Un toque de sensatez en la polémica del agua para el Levante y el Sur

Imagen de las instalaciones de la desalinizadora de Torrevieja, la más grande de Europa. / protesa.es

Las dos terceras partes transcurridas de este año hidrológico que empezó en octubre pasado muestran que será seco. Y que, si no se da el improbable caso de que llueva mucho de aquí al inicio del otoño, en el próximo habrá sequía. La situación de abastecimiento hídrico aguantará hasta entonces gracias a las reservas de los dos años anteriores, pero el planeamiento y las políticas con el nuevo ministro Miguel Arias Cañete han vuelto por donde solían: al más absoluto de los despropósitos.

A pesar de la confusión reinante gracias a los mensajes contradictorios y confusos que llegan desde el Ministerio de Agricultura, hay funcionarios que mantienen la cabeza clara. Uno de ellos es el nuevo presidente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), el organismo responsable del abastecimiento de agua a tres millones de habitantes del sureste español, Adolfo Gallardo.

En su toma de posesión, al recién nombrado no le dolieron prendas en romper una lanza a favor de las desalinizadoras, diciendo que son la “garantía del suministro de agua” para consumo doméstico y que sirven para atender la demanda “fluctuante”. Sorprendieron estas declaraciones de un cargo nombrado por el ministerio de Arias, después de que tanto el departamento ministerial como diversos portavoces del Partido Popular en las comunidades de Murcia y Valencia realizaran durante el invierno pasado una ofensiva en toda regla contra las desalinizadoras.

Estos ataques sí que no sorprendieron porque continuaban la línea ya antes defendida por los populares de que las desalinizadoras no sirven para nada, con la convicción encubierta de que el Plan AGUA diseñado por la socialista Cristina Narbona fue una argucia para justificar la eliminación del Trasvase del Ebro al Júcar y al Segura por el primer gobierno de Rodríguez Zapatero, en 2004, y satisfacer así a Marcelino Iglesias, que entonces gobernaba Aragón.

Consecuentemente, desde que Arias Cañete se hizo cargo de Agricultura, el PP valenciano vio legitimada su postura boicoteadora de la construcción de desalinizadoras, como los retrasos impuestos mediante trabas administrativas, por ejemplo, a la de Torrevieja. Y comenzaron a distribuir cifras para justificar su descrédito de esas instalaciones una vez que la Unión Europea empezó a pedir que se acabaran puesto que ha invertido, a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), cerca de 1.500 millones de euros de los 1.664 del total que requieren la construcción de las 51 proyectadas.

Mientras Narbona protesta ahora desde la oposición, solo 17 están en marcha, y de ellas alguna financiada por la Comunidad de Murcia, que se había sumado a sus vecinos valencianos en los ataques contra las plantas que hacen potable el agua marina. A principios de febrero, el consejero murciano de Agricultura, Antonio Cerdá, propuso vender las desalinizadoras a países árabes debido a que, según él, han fracasado en España. En su región se producen la mitad de los 117 hectómetros anuales que salen de las desalinizadoras, aunque cierto es que el plan inicial era que a estas alturas ya salieran casi 800 de todas las de España.

Por esas fechas, en pleno invierno, todavía no estaba claro que Arias Cañete no apostaría por resucitar el pretendido trasvase desde el Ebro al Levante, ni siquiera por uno nuevo desde el Tajo Medio al Segura. Si se empeña en lo primero, caerá automáticamente el Gobierno del PP en Aragón, donde Luisa Fernanda Rudi es presidenta gracias al apoyo del Partido Aragonesista de José Ángel Biel, que preside a cambio las Cortes aragonesas y es un firme y tenaz opositor a esa transferencia de agua. Como lo era en tiempos de Iglesias, a quien también tenía parlamentariamente preso.

En lo segundo, en planear otro trasvase desde el embalse de Valdecañas al Segura, no puede ni soñar, dada la práctica elminación de la inversión pública aplicada por Mariano Rajoy para mantener el déficit presupuestario en el límite marcado por Bruselas.

Del trasvase del Ebro al Júcar y al Segura parecen incluso haberse olvidado en las zonas que iban a ser supuestamente beneficiarias. En Valencia, hace meses que no se habla de esto. Lógico, porque el epicentro político de la Comunidad está en la provincia que acoge la capital y en Castellón, donde bastante tienen con capear temporales derivados de la sustitución de Francisco Camps en la presidencia a cuenta del caso Gürtel. El sur valenciano, la zona de Orihuela a donde llegaría el agua, queda muy lejos del Miguelete.

En Murcia, por primera vez en bastantes años, el Travase del Ebro al Segura no ha sido mencionado explicítamente por los gobernantes del PP en los actos recién celebrados del Día de la Región, el pasado 9 de junio. Sintomático, a todas luces. Pues Arias Cañete, en quien se confiaba como la gran esperanza blanca de la Cuenca del Segura a tenor de sus declaraciones pretéritas del “paseo militar” sobre la aprobación del Trasvase del Ebro, está ahora regateando a los agricultores alicantinos, murcianos y almerienses hasta los caudales del “intocable” Trasvase del Tajo. El ministerio acaba de rebajarles los hectómetros cúbicos acordados y el caudal previsto de 70 para el segundo semestre se rebajará a 30.

Lo que demuestra que en la cabecera del Tajo, en Castilla-La Mancha y en la secretaría general del PP manda Dolores de Cospedal. Los regantes del Segura lo acaban de sufrir en sus propias carnes. Hay quien dice que igualmente lo nota el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, pues ambos se toman el café de espaldas. Como lo ha sentido también el otrora todopoderoso Javier Arenas, defensor de los regantes almerienses del Tajo-Segura.

De momento, la necesidad de contar con lo que producen las desaladoras, expresada por el presidente de la Mancomunidad del Taibilla, puede significar algo. Simplemente porque Adolfo Gallardo lo ha dicho alto y claro en su toma de posesión, con el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, sentado junto a él. Y no habló con la boca pequeña como alguna vez hacían los responsables del PP en el Levante. O sea que habrá que agradecer que ningún comprador “de los países árabes” se haya interesado por las desalinizadoras para llevárselas. Y terminarlas cuanto antes. No sea que se vayan a necesitar también para regar a la vuelta de pocos años.

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