Cañete deja un batiburrillo legal recurrido en el Constitucional y en el Consejo de Estado

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Arías Cañete, ayer viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / Ballesteros (Efe)

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Se va a Bruselas con los deberes muy bien hechos. Si algo hay que reconocerle a Miguel Arias Cañete es precisamente eso: ha ejecutado a la perfección la misión que le fue encomendada por Mariano Rajoy cuando lo hizo ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Lo ha hecho tan bien que, efectivamente, el PP podría presumir de haber alcanzado su objetivo de realizar una auténtica contrarreforma ambiental en España. Si no fuera porque las leyes de Cañete tropiezan con obstáculos en el Constitucional y en el Consejo de Estado, además del rechazo social que suscitan.

Desde que asumió el cargo, a principios de febrero de 2012, Cañete se aplicó con esmero y fruición a desmantelar cuanta protección ambiental ha podido y a mirar hacia otra parte cuando desde otros ministerios se boicoteaban avances conservacionistas. Es decir, por acción o por omisión el ahora cabeza de lista del PP a las elecciones europeas olvidó que también era ministro de Medio Ambiente, además de Agricultura y Alimentación.

A esta última ha correspondido su última aportación, la Ley de Pesca vista en el Consejo de Ministros del viernes, que ha encendido la polémica entre las cofradías de pescadores de Asturias y Galicia, por un lado, y las de Cantabria y País Vasco, por otro, en lo tocante al reparto de cuotas de algunas capturas.

Ésta ha sido la menor, si se quiere, porque Cañete ha sido capaz de muchas más altas cotas de despropósito, por no decir disparates. La más notable, la reforma de la Ley de Costas de 1988 que limitó la zona de protección a solo 50 metros a partir de la línea del mar, amnistía de hecho más de 150.000 construcciones a pie de costa que debían ser demolidas, ampliando las concesiones otros 75 años, y legaliza actividades sobre las playas que hasta ahora eran ilegales. Además de que hubo protestas de órdago e inauditas, Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco han llevado al Constitucional la nueva norma.

Algo muy similar, en la misma línea ideológica, es lo que ha deparado el paso del futuro diputado europeo por los parques nacionales, cuya nueva regulación autorizaría usos recreativos, turísticos, cinegéticos y comerciales antes prohibidos, levantó ampollas e hizo intervenir al Consejo de Estado. Menos mal que tampoco le ha dado tiempo a cumplir su empeño de privatizar La Almoraima, una finca de 14.000 hectáreas inserta en el Parque Natural Los Acornocales que pasó a ser estatal con la expropiación de Rumasa.

Aunque lo que sí ha conseguido el ínclito candidato ha sido adecuar la normativa a los intereses empresariales, como mostró la aprobación en septiembre de la nueva Ley de Evaluación Ambiental, gracias a la cual los trámites para la obtención de permisos de actividades industriales quedan reducidos a la mínima expresión. Nadie podrá demostrar que Cañete impulsó esta adecuación legal para satisfacer las peticiones de “agilidad administrativa” reclamada por las empresas promotoras de las prospecciones para extraer gas y petróleo de esquisto del subsuelo. Pero los calendarios, casualmente, coinciden. Entretanto, el Tribunal Constitucional admitió el jueves 10 a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por las Cortes de Aragón y el Gobierno catalán.

En esto el responsable del MAGRAMA actuó como fiel escudero del ministro de Industria, José Manuel Soria, quien en consonancia y concordancia con el cesante se ha cargado la floreciente producción española de energías alternativas, sin oír ni una sola queja de su compañero de gabinete. Porque las omisiones de Arias Cañete han sido, si cabe, más lesivas para la biodiversidad que sus acciones en el cargo.

No extrañaría, por tanto, que muchos tendieran puente de plata al ministro saliente, sin alcanzar el extremo de apuntalarlo con votos por si un mal resultado le llevara a volver. Porque lo que realmente merece Arias Cañete es ese voto de castigo, personal e instranferible, al que tanto parece temer a juzgar por sus primeras declaraciones como candidato. Sin perder de vista que, sea quien sea quien le reemplace, al frente del Gobierno se mantiene el mismo presidente y, consecuentemente, poco o nada cambiarán las políticas medioambientales.