El timo verde de Mariano Rajoy: con la costa se hará lo mismo que con Garoña

Si estuviéramos en la época de la peseta, el timo de la estampita verde sería la analogía perfecta para enjuiciar las referencias ambientales del discurso del presidente del Gobierno del pasado miércoles. Pero como los billetes de 500 euros tienen otro color, y mucho más valor, parece necesario buscar otras similitudes mucho más contundentes.

En un solo párrafo perdido en el discurso, Mariano Rajoy se dijo favorable a uno de los axiomas de toda acción gubernamental que se quiera verde. A saber: “Asimismo, se realizará una reforma de la tributación medioambiental impulsando en nuestro sistema impositivo el principio ‘quien contamina paga’ ya arraigado en países de nuestro entorno”.

Justo dos días después del discurso, es decir el viernes 13, el Consejo de Ministros presidido por él, previa bendición Su Majestad, se aprestó a dar luz verde a la mayos amnistía ambiental de todos los tiempos, como es la reforma de la Ley de Costas. Gracias a esa relectura quedarán impunes miles de desmanes urbanísticos realizados en el litoral español desde hace década con la permisividad de administraciones locales, regionales y la estatal.

Rajoy no se desdecía, porque no se le recuerda tamaña profesión de fe ecologista, sino que, una vez más, mintió. Porque con la reforma que se aprobará gracias al empeño del equipo del ministro Arias Cañete, sustentado en el apoyo no solo de su partido sino también en el de Convergencia y Unión y Coalición Canaria, los que han contaminado y destruido en la costa española ni pagarán ni habrán de enmendar sus expolios.

Es decir, que por mucho que presidente del Gobierno diga que aplicará ese “principio”, en la práctica los propietarios de todo tipo de construcciones invasoras del Dominio Público Marítimo Terrestre y su zona de servidumbre van a ver prolongada sus ocupaciones mucho más allá de 2018, los sesenta años que estableció la ley de 1988, y no se volverá a hablar del tema hasta 2063. Para entonces, todos calvos, dirá con razón más de uno.

Cuentan los cronistas, además, que en esa nueva perspectiva arbitraria que se le va a dar a la ley ––poniendo el interés privado por encima del público y perdonando graciosamente transgresiones de la norma– ha influido la presión de algunos de los “países de nuestro entorno”, que ven como algunos de sus desavisados ciudadanos se han visto inmersos en una pesadilla tras comprar propiedades ilegales o alegales en la costa española, inducidos al error por promotores, vendedores, notarios y registradores, gremio este último, por cierto, al que pertenece el actual ocupante de La Moncloa, que debe conocer muy bien el asunto pues su plaza está en la costera Santa Pola (Alicante).

En ese contexto debe ser visto el “quien contamina paga” en boca de Rajoy, y también la promesa de introducir el impuesto ambiental tantas veces denostado por el Partido Popular cuando el PSOE pretendió ponerlo en práctica, como pasó en Baleares.

Como dejó claro el director de Greenpeace, Mario Rodríguez, en la presentación del informe Destrucción a Toda Costa (DTC) 2012, no es de recibo cobrar un céntimo verde o un euro ambiental en combustibles u hoteles para destinar esa recaudación forzosa seguir las mismas políticas destructivas del entorno que imponen, por ejemplo, un gasto de 160 millones de euros solamente para restauración de playas entre 2004 y 2007. Y ya sabemos que los gobiernos locales y regionales pretenden seguir por ese camino, como enseñan los casos de las pretendidas urbanizaciones junto a las playas de Valdevaqueros (Cádiz) o Es Trenc (Mallorca).

La filosofía ambiental del conglomerado turístico-inmobiliario del que el Gobierno de Rajoy se convierte en su mejor valedor gracias a la reforma que se hará de la Ley de Costas es falaz: que quien contamine pague, supuestamente, para seguir adecentando la costa destruida por la presión humana. Y si alguna noma se interpone en el camino de ese “desarrollo”, se cambia y punto.

No es, ni más ni menos, que lo que se ha hecho con la prolongación de la vida útil de la central nuclear de Santa María de Garoña, recién oficializada en el Boletín Oficial del Estado del pasado 6 de julio, para que funcione hasta 2019 con todas las bendiciones, y dejando sin efecto, entre otras cosas, la obligación que tenía el Consejo de Seguridad Nuclear de presentar un plan de desmantelamiento antes de ese mismo día del año que viene.