Pensiones: reformas necesarias y reformas del Gobierno

Carlos Bravo *

De nuevo, se orienta el debate público hacia el sistema de pensiones, de nuevo de forma poco transparente y cortoplacista, en lugar de abordar esta cuestión con perspectiva de largo plazo, la más adecuada para un sistema de pensiones como el nuestro, que enfrenta una adversa situación coyuntural derivada de la crisis económica y su pésima gestión. Esta última facilita una mayor pérdida de cotizantes actuales y, de no corregirse, puede provocar un problema mayor. La perspectiva de largo plazo, debe pensar al tiempo en la evolución demográfica de las próximas décadas, que es el verdadero reto estructural que hay que afrontar, de forma compatible con preservar y fortalecer la parte más importante de nuestros sistemas de protección social, las pensiones.

Desde 1995, se ha mantenido una vigilancia y actuación consensuada sobre el sistema de pensiones, con buenos resultados. Cuatro acuerdos lo testimonian, dos de ellos, de especial intensidad, los suscritos en 1996 y 2011 por los respectivos gobiernos y los interlocutores sociales, cuando la situación económica exigía una mayor capacidad de reacción.

Sin embargo, el Pacto de Toledo y el Diálogo Social están siendo puestos en cuestión de manera efectiva, algunos hablan de ellos como “cadáveres”, tanto por la falta de capacidad de los sucesivos gobiernos para explicar nuestro sistema de pensiones, sus fortalezas, retos y características ante la Unión Europea, como por la actuación oportunista en ocasiones de las fuerzas de oposición. Es el caso del actual Gobierno, que se puso de perfil ante la reforma pactada en 2011, arguyendo que ellos harían otra mejor, y ahora en el Gobierno, anuncian que endurecerán los contenidos acordados hace poco más de un año porque han descubierto, o les han descubierto, que son insuficientes.

Reformas anunciadas para los próximos meses

Así, las reformas que está impulsando se basan, como el resto de su política económica, en el cortoplacismo, anunciando una reducción inmediata de gasto en pensiones, dificultando el acceso a las distintas modalidades de jubilación anticipada, ignorando que, en la mayor parte de los casos, ese adelanto de la edad de jubilación al llevar aparejado coeficientes reductores de la pensión, no supone más gasto sino, al contrario, reduce las obligaciones financieras de la Seguridad Social en el medio y largo plazo, cuando más lo va a necesitar por la llegada a la jubilación de las generaciones más numerosas (baby boom de los años 60 y 70), con una notable esperanza de vida.

Es decir, el Gobierno quiere reducir su gasto en pensiones, el suyo, el de esta legislatura, impidiendo el acceso a la jubilación anticipada de personas expulsadas del mercado de trabajo de forma más fácil y barata gracias a la reciente reforma laboral, sin importarle que eso aumente el gasto en pensiones en los próximos años. Es decir aplica la lógica del Ejecutivo, lo que importa es su cuenta de resultados no el futuro del país.

Se anuncia en los próximos meses otra reforma de calado, incorporando al sistema de pensiones el llamado factor de sostenibilidad. Traducido: un mecanismo de ajuste automático del gasto en pensiones atendiendo a la evolución de la esperanza de vida. Menos pensiones y más bajas para compensar el incremento de años de vida. Sencillo y, probablemente, injusto.

No tiene en cuenta que, junto a la sin duda trascendente evolución de la esperanza de vida, hay margen de actuación sobre la estructura de ingresos del Sistema o sobre la indeseable existencia de bolsas de población que pueden planificar su pensión en detrimento de la mayoría.

Tampoco considera que hay otras variables de la misma importancia que la esperanza de vida: la evolución del PIB, la evolución de las bases medias de cotización, la configuración y estabilidad del mercado de trabajo, entre otros parámetros de importancia cuando se habla de pensiones.

En España el factor de sostenibilidad ya existe, se llama Diálogo Social, y ha contado con el factor más importante y necesario, la corresponsabilidad de empresarios y sindicatos para defender y fortalecer un sistema de pensiones esencial para las personas y su nivel de renta tras finalizar su vida laboral, esencial también para la economía pues la demanda interna tiene una dependencia creciente del consumo de la población de mayor edad. Por ello, es en ese marco en el que debe abordarse el establecimiento de medidas de adaptación del sistema.

