ACS renuncia a la Plataforma Castor: ¿sentido común o todo por la pasta?

La renuncia de Escal UGS, participada mayoritariamente por la ACS de Florentino Pérez, a seguir adelante con la concesión para el desarrollo y explotación de los depósitos submarinos de gas frente a la costa castellonense conocidos como Plataforma Castor deja, al menos de momento, algunas incógnitas en el aire que se deberían ir aclarando cuanto antes. Dato a tener en cuenta: ACS posee el 67% de Escal UGS; el resto, el 33%. lo controla la firma canadiense CLP. Atentos al fracking.

¿Se trata de una decisión altruista motivada por los informes del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Instituto Geológico Minero de España (IGME) que relacionan directamente los varios cientos de seísmos registrados en las poblaciones del Golfo de Valencia con esos trabajos petroleros? ¿O está en el horizonte la obtención de la milmillonaria indemnización que correspondería a la concesionaria si los trabajos no llegan término?

La indemnización a la que, teóricamente, tendría derecho Escal UGS si el Gobierno decretara la paralización definitiva del proyecto Castor sería de unos 1.800 millones de euros, según el presidente valenciano , Alberto Fabra , es decir, el equivalentes a la inversión realizada.

Escal UGS, a través de ACS como compañía española habilitada al respecto, comunicó el miércoles a la Compañía Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que quiere la autorización previa del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para liquidar la operación de emisión de bonos emitidos para financiar el Proyecto Castor.

Como destacó también ayer, tras conocerse la decisión de Escal UGS, Francisco Segura, de Ecologisats en Acción (EeA), la renuncia, si como es previsible se admite, tendrá como consecuencia inmediata que los contribuyentes españoles serán quienes paguen los 1.400 millones de euros hasta ahora invertidos en el proyecto, tal como estipula la cláusula 14 de la concesión, que obliga a la retribución por el Estado del valor de las instalaciones si la plataforma no se vuelve a abrir.

El pasado mes de octubre, varias organizaciones de la sociedad civil, como Ecologistas en Acción, el Observatorio de la Deuda en la Globalización o la Plataforma Ciudadana en Defensa de les Terres del Sénia, denunciaron este problema al BEI y a la Comisión Europea. Una segunda carta , esta v­ez apoyada también por organizaciones europeas, denunciaba el mecanismo financiero instaurado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) de los Project Bonds, con el que se hizo posible la refinanciación del Proyecto Castor, sin riesgos para las empresas. La cláusula 14 de la concesión del proyecto obliga a la retribución, por parte del Estado, sobre el valor de las instalaciones si la plataforma no se vuelve a abrir.

En esa época otoñal, los trabajos frente a la costa del Golfo de Valencia, con centro geográfico en Vinaròs (Castellón) ya se habían paralizado tras la alarma social causada por los cientos de seísmos registrados. Mientras el ministro de Industria José Manuel Soria templaba gaitas y miraba para otro lado, forzado por la evidencia de los informes del IGN y del IGME, la recién dimitida vicepresidenta del BEI, Magdalena Álvarez , señaló en marzo que esta era la primera operación de este tipo realizada por BEI y que buscaba reforzar la calidad crediticia del proyecto.

Al final, “se veía venir el anuncio de renuncia”, opina Francisco Segura, de EeA. Distintas calificadoras de riesgo habían rebajado hace pocos días el valor de los bonos de Escal UGS al nivel de bono basura (BB+) por las dudas de que pudiera hacer frente al pago pendiente a sus acreedores de los intereses generados por la emisión de bonos. “Por eso han iniciado los primeros pasos para no hacer frente a esta deuda. Otros correrán previsiblemente con los gastos gracias a las leoninas condiciones que imponen los Projetct Bonds”, añade Segura.

Como él mismo remacha, “todo indica que, una vez más, serán los contribuyentes quienes paguen la cara apuesta por las energías sucias y los proyectos temerarios, sin que las empresas responsables tengan pérdida económica alguna”. De momento, resulta difícil quitarle la razón y dársela a Florentino Pérez y al ministro Soria. Salvo que el Real Madrid esté dispuesto a desprenderse de sus estrellas en el mercado veraniego de carne futbolística y entregar el montante a las arcas públicas para compensar el gasto de su renuncia a un proyecto disparatado.