NAGORE LAFFAGE / José Diego Yllanes ejerce como médico mientras cumple condena

¿Un condenado por asesinato puede ejercer como médico? El vacío legal de la Sanidad

ANA ISABEL CORDOBÉS | Publicado: - Actualizado: 7/12/2017 08:27

Ficha de José Diego Yllanes Vizcay en la web del Dr. Carlos Chiclana / cuartopoder.es

La noticia saltó el lunes en Twitter: José Diego Yllanes, el asesino de Nagore Laffage en los Sanfermines de 2008, formaba parte del equipo médico de un centro psiquiátrico con sedes en Madrid y Sevilla. Su aparición en la web del doctor Carlos Chiclana fue efímera: pocas horas después de que se denunciara a través de redes su pertenencia al equipo médico, tanto su nombre, como su fotografía y su currículum habían desaparecido de la web. Sin embargo, aún aparece vinculado a la clínica en otras webs médicas, como Doctoralia, en la que aparecen sus horarios de consulta e incluso sus tarifas profesionales como nutricionista. Cuartopoder.es ha intentado ponerse en contacto con la clínica de Chiclana con el fin de corroborar estos datos, aunque sin éxito. Carlos Chiclana se ha limitado a aclarar, mediante un tuit y después de la polémica, que Yllanes no tiene contacto con los pacientes, sino que realiza tareas de investigación.

Diego Yllanes fue condenado a doce años y medio de prisión por el homicidio de la joven Nagore Laffage el primer día de Sanfermines de 2008. Según hechos probados, los jóvenes fueron a casa de Yllanes, quien en aquel momento ejercía como psiquiatra en la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona. Nagore Laffage realizaba sus prácticas de enfermería en el mismo centro. En la casa de Yllanes, él intentó mantener relaciones sexuales con ella, a lo que Laffage se negó. La golpeó hasta la muerte y, posteriormente, intentó descuartizar el cuerpo para deshacerse de él. A pesar de que solo ha cumplido algo más de ocho años de condena, desde el mes de julio disfruta del tercer grado y solo debe ir a dormir al centro penitenciario de Zuera.

La sentencia de José Diego Yllanes no determina si está inhabilitado para ejercer su profesión bajo el régimen de tercer grado, aunque sí dictaminó la inhabilitación absoluta durante el tiempo que dure la condena, doce años y medio. Esta inhabilitación afecta, en principio, al ejercicio de la función pública, pero no acota los términos en el ejercicio privado. Su abogado, Eduardo Ruiz de Erechun, ha declarado por su parte que «es su vida privada, y tiene todo el derecho a rehacerla. Ha liquidado su pena, y su única pretensión es trabajar». Y ha apostillado que «Diego Yllanes ejerce su oficio como lo hace un camionero tras matar a su mujer y vuelve al camión», en declaraciones a ABC.

Que un médico con antecedentes penales como los de asesinato u homicidio esté de nuevo ejerciendo su profesión en casos en los que la sentencia no estipula nada abre varios interrogantes: ¿un condenado por asesinato, homicidio y similares puede volver a ejercer como médico? ¿Cómo se regulan los antecedentes penales en el ámbito sanitario? La última ley que regula los límites penales para el ejercicio de la función pública data de 2015, con una modificación en marzo de 2016.

La Ley 26/2015, de 28 de julio afecta, en su mayoría, al ejercicio de profesiones en el ámbito público; es decir, funcionariado y además solo como marco protector para la infancia y adolescencia. Entre las profesiones para las que es requisito esencial carecer de antecedentes penales se encuentran los cuerpos policiales o los funcionarios de Justicia. En marzo de 2016 se modificó la ley para permitir que las administraciones públicas puedan exigir la presentación del certificado de antecedentes penales a todo aquel personal público que sea contratado, tanto de manera temporal como indefinida. Sin embargo, sólo afecta a los contratados de manera posterior al 1 de marzo de 2016, abarca únicamente los delitos sexuales: abuso y acoso sexual, violación, prostitución, exhibicionismo o trata de seres humanos. Y, además, es de petición arbitraria: no existe una obligación de exigirla al nuevo personal contratado.

El resto de los delitos penales no constan en la legislación y la motivación principal del marco legislativo es la protección de los menores. En el ámbito privado regula únicamente a los propietarios de centros educativos privados y a cuerpos de seguridad privados. ¿De qué depende, entonces, contratar a una persona con un historial donde consta un homicidio o asesinato?

Desde la Organización Médica Colegial de España, entidad que acoge todos los colegios de médicos a nivel nacional, nos remiten a la Ley 26/2015. “A cualquier persona que esté en contacto con menores de edad, tanto en el ámbito sanitario como en el educativo, se le pide un certificado de antecedentes penales, pero a otros niveles no”, confirman desde la Organización Médica Colegial de España. Además, esa legislación “contempla los delitos sexuales”, remarcan, pero no otros como pueden ser el asesinato u homicidio.

