Ecologistas, empresarios e inversores, contra los recortes a las renovables

El gobierno de Mariano Rajoy sigue empeñado en remar contracorriente. Si en otros aspectos todavía quedan dudas de que las políticas de recortes en servicios públicos para ajustar el déficit no deban ser sustituidas por las de estímulo al crecimiento, en el terreno de las energías renovables el ejecutivo del Partido Popular ha conseguido colocarse a todo el sector en contra, desde esos ecologistas despreciados tradicionalmente por la derecha española hasta las empresas del sector energético. Ambientalistas, empresarios e, incluso, diplomáticos como el embajador de Estados Unidos en España, braman contra el recorte retroactivo a las primas de las renovables.

Además, algunos ciudadanos deberían empezar a preocuparse seriamente por el destino al que nos lleva la línea antiambiental del partido gobernante, porque la pérdida de empleo e inversiones en renovables empieza a ser notoria. Bien es verdad que este rubro no puede ser considerado, desafortunadamente, como fundamental para la evolución de los índices de paro. Pero lo cierto es que la destrucción de puestos de trabajo relacionados con las energías renovables nos aleja definitivamente de las perspectivas que en 2009 se hicieron de la posible creación de un millón de empleos para 2020 en el conjunto del sector general de “empleo verde”.

El último en cargar contra el Gobierno ha sido el consejero delegado de la nada sospechosa constructora Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, quien ha criticado la nueva reforma eléctrica decidida por el Gobierno en febrero para intentar rebajar el déficit de tarifa porque pone en duda la seguridad jurídica en España debido a su carácter retroactivo.

Pero los problemas causados por la política gubernamental no afectan solo a la producción de energía solar fotovoltaica y termosolar. El directivo de Abengoa hacía esas declaraciones el mismo día, el miércoles pasado, en que otra potente compañía con intereses en el sector, Acciona Energía (filial de la constructora del mismo nombre), comunicó oficialmente a los sindicatos un ERE que afectará al 10% de la plantilla (175 trabajadores). Otro 15% de la plantilla (266 empleados) sufrirá una suspensión temporal de contratos. Es decir, al ERE se añade un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo).

El problema de las medidas retroactivas para paliar el déficit de tarifa eléctrica no es nuevo, hay que señalar. Ya pasamos por la paradoja de que, mientras el Ministerio de Medio Ambiente del anterior Gobierno socialista apostaba por la creación escalonada de más empleos verdes apoyándose en el desarrollo del sector energético fundamentalmente, el de Industria, regido entonces por Miguel Sebastián, iniciaba el camino del recorte retroactivo de las primas a fotovoltaicas y termosolares. Una senda retomada entusiásticamente por el nuevo ministro del PP, Juan Manuel Soria, que corrige y aumenta el desbarajuste.

Bajo su mandato, se ha cercenado drásticamente el crecimiento del empleo en el sector de las renovables, como pone de manifiesto Carlos Martínez, secretario confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras, basándose en los estudios realizados por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS).

En 2009 un estudio gubernamental señaló que el sector genérico del “empleo verde” ocupaba a algo más de 500.000 personas y, dentro de él, el subsector de energía renovables tenía casi 110.000 puestos de trabajo. Desde entonces, todo ha ido a peor en este segundo capítulo. Pues, si bien el director de la Oficina de la OIT para España, Joaquín Nieto, estima que el sector verde en general aún no ha entrado en esa dinámica descendente, las políticas gubernamentales han causado la pérdida de “en torno a 20.000 o 30.000 empleos” en renovables durante los dos últimos años, asegura Martínez. “Sólo se mantiene la biomasa térmica”, añade, “mientras que en solar fotovoltaica, termosolar, eólica y biocarburantes las pérdidas son notables”.

La aparente discordancia entre ambos no es tal, porque Nieto no niega la pérdida notable de empleos en el subsector directamente afectado por los recortes de las primas, sino que simplemente no se atreve a cuantificarla a la espera de estudios más exactos y recientes.

Antes de la alarma de Abengoa y antes del ERE en Acciona Energía, fue Alan Solomont, embajador de Estados Unidos, quien dio un sonoro toque de atención, el último día de enero pasado, señalando en público  y también en privado que el recorte retroactivo que nos ocupa crea inseguridad jurídica para posibles inversores disminuyendo el atractivo de España como destino de capital extranjero. Fuentes del sector aseguran que inversores de Oriente Medio, además de los estadounidenses, han mostrado reticencias a invertir en renovables españolas por esa misma inseguridad jurídica.

La ruina que amenaza a este subssector energético –tanto a nivel de empleo como de inversión y de mejora de la eficiencia energética– es la que motiva que la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) estudie la posibilidad de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “por el maltrato a las renovables, la violación del Derecho de la Unión Europea y la ruptura del principio de confianza legítima de la mayoría de inversores de renovables en España”.

José Vicente Barcia, de Px1NME, constató la “reacción de estupor” de los funcionarios de la Comisión y el Parlamento europeos cuando les planteraron la situación durante una reciente visita de representantes de ambas organizaciones a Bruselas, especialmente cuando relataron las dos últimas medidas “graves y retroactivas” consistentes en un nuevo impuesto sobre los ingresos brutos de la venta de electricidad aplicando un tipo fijo del 7% y la sustitución de la referencia del Índice de Precios del Consumo (IPC) por una remuneración decreciente en el tiempo para la actualización de incentivos.