‘Bancos verdes’: una ventana para facilitar las declaraciones de impacto ambiental

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (MAGRAMA) de Miguel Arias Cañete prepara otra triquiñuela ambiental disfrazada de norma legal: la creación de los llamados “bancos de conservación de la naturaleza”. Gracias a ellos, la destrucción ambiental en un lugar se podrá compensar con la preservación o mejora en otro entorno más o menos distante de hábitats protegidos, humedales, paisajes especiales, etcétera.

Se trata de una interpretación torticera de la máxima nunca suficientemente aplicada de quien contamina, paga. Y olvida determinadas sentencias relativamente recientes del Tribunal Constitucional y del Supremo que pusieron coto a prácticas similares alentadas legalmente en la época del boom inmobiliario antes de que se convirtiera en el gran fiasco del crecimiento español en la primera década del siglo actual.

Es este un nuevo caso de papanatismo mimético – si es que no hay intenciones ocultas– para emular los supuestos grandes resultados que el otrora centro del imperio ha conseguido. En efecto, en este intento de creación de esos bancos verdes el responsable del asunto sigue a pie juntillas la experiencia teóricamente defensora de la biodiversidad que se viene aplicando en los Estados Unidos de América, especialmente, y que ahora se quiere implantar en Europa.

Es esta política mimética exactamente igual que la que se está siguiendo con el controvertido asunto del fracking. Ambas se verán favorecidas en su tramitación y aplicación en virtud de la rebaja de los requisitos ambientales que el ministerio de Arias Cañete va a plasmar en la reforma de la ley de Medio Ambiente diluyendo normativamente los procedimientos para obtener las declaraciones de impacto ambiental favorables. Incluso, la laxitud se está aplicando ya con total desvergüenza aun antes de que la norma sea convenientemente descafeinada.

En esto de cargarse el medioambiente sin mayor sentimiento de culpa también España ha sido creativa y no se ha limitado a aplicar el que inventen ellos unamuniano. Y así, en la región de Murcia, la ley urbanística se inventó el llamado “teletransporte urbanístico”, era la adscripción de suelos forestales a sectores urbanizables, aumentando la edificabilidad de los segundos y, en consecuencia, el beneficio de los promotores. Con ello, los promotores aumentaron edificabilidad a placer en los terrenos urbanizables de su conveniencia.

El sistema de “construyo aquí en suelo edificable y compro a precio de saldo terrenos baldíos o protegidos allá que mantengo como están para garantizar la biodiversidad” fue finalmente desmontado por el Tribunal Supremo y el Constitucional en sendas sentencias de diciembre del año pasado, que invalidaron el modelo urbanístico especulativo derivado de esos arreglos legales.

Hay algunas diferencias jurídicas con los pretendidos bancos verdes y el teletransporte. Así lo piensa Eduardo Salazar, uno de los dos abogados que llevó el recurso de la Plataforma Pro Litoral contra aquella ley murciana que redujo los límites de un parque regional para construir una macrourbanización junto al Cabo de Cope (Águilas) a cambio de mantener como estaban las sierras colindantes. Pero, asegura, “el mecanismo es similar porque, a efectos del medio ambiente, el resultado es el mismo”. El PSOE facilitó las firmas de los 52 diputados necesarios para elevar el problema al Constitucional, que finalmente falló en contra del gobierno regional de Murcia.

El otro abogado en aquel asunto, Ginés Ruiz, cree que esta nueva copia del MAGRAMA “es un disparate”, porque supondrá en la práctica que todas las declaraciones de impacto ambiental serán positivas incluyendo, simplemente, un condicionado ambiental “cuyo cumplimiento nadie comprobará a posteriori”.

Es decir, el impacto ambiental de cualquier proyecto se convertirá en un mero trámite burocrático fácilmente superable con la promesa o intención de invertir en la protección de otros lugares, cosa que no impedirá la realización de ningún emprendimiento de mediana o gran envergadura.

Se trata, por tanto, de una normativa a gusto del consumidor. Lo mismo que vinieron a decir las sentencias del Constitucional y del Supremo sobre el teletransporte. En aplicación de la filosofía de los promotores de los bancos verdes, se podría prohibir fumar al aire libre en el Retiro o en la Casa de Campo para que se pudiera hacer en el interior de los casinos de Eurovegas.