La OMC declara que Yllanes no está colegiado; el Registro dice otra cosa

Una usuaria de Twitter, Lola Sánchez, preguntó por Twitter si Yllanes está capacitado para poder ejercer la medicina a la Organización Médica Colegial. El ente le respondió por Twitter: Yllanes no podía ejercer la profesión puesto que no estaba colegiado. Unas horas después, este tuit desapareció, aunque la usuaria lo compartió a través de una captura de pantalla en la que la organización daba detalles.

Tuit, ya borrado, de la Organización Médica Colegial. / cuartopoder.es

Sin embargo, el registro de médicos colegiados dice otra cosa. Yllanes se encuentra, según este registro y como muestra la imagen inferior, en activo y colegiado. Algo que concuerda con el comunicado que se emitió el martes desde el Colegio de Médicos de Madrid, entidad donde Yllanes se encuentra registrado como profesional desde el mes de julio.

Ficha de Yllanes en el Colegio de Médicos de Madrid en la que aparece como “activo”. / cuartopoder.es

El Colegio de Médicos de Madrid desconoce si Yllanes puede ejercer

Por su parte, el Colegio de Médicos de Madrid ha emitido un comunicado para aclarar los términos y “lamentar lo sucedido”. En el escrito, confirman que Yllanes está colegiado en este ente desde el 17 de julio de 2017, frente a lo que afirma la Organización Médica Colegial. Según sus datos, Yllanes se colegió apenas unos días después de que obtuviera el tercer grado. Añaden que, con la presentación de la documentación requerida para el registro como colegiado, se cumple “con los requisitos establecidos por la institución”.

El Colegio de Médicos de Madrid, sin embargo, no conoce los detalles específicos de la condena de Yllanes y, por tanto, si éste puede o no ejercer la medicina. “El ICOMEM desconoce los términos específicos de la sentencia condenatoria y si en la misma, además de determinarse el tiempo de privación de libertad, se adoptaban otro tipo de penas accesorias o medidas de seguridad que impidieran o limitaran su ejercicio profesional”, apuntan. La sentencia condenatoria, sin embargo y como ya se ha apuntado, no le privó del ejercicio de la medicina.

Chiclana, el doctor que investiga sobre la violencia hacia la mujer en el porno

El doctor Carlos Chiclana es el titular de la clínica donde Diego Yllanes aparecía hasta ayer como miembro del equipo médico. Chiclana es Licenciado en Medicina por la Universidad de Córdoba y Doctor en Medicina por la Universidad de Navarra. Chiclana e Yllanes coincidieron en el recinto de la Universidad de Navarra. Desde el año 2003 hasta 2007 Chiclana fue médico interno residente en el área de Psiquiatría de la Clínica Universidad de Navarra, la misma unidad donde Yllanes realizaba su residencia cuando en 2008 asesinó a Nagore Laffage. En el año 2006, además, Chiclana comenzó su labor investigadora en la Universidad de Navarra como becario predoctoral, hasta 2011, año en que se doctoró.

Currículum de Diego Yllanes Vizcay enlazado en la web del doctor Carlos Chiclana. / cuartopoder.es

Chiclana está especializado en trastornos de la conducta y es autor del libro Atrapados en el sexo. La sinopsis de su libro reza: “Por increíble que pueda parecer en una sociedad informada hasta la saciedad, seguimos haciéndonos esta pregunta: ¿De verdad, hay personas que no pueden controlar su sexualidad?”.

Además, escribe periódicamente en su blog y junto a parte de su equipo en el apartado del blogs del periódico ABC donde analiza diversos ámbitos de la sexualidad, entre ellos la violencia sexual vista a través, por ejemplo, de la pornografía. También, reivindicando el derecho de la mujer a experimentar el placer sexual o indagando en los gustos sexuales de los jóvenes españoles.

Chiclana, junto a su equipo, tiene “una línea de investigación sobre cómo desenganchar a la gente del porno. Esto te marca en el cerebro, hay áreas del sistema nervioso que se ven alteradas en los consumidores de pornografía y que posteriormente generan problemas en las relaciones reales”, afirmó en una entrevista en la cadena Cope. El doctor Carlos Chiclana ha aparecido en numerosos medios de comunicación alertando sobre los altos niveles de violencia que se observan en las imágenes pornográficas: “Un 80% de las imágenes en pornografía son violencia y dominación a la mujer, de desprecio a la mujer”, alertó el médico en una entrevista con Ángel Expósito en la cadena episcopal. 

 

El movimiento feminista apunta a los privilegios económicos de Yllanes

El caso de Yllanes deja abierto un asunto legal de gran calado: la desprotección legal existente en profesiones de contacto directo con las personas como puede ser la medicina. Que la legislación contemple delitos sexuales pero no delitos violentos y de otro tipo sorprende y entristece a las organizaciones feministas. Andrea y Lunes Lilas, organizaciones feministas que siguieron y ejercieron presión durante el juicio del asesinato de Nagore Laffage creen que estas legislaciones “son laxas” y piden mejoras. En declaraciones a cuartopoder.es consideran que existe un “gran agujero legal” y apuntan a un conjunto de “privilegios” por el estatus social y económico de Yllanes y familia que podría haber beneficiado su pronta incorporación al mundo laboral, incluso cumpliendo condena.

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