Se dispara el malestar social contra la política energética del ministro Soria

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José Manuel Soria (izda.) y Paulino Rivero, presidente de Canarias, el lunes, día 21, durante la inauguración en Agüimes (Gran Canaria) del primer aerogenerador 'offshore' instalado en España. / Elvira Urquijo (EFe)
Soria (izda.) y Paulino Rivero, presidente de Canarias, el lunes, día 21, durante la inauguración en Agüimes (Gran Canaria) del primer aerogenerador 'offshore' instalado en España. / Elvira Urquijo (Efe)

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Cuando se pisan callos y se hace aparentemente a propósito, las reacciones pueden ser muy airadas. Esto es lo que está pasando con las medidas de encarecimiento de la energía eléctrica que viene adoptando el Ministerio de Industria dirigido por José Manuel Soria: están provocando numerosas reacciones ciudadanas contrarias porque, entre otras razones, esa carestía de algo tan básico se está dando en un contexto de crisis en que a individuos, grupos familiares y pequeñas empresas se les hace cada vez más cuesta arriba afrontar la factura de la luz.

El cabreo, porque no se puede llamar de otra manera, es tal que hasta tres gobiernos regionales nada sospechosos de izquierdismo ni de reivindicaciones radicales ante el Gobierno de Rajoy (los de Extremadura, Valencia y Murcia) han presentado o presentarán recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del sector eléctrico que siega la yerba bajo los pies de la producción de energías renovables.

Paralelamente, la última campaña social de protesta y acción contra las subidas de la luz, cuatro este año, fue presentada el martes 22 por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PNME) con un lema de presentación imperioso: ¡Bájate la potencia! El objetivo a alcanzar es, naturalmente, que los ciudadanos tengan unos recibos mensuales o bimensuales menos cuantiosos con la sencilla medida de contratar la potencia que realmente usan, previo cálculo de sus necesidades reales, puesto que en muchos hogares hay contratados más kilowatios/hora de los necesarios.

Según datos de la PNME – en la que se integran  veinte organizaciones de toda España– , una de cada diez familias españolas no podrá usar la calefacción este invierno, o tendrá que hacerlo con mucha moderación, porque no podrá pagar la factura correspondiente. No es ocioso recordar que este año ha habido cuatro subidas en el precio de la electricidad y el año se cerrará con un aumento medio del 3% para la mayoría de los pequeños consumidores, es decir, para el ciudadano corriente y moliente.

Cosa diferente ocurre con las grandes suministradoras de energía (Endesa, E.ON, Galp, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y HC Energía) que operan en España: ninguna de ellas está en situación de quiebra ni ha iniciado preconcurso de acreedores, por mucho que se quejen también de que la reordenación del sector les perjudica. Para ser más precisos, deberían decir que les hace disminuir su margen de beneficios, cosa diferente.

De hecho, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) inició en febrero pasado una investigación sobre los precios de la energía ante la posibilidad de que esté produciendo una manipulación de los precios ante la evidencia de que “los que venden la energía (productores) son los mismos que la compran (comercializadores)”, como denunció la OCU en marzo.

Esta organización de consumidores acaba de conseguir una oferta de mejora del precio de la electricidad del 4% gracias su campaña Quiero Pagar Menos Luz recién terminada a la que se podía unir cualquier ciudadano. Trescientos mil pueden conseguirlo gracias a esa compra colectiva de energía, aunque ninguna productora entró al trapo de ofrecer precio para el suministro conjunto de electricidad y gas.

Pero en lo normativo, todo sigue igual. El ministro Soria se reafirmó en sus principios neoliberales de la mejor escuela thatcheriana rechazando hace un mes, cuando se anunció la cuarta subida del año, intervenir para contener el alza de precios de la electricidad. Llama la atención que, mientras esa última investigación de la CNE a las eléctricas sigue sin resultados, la diligencia y la adopción de medidas sancionadoras fue el más rápido resultado de las averiguaciones que el mismo organismo realizó hace dos años y medio al “fraude fotovoltaico”. Era otro gobierno, pero las políticas energéticas aparentan ser las mismas.

Esta persecución a las renovables, y especialmente a la solar fotovoltaica, es la que ha motivado otras campañas como la de Desobediencia Solar , promovida por la organización Ecooo para que los ciudadanos se sumen activamente a la producción de esa energía con pequeñas aportaciones monetarias. Medio millar de personas se han apuntado a esta campaña desde que empezó, hace cinco meses.

La multiplicación de acciones, protestas, plataformas, declaraciones y medidas legales muestran el malestar generalizado con la política energética que aplica el ministerio de Soria, complementada, como dice el portavoz de Ecooo, José Vicente Barcia, con “la peor campaña publicitaria de la historia contra las energías renovables”.

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