El fiasco del carbón causará la desertización humana de las cuencas mineras

Un grupo de mineros de la 'marcha negra' que partió de Asturias y León hacia Madrid, durante la novena jornada de protesta. / Marian A. Montesinos (Efe)

Llevan más de diez días los mineros de marcha hacia Madrid desde Asturias, León, Teruel... y ya es un conflicto que parece estar asumido como inevitable e imposible de resolver. Tirando como están unos por el mantenimiento de puestos de trabajo e industria carbonera y otros porque todo pase y nada quede, aunque dure unos cuantos meses, son pocos los que se preguntan por qué se va a producir la muerte de la minería del carbón en España.

Cierto es que las minas españolas producen a precios no competitivos desde hace varias décadas y que, por eso precisamente, el subsector del carbón ha ido paulatinamente perdiendo peso desde que el primer Gobierno socialista de Felipe González acometió la primera reestructuración a mediados de los años ochenta del siglo pasado.

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Tampoco es inexacto mirar al carbón como un recurso caro y que produce si no la energía más sucia sí la de peor fama y poca eficiencia comparada con otras. Por eso algunos sectores ecologistas no están en desacuerdo con el fin de la extracción de ese combustible fósil en España.

Pero el problema social que supone el acabose de la minería carbonera en España es lo que ha detonado las actuales protestas y va a ser el asunto más espinoso a resolver. Como siempre, algunos excelsos portavoces de la extrema derecha aprovechan para recalcar que los mineros no han aprendido nada desde la Revolución de Asturias del 34. Indignos de merecer atención, es mejor pasar a otros actores políticos actuales que son los que han propiciado lo que pasa ahora. Y los que deberían tener algo serio que decir.

Desde el primer Gobierno socialista de González, pasando por los sucesivos de Aznar, los subsiguientes de Rodríguez Zapatero y el actual de Rajoy, el final de la minería no ha sido afrontado con la responsabilidad que se supone a un Estado de Derecho y que exige, en primer lugar, velar por el bienestar de sus ciudadanos.

Se han sucedido varios planes de rescate o amortiguación del subsector carbonero con el objetivo de diversificar industrial y comercialmente las cuencas para amortiguar el cese de actividad que se preveía desde hace tiempo. El último se firmó en marzo de 2006 entre el gobierno de Zapatero, sindicatos y patronal sectorial y se llamó Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón y Nuevo modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras. Lo que queda de él, las subvenciones para seguir adelante con la producción, se lo ha llevado por delante el ajuste presupuestario que está poniendo en práctica Mariano Rajoy.

De todas formas, ninguno de los planes anteriores parece haber funcionado porque las comarcas mineras se vienen despoblando, la actividad económica sigue decreciendo, la calidad de vida cae en el olvido y todas esas zonas parecen tener como mejor destino el convertirse de aquí a unos años en “parques arqueológicos mineros”, tal como ha sucedido con alguna otra comarca del sur peninsular antaño dedicada a la explotación del mercurio, la plata o el plomo. Además, la aportación del carbón de sólo el 10% por ciento al total de la producción eléctrica nacional tampoco contribuye a hacer de su defensa una cuestión de estado.

El caso es, por tanto, que estamos donde estamos: con unas comarcas mineras a punto de perder su principal actividad económica sin que ningún gobierno de los que han sido en España desde hace treinta años haya procurado seriamente dotarlas de alternativas capaces de mantener la población, su actividad económica y su nivel de vida.

Es así como tenemos que evitar la conclusión cínica de que la desaparición de la minería del carbón, como antes hubo otras en España, será una imposición de los mercados que fijan los costes y los precios. Si desaparece la extracción de carbón –lo que ya pasó, insisto, con plata, y plomo–, será el resultado de la incapacidad total de construir alternativas económicas válidas y viables para garantizar el bienestar de la población afectada, ofreciéndo apoyo para la creación de nuevas estructuras de futuro sostenible. Este es el verdadero fracaso: que la pérdida de ocho mil puestos de trabajo suponga la desertización humana de comarcas enteras en Asturias, Castilla y León o Teruel. Y ése es el fiasco que debería preocuparnos.