El rector plagiador como síntoma morboso

Sebastián Martín y Bartolomé Clavero *

El asunto de los plagios del rector de la Universidad Rey Juan Carlos está resultando de lo más revelador. Contemplados en el espejo de este fraude académico, son demasiados los actores que no están dando la talla. Los medios de prensa, por ejemplo, no han estado a la altura. Con excepción de eldiario.es y cuartopoder.es, las informaciones sobre el particular solo han saltado a las grandes cabeceras cuando ya no cabe esquivar el escándalo. Las instituciones de gobierno universitario tampoco han respondido como debían. El ministro de Educación y el consejero madrileño del ramo (catedrático también de la Juan Carlos) han eludido toda responsabilidad. El propio ministro de Justicia, responsable del nombramiento del director del Anuario de Historia del Derecho español, se ha desentendido también al no requerirle su renuncia una vez comprobada la veracidad de las acusaciones. Las agencias de evaluación de la calidad investigadora, a veces prontas para despreciar trayectorias académicas solventes con motivaciones peregrinas, se revelan ahora paralizadas ante la necesidad de anular anteriores resoluciones suyas. Hasta los representantes sindicales de la Rey Juan Carlos han encarado el problema de forma timorata debido a la funesta lógica de los favores debidos.

La responsabilidad primera ante los sucesos conocidos corresponde, con todo, a la universidad, cuya reacción ha sido francamente decepcionante. Muy tarde y mal han venido los organismos rectorales a preocuparse del tema. Circulan listas minoritarias de denuncia, cuya fragmentada desorganización refleja bien el estado de deshilachado individualismo en que se encuentra el campo académico. Salvo algunas reacciones por parte de los plagiados, la actitud prevaleciente ha sido la del silencio y la pasividad, por mirar hacia otro lado, por no meterse en problemas o por no “contribuir a la caza del hombre”. Por lo que hemos podido conocer, han sido iniciativas individuales espontáneas las que más eficacia han tenido hasta el momento en orden a la rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades, como la carta de un profesor de Historia del Derecho dirigida a Suárez, con copia a los miembros del consejo editorial del citado Anuario, requiriéndoles alguna decisión ante el evidente desprestigio que comporta que el órgano de la asignatura se encuentre presidido por un plagiador.

Esta pasividad preponderante constituye un síntoma inequívoco de los padecimientos que aquejan al medio universitario. Da cuenta del tipo de psicología colectiva característico del ámbito académico, individualista, competitivo, desmovilizado y subalterno respecto de los campos de la política y los medios oficiales. Evidencia además el modo en que se ha constituido parte de la trama universitaria de este país, con arreglo a intereses ajenos a la producción de ciencia ya  la socialización del conocimiento, mucho más vinculados a la reproducción de redes políticas y prácticas especulativas.

La Universidad Rey Juan Carlos simboliza de forma transparente esta dinámica. Fue iniciativa institucional vinculada al Partido Popular, deseoso de contar con un organismo universitario alternativo a la Carlos III. A fecha de su fundación, era Gustavo Villapalos, catedrático de Historia del Derecho, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Recuérdese que su primer rector electo, Rogelio Pérez Bustamante, también historiador del derecho, es el de mandato más breve de nuestra historia reciente, pues tuvo que renunciar en pocos días tras intentar sustituir al gerente y realizar una mínima auditoría de su desquiciada contabilidad. Fue al amparo del rector que lo sustituyó, el conservador Pedro González-Trevijano, como comenzó la promoción de Fernando Suárez, buen conocedor de los entresijos de aquel campus.

La trayectoria académica de Suárez tampoco puede desligarse del gobierno del área a la que acabó perteneciendo, la Historia del Derecho. Se doctoró en Historia en 1990 bajo la dirección del medievalista Vicente A. Álvarez Palenzuela, asiduo colaborador de su padre, el también medievalista Luís Suárez, a la sazón creador de la Fundación Francisco Franco. Desconocemos las razones por las que un historiador de carrera, medievalista por especialidad, decidió pasarse a la Historia del Derecho. Sí cabe afirmar con seguridad que ese salto pudo ser efectivo gracias al modo sectario en que esta disciplina fue gobernada tras el asesinato de Francisco Tomás y Valiente.

Como otras cosas que afectan a nuestro presente, la historia también comienza en este caso en 1939. Al igual que ocurrió en el resto de las ramas del saber, la historia jurídica sufrió una irreparable degeneración cultural a causa del triunfo franquista y de las depuraciones, exilios y cooptaciones que trajo consigo. Entre 1940 y 1949 ingresaron en la materia diez nuevos catedráticos, en una nómina de apenas quince. Clérigos, miembros del Opus y autores mediocres terminarían instituyendo entonces una nueva historia del derecho cuyos integrantes contaban con un perfil más político o religioso que universitario o científico. La disciplina pronto fue dominada por Alfonso García Gallo. Autor de una manualística conceptualmente deudora de las inclinaciones nacional-imperiales del franquismo, promovió un determinado método historiográfico, el llamado “institucional”. Su función era la de naturalizar en la historia las categorías fundamentales de las diferentes ramas del derecho, como si fuesen instituciones eternas, naturales e inamovibles. La historia jurídica debía servir para mostrar que el Derecho era una técnica neutral construida sobre objetos invariantes, más que una ciencia social ligada a prácticas contingentes de dominación.