Reformas y actuaciones a considerar de inmediato y en los próximos años

Sin perjuicio de mantener las revisiones periódicas sobre la evolución del Sistema, en el corto plazo, lo más importante, atendiendo a la situación actual del mercado de trabajo y el deterioro en los ingresos por la perdida de cotizantes, es restablecer en lo posible el equilibrio presupuestario en la actual coyuntura.

Para ello, mientras no se recupere el empleo, como medida de impacto debe actuarse sobre los ingresos, es decir sobre las cotizaciones, en primer lugar y de forma que puede ser coyuntural, con un incremento de las mismas, tanto las que corren a cargo del empresario como a cargo de los trabajadores, hasta alcanzar al menos 2 puntos porcentuales más de cotización (entre 6.000 y 7.000 millones de € anuales).

En segundo lugar, profundizando en la corrección de dos efectos adversos: el primero, la evolución de bases máximas y mínimas de cotización por debajo tanto del IPC como de las propias bases de cotización medias en los últimos años, debilitando los ingresos del sistema y la protección social pública de las personas que se encuentran en los dos extremos de cotización, por debajo de 750 €/mes, de un lado, y de unos 3.000 €, de otro; el segundo efecto adverso, la baja cotización en los regímenes especiales, algo más de cuatro millones de personas, que realizan un escaso esfuerzo de cotización a la Seguridad Social y generan un alto porcentaje de pensiones mínimas, lo que contradice directamente el principio de contributividad inherente a un sistema de reparto como el nuestro.

Otras dos cuestiones relevantes, que deberán ser abordadas en los próximos años, afectan, de un lado, a la determinación de fuentes de financiación complementarias que permitan afrontar los periodos en los que la evolución demográfica exigirá mayores esfuerzos; de otro a las prestaciones derivadas de fallecimiento, la viudedad y orfandad, hoy cerca de 2,5 millones de pensiones. Entre ellas, deberán definirse nuevos espacios de pensiones contributivas y no contributivas, en relación con la situación preexistente en la pareja en cuanto a trabajo de ambos miembros o solo del fallecido, generando prestaciones más elevadas cuando la ausencia de empleo hace que el fallecimiento tenga un impacto económico más intenso en el superviviente e incorporando limitaciones en cuantía y periodo de cobro cuando existe autonomía económica.

Por su parte, las prestaciones de orfandad deben evolucionar para otorgar una mayor protección a los hijos económicamente dependientes de la persona fallecida.

Finalmente, una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de noviembre de 2012, está llamada a modificar significativamente la configuración de nuestro sistema de pensiones. En ella, coincidiendo con la visión sindical, expresada por última vez en la negociación del último Acuerdo de Pensiones, se declara contrario al principio de igualdad el reconocimiento de periodos cotizados a las personas que tienen contratos a tiempo parcial, mayoritariamente mujeres.

La modificación de la normativa española que debe derivarse de esta doctrina tendrá como consecuencia el reconocimiento de pensiones a miles de personas que hasta hoy no han podido acceder a ellas y, su alcance, probablemente tendrá que ir más allá alcanzando a las personas que no acreditan los 15 años necesarios para, conforme a la ley española, tener derecho a una pensión contributiva. En este colectivo la presencia de mujeres es también muy relevante. El impacto en los complementos a mínimos, que desde el 1 de enero de 2013 corren íntegramente a cargo del Estado, regulados para garantizar las pensiones mínimas, es evidente. Se establece, por tanto, la necesidad de abordar una reforma de aspectos esenciales de los requisitos de acceso a la pensión que constituye, por su parte, una oportunidad de hacerlo en el marco de un nuevo consenso en beneficio de la mayoría y de las personas con más necesidad de protección. La deriva de este Gobierno hasta la fecha no llama al optimismo tampoco sobre este asunto, insistir en ello con todos los medios a nuestro alcance y por todos los canales posibles, sigue siendo una necesidad.

(*) Carlos Bravo es secretario de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria de CCOO.