La «sorpresa» del ministro Soria revela la improvisación sobre la nuclear de Garoña

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Manifestación
Manifestación celebrada el pasado domingo, día 9, desde Barcina del Barco (Burgos) hasta la central nuclear de Garoña para celebrar su previsible cierre. / Santi Otero (Efe)

La “sorpresa” del ministro de Industria, José Manuel Soria, la mañana del lunes a la hora de desayunar en La 1 de TVE ante el cierre anunciado de Garoña en contra de los designios y deseos del Gobierno muestra que el desbarajuste energético-impositivo supera lo imaginable hace unas semanas. El Gobierno parece empeñado en quedar abandonado hasta por aquellos a quienes pretende favorecer. En realidad, los que se vuelven a quedar al pairo son los ciudadanos de a pie, para variar. Lo ocurrido en torno a la central nuclear de Santa María de Garoña es un buen ejemplo.

Más perplejos que el ministro deben haber quedado los varios miles de habitantes del Valle de Tobalina (Burgos) después de habérselas prometido muy felices porque el Gobierno de Mariano Rajoy cedió a las presiones de Endesa e Iberdrola, propietarias de Nuclenor, para prorrogar la vida supuestamente útil de la central nuclear de Garoña hasta 2019, seis años más allá de los cuarenta para los que fue construida.

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Insaciables por mantener su nivel de beneficios y por eso contrarias a una posible subida de impuestos que no pone en riesgo su rentabilidad, las dos eléctricas de Nuclenor, propietaria oficial de Garoña, no dudan en dejar sin margen de maniobra a las administraciones para que el valle no caiga en la ruina. Que no haya malentendidos: no se trata de defender la continuidad de esa central nuclear ni de ninguna otra. Se trata de recordar que la improvisación y la falta de proyecto de éste y de otros gobiernos anteriores, al final, deja a los pies de los caballos una vez más a unos cuantos miles de ciudadanos.

Ahí está el ejemplo reciente de la minería del carbón y las comarcas de Asturias, León y Teruel donde se desarrolla, abocadas al desastre por los recortes inopinados de subvenciones y, sobre todo, por la falta de planes a medio plazo para reconvertir coherentemente las estructuras económicas que han dado sustento a esas poblaciones.

Si tanto en uno como en otro caso quienes gobiernan ahora y antes hubieran tenido una previsión de futuro, los planes de reconversión de industrias obsoletas, ineficientes, caras e, incluso en el caso de Garoña, peligrosas hubieran sido trazados y aplicados para que los miles de ciudadanos afectados estimaran que, efectivamente, existen el derecho al trabajo y a una existencia digna establecidos por la Constitución.

Esto no es nuevo –las dos eléctricas ya avisaron de sus intenciones hace mes y medio–, aunque el neoministro Soria se sorprenda y en su fuero interno se acuerde, no cabe la menor duda, de su “colega” Cristóbal Montoro, con quien tan bien se coordina. No es nuevo porque, desde muy pocos años después de la firma solemne de la Constitución española, se inició el desmantelamiento industrial de las instalaciones obsoletas, al parecer. Primero, la siderurgia. Luego, la química. Depués, el naval... Hasta ahora. Sin que nunca se planificara una salida digna para la mayoría de los trabajadores que expoliados de sus puestos de trabajo en aras de la modernización para ponernos al nivel de los más desarrollados, o sea, los de “nuestro entorno”.

Algo muy similar a lo que iniciaron los gobiernos de Felipe González hace treinta años es lo que ha pasado ahora con el carbón y va a pasar ahora con Santa María de Garoña. En este caso, teniendo en cuenta que desmantelar inicialmente una central nuclear lleva algunos años, hay que preguntarse si este Gobierno quedará paralizado por la perpejlidad, si se mantendrá en su camino de improvisación y si será capaz de facilitar la reconstrucción económica sustitutiva de la zona para evitar que quienes viven en el Valle de Tobalina se vean sumidos en el abismo económico y social.

No vale pensar que los habitantes de ese valle en el pecado llevan la penitencia, porque no son los causantes del previsible marasmo, sino que serán ellos quienes paguen el chantaje al Estado que Endesa e Iberdrola pretenden cobrar. Seguro que la sorpresa para ellos ha sido bastante más grande y desagradable que la sentida por el ministro de Industria.

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