La crisis se lleva por delante el informe Destrucción a Toda Costa de Greenpeace

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Protesta realizada por activistas de Greenpeace ante el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en julio de 2012. / greenpeace.org

La crisis y la falta de recursos económicos se ha llevado por delante a un hito habitual de los últimos veranos españoles. Este año no hay informe anual Destrucción a Toda Costa (DTC) de Greenpeace después de más de una década. La crisis económica también se lleva por delante una publicación habitual del verano español. La edición correspondiente a 2014 no verá la luz. Las anteriores han venido siendo publicadas durante el mes de julio de cada año. La necesidad de adaptar los recursos a las necesidades perentorias ha llevado a la organización ecologista a plantearse otras miras.

“Lo que nos ha llevado a tomar esta decisión es la necesidad clara de optimizar los recursos y, teniendo en cuenta que el año pasado se aprobó la Ley de Costas pero aún no se ha aprobado el Reglamento, nos planteamos que este año es un poco de transición sin cambios grandes”, explica a cuartopoder.es María José Caballero, directora de Campañas de Greenpeace.

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Sin embargo, las últimas noticias indican que ese reglamento de aplicación de la nueva norma que vio la luz hace ya más de un año está a punto y podría ser aprobado en un próximo Consejo de Ministros. “Teníamos que optar”, continúa Caballero, “por hacer el informe o poder presentar una queja en Bruselas sobre la ley de costas, cosa que requiere mucho trabajo, recursos y asesoramiento jurídico”. La denuncia a la Comisión Europea fue presentada, efectivamente, el pasado diez de abril, avalada por casi 140.000 firmas: 93.481 se recogieron a través de la web de Avaaz y 45.637 a través de la página web de la organización.

En ella Greenpeace señala que la Ley 2/2013, de 20 de mayo, de protección y uso sostenible de litoral, incumple las Directivas comunitarias de inundaciones; de conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre; de calidad de agua de baño; de tratamiento de aguas residuales urbanas; la Marco de Agua y la Marco sobre la estrategia marina. Además, “nos dicen los abogados que la nueva ley es ilegal en muchos aspectos relacionados con el cambio climático”, apostilla la directora de Campañas de la organización ecologista.

La pretensión de Greenpeace era que la Comisión Europea actuase antes de que se apruebe el reglamento de la ley, pero todo parece indicar que ese deseo no se cumplirá. En cualquier caso, Caballero no oculta que ante la “situación económica ajustada” en que se encuentra su organización, han tenido que decidir «entre hacer una cosa [el informe DTC 2014] u otra [presentar la queja]. Greenpeace no recibe ningún tipo de subvención o ayuda oficial ni de fundaciones y sus presupuestos se nutren exclusiva y excluyentemente de las cuotas de sus socios, que son casi 100.000 en España, cuenta Hugo Martín, director de Fundraising de la organización.

“Teniendo en cuenta la situación del país, las estimaciones de nivel de desempleo y del PIB, nuestros presupuestos mantienen una línea prudente”, cuenta Martín. Desde 2012, que hubo un ajuste, los prespuestos de Greenpeace son “conservadores”, aunque hayan crecido un 3%, “a pesar de que nos planteábamos una congelación para 2013 y 2014”. El director de Fundraising precisa que, “aunque este año estemos teniendo un poquito de mejora”, desde principios de esta década la organización tenía claro que necesitaba “un cambio de enfoque en las campañas a nivel global y en la de Costas concretamente».

Nuestro objetivo, ademas de la sensibilización que conseguía el informe DTC, era y es que hubiese una legislación más coherente y más protectora de la costa”, cuenta Martín. Por eso se han dedicado más esfuerzos a la presentación de la queja ante la Comisión Europea. De momento, el DTC 2013 es el último.