. A cambio de algunos regalos, se teme el fiscal anticorrupción de la provincia sureña valenciana.

El caso es que, apenas dos días después de que el consejero murciano avanzara de nuevo a los representantes vecinales el previsible resultado de la Declaración de Impacto Ambiental, que está aún en curso, desde Valencia salió a la palestra para “ayudarle” la consejera de Infraestructuras, Isabel Orobig, en una respuesta escrita a Ezquerra Unida conocida el martes en la que aseguraba que la ampliación del vertedero a un tercer vaso receptor de residuos no tendrá efectos apreciables sobre el medio ambiente y no apreciando, consecuentemente, que existan problemas para detener los planes de Proambiente.

Y la inocuidad de los desechos urbanos en el vertedero es precisamente lo que niegan los vecinos de Abanilla (Murcia) y La Murada (pedanía de Orihuela), las dos poblaciones más próximas a la planta de Proambiente. Porque además de residuos sólidos urbanos y asimilables, únicos para los que tiene autorización, en el vertedero se han hecho enterramientos ilegales de basura incluso fuera de los vasos autorizados cuyos olores los soportan los vecinos más cercanos de La Murada que viven a un kilómetro y otros que tienen sus casas a casi tres.

Además, Ecologistas en Acción denunció en noviembre de 2010 invasión del Lugar de Interés Comunitario (LIC) Sierra de Abanilla, sesenta de cuyas 980 hectáreas están ya ocupadas por los vasos del vertedero y sus instalaciones industriales, sobre todo en los vasos 1, 2 y 4. Los hábitats vegetales que motivaron la protección de esa sierra en el año 2000 han desaparecido por la instalación del vertedero.

Es decir, que la Declaración de Impacto Ambiental que el vertedero obtuvo en 2002 de la Consejería de Agricultura murciana, de la que dependía entonces Medio Ambiente, es irregular puesto que no conculca las restricciones conservacionistas comunitarias. Además de que entre los residuos hay material tóxico industrial, denuncia VertiVega. Obviamente, el caso seguirá su recorrido hacia Bruselas

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