Este estado de cosas comenzó a resquebrajarse por los trabajos y propuestas de Francisco Tomás y Valiente. Aparte de su obra, basta ver la orientación y líneas de investigación de sus discípulos, o las aportaciones publicadas en el Anuario durante los años en que fue su director, para percatarse de que su presencia comunicaba pluralismo y complejidad a la disciplina. Pese al clasicismo de su orientación, lejano en cualquier caso del “institucionismo” de García Gallo, en torno a su figura comenzaron a aglutinarse las voces críticas y heterodoxas. Empezaron a tener relevancia otras aproximaciones al oficio, de complexión metodológica actualizada, permeables a las perspectivas ensayadas en la historia social, cultural y económica, resueltas ya a abarcar la historia constitucional y a traspasar las fronteras de la vetusta Historia del Derecho español.

Todo eso se dispersó con el asesinato de Tomás y Valiente. El “gobierno” de la asignatura pronto se concentraría en manos de José Antonio Escudero, político de UCD y del PP, sucesor y continuador en concepciones historiográficas de su maestro García Gallo. Por más que sus postulados metodológicos, así como sus conclusiones, resulten discutibles, no cabe negar el esfuerzo investigador desarrollado por quien tomaría los mandos del Anuario y la disciplina. Pero tampoco parece controvertible que las prácticas de captación y ascenso del profesorado que fomentó y dirigió dejaron demasiado que desear.

Los resultados cantan. Y Fernando Suárez es uno de ellos. Su entrada en la cátedra se dio cuando regía un sistema de habilitaciones nacionales concedidas por un tribunal de siete catedráticos. En las disciplinas en que existía una escuela o grupo mayoritario hegemónico, aquel sistema sirvió para endurecer posiciones de dominio en detrimento de escuelas críticas o minoritarias. Eso aconteció en la Historia del Derecho. Fue así, en ese contexto, con tribunales dominados, indirecta o directamente, por José Antonio Escudero, como Fernando Suárez, ya colocado entonces bajo su protección, logró habilitarse como catedrático.

Anteceden a aquella habilitación algunos episodios elocuentes. Escudero se hallaba entonces en vías de ingresar en la Real Academia de la Historia, donde Luís Suárez, padre del futuro habilitado, contaba con posición asentada. Al segundo concurso que ganaría Suárez, precedió otro. Uno de los que lo ganó, Juan Francisco Baltar Rodríguez, con escasísima obra en aquel trance, resultó ser también un plagiador, no ya de obra impresa publicada con anterioridad sino de obra investigadora inédita a la que había tenido acceso como evaluador. Lo desveló Guillermo Hierrezuelo, identificando a su vez a todos aquellos historiadores del derecho que, habiendo logrado su plaza por mediación de Escudero, tenían en su historial la bochornosa tacha del plagio.

En 2007, Fernando Suárez consiguió habilitarse como catedrático de Historia del Derecho. Se llegaba en este control del acceso a las cátedras patrocinado por Escudero, y ejecutado por quienes le debían favores, a tal extremo de sectarismo que en aquella ocasión la segunda plaza disponible quedó desierta, pese a concurrir candidatos de mayor competencia y recorrido que el propio Suárez, pero pertenecientes a escuelas críticas o minoritarias.

Suárez es síntoma, por tanto, de una funesta práctica universitaria: la gobernación de facto y prácticamente unipersonal de una disciplina académica, que, en el caso de la historia jurídica, se verificó llevando a cabo una inquisición ideológica que alejó de la cátedra a autores brillantes, pero heterodoxos, para cedérsela a plagiarios como Suárez, bien apadrinados académica y políticamente.

Y es que Suárez es también síntoma de la contaminación de la universidad por intereses corporativos y partidarios. Su promoción y posición son inseparables del Partido Popular y su decidido propósito de contar con cortijo universitario propio. No es de extrañar que, vacando la dirección del Anuario por la jubilación de su anterior titular, Benjamín González Alonso, Suárez fuese nombrado para el cargo directamente por Alberto Ruiz-Gallardón, entonces ministro de Justicia, que se saltó la costumbre de nombrar al catedrático más antiguo de la disciplina que aceptase el cometido.

Esta propensión a facilitar plazas por afinidad política y personal más que por competencia científica parece haberla heredado el propio Suárez, que tiene al ínclito Francisco Marhuenda como profesor titular interino de su área, a pesar de carecer hasta el momento de méritos relevantes en el terreno de la Historia del Derecho. Se entiende entonces que, preguntado Marhuenda por los plagios de Suárez, responda que estamos ante “el mejor rector de la Universidad española”. Le debe muy probablemente su pequeña canonjía académica.

(*) Sebastián Martín y Bartolomé Clavero son profesores de Historia del Derecho de la Universidad de Sevilla.