El Algarrobico: la Junta renuncia a ejecutar la sentencia que declara públicos los terrenos

Hotel construido por Azata del Sol en la playa de El Algarrobico (Carboneras, Almería). Efe / Pedro Armestre.
El hotel construido en la playa de El Algarrobico (Carboneras, Almería). / Pedro Armestre (Greenpeace)

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En el complicado, farragoso y dilatado caso judicial del hotel construido en la playa de El Algarrobico (Carboneras, Almería) siguen ocurriendo pormenores que no dejan de sorprender desagradablemente. La promotora Azata y la constructora Azata del Sol tienen suficientemente acreditada, al cabo de los años, su potencia y habilidad en usar todos los resortes legales a su alcance para evitar la demolición del atentado medioambiental que es la mole de veinte plantas a menos de cien metros de la orilla del mar.

Pero las instancias públicas no han estado especialmente brillantes en lo que se supone que es su misión fundamental: la defensa del interés público, el de todos los ciudadanos. Sigue presente y vigente la “desidia” y la “abulia” de las administraciones señaladas en una famosa sentencia de 2008 que pidió la revisión de la licencia de obras del hotel: Ayuntamiento de Carboneras y Junta de Andalucía.

El martes se supo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaró “firme” una de las tres sentencias que dan a la Junta andaluza la propiedad del suelo en el que está el tristemente famoso hotel, por un importe de 2,3 millones de euros. El auto es de hace ya más de tres meses (13 de enero), pero sorprendentemente el gobierno andaluz no ha pedido aún la ejecución del mismo.

Fuentes de la Consejería andaluza de Medio Ambiente dijeron a cuartopoder.es el viernes que no se había pedido la ejecución porque “hay otras dos sentencias” sobre el mismo asunto y no se pedirá la ejecución del auto hasta que sean firmes estas últimas. La primera, la que ya lo es y fue emitida en octubre de 2013, fue recurrida por el Ayuntamiento de Carboneras contra la decisión de la Junta de ejercer el derecho de retracto sobre los terrenos en que se ubica el hotel por un importe de 2,3 millones de euros. Las otras dos, pendientes de confirmar, fueron dictadas en diciembre pasado y confirmaban ese derecho, pero fueron recurridas en casación por Azata y Azata del Sol.

El argumento de la Consejería para no pedir la ejecución de la sentencia que ya es firme es considerado “absurdo” por los grupos ambientalistas que luchan por la demolición del hotel en El Algarrobico (Salvemos Mojácar, Ecologistas en Acción y otros), “porque poniendo esos terrenos bajo titularidad pública al ejecutar la sentencia impiden que se sigan haciendo obras ahí”, explicaron fuentes jurídicas.

“Además, la Consejería de Medio Ambiente tiene derecho y obligación de pedir la ejecución porque es una administración pública que debe defender los derechos de los ciudadanos como primer objetivo”, añadieron, remitiéndose a lo dicho en una sentencia del magistrado de lo contencioso-administrativo de Almería Jesús Rivera Fernández, el 5 de septiembre de 2008.

“La abulia y desidia de la Corporación Local demandada y de la Junta de Andalucía en la defensa del interés general representado por el respeto a la normativa sectorial de costas y de medio ambiente, (…), presentan, sin perjuicio de una ulterior y más depurada calificación jurídica, los caracteres de los delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio”, rezaba el fundamento de derecho VII de aquella resolución de hace seis años, que invalidó la licencia de obras concedida para levantar el hotel en El Algarrobico.

Sorprende, por tanto, que la consejera de Medio Ambiente de la Junta, María Jesús Serrano, no pida la ejecución de esa sentencia que ya es firme si, como ha declarado, considera positivo el auto que confirma el derecho de retracto y pide “celeridad” para resolver la “maraña” judicial que rodea el asunto. Porque parece que, en el punto actual, la mejor manera de preservar el interés general es precisamente instar la ejecución de la sentencia firme que establece el derecho de retracto de la Junta para que los terrenos sobre los que se asienta el hotel pasen a ser de titularidad pública a cambio de 2,3 millones de euros.