¿Qué está pasando en los puertos?

Sergio Pascual *

Estos días hasta el más huidizo telespectador habrá visto en los telediarios y hasta en los magazines del corazón que “se está liando en los puertos”. Las comunicaciones más pudorosas hablan de conflicto, de posible huelga y de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) detrás de todo; los menos, se lanzan sin pudor desde sus divanes de estrellas del show-business a poner en cuestión los derechos laborales conveniados entre los trabajadores y las empresas del sector de la estiba (manipulación de la carga en los puertos).

Sobre este asunto me parece esencial aclarar algunos de los cuñadismos que se van instalando con la ayuda de las falsedades del propio ministro.

Pero situémonos antes en las claves del asunto. En primer lugar, el modelo. En los puertos españoles la estiba es un sector completamente privatizado. La realizan empresas privadas agrupadas en régimen de coparticipación en lo que se conoce como SAGEP. Estas empresas cuentan con plantillas estables de estibadores, plantillas cuyas condiciones laborales se negocian con la empresa exactamente del mismo modo que en cualquier otra empresa privada.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló el 11 de diciembre de 2014 contra este modelo. En particular, y en lo concreto, contra la obligación actual de  las empresas de “agruparse” en las SAGEP para desarrollar esas tareas que, no lo olvidemos, son de interés general.

La Comisión Europea, “la demandante”, acogiéndose a esta sentencia, pide a España una reforma de la Ley de Puertos y le dicta las condiciones. Estas condiciones van mucho más allá de lo dispuesto en la Sentencia y la Comisión lo sabe, pero cuenta con una poderosa herramienta para imponer su orientación: si no se da por satisfecha puede comenzar a aplicar las multas derivadas de la sentencia.

España tiene dos opciones aquí, aceptar la orientación de la Comisión, que coincide con la del ministro y la de JP Morgan y PIPE (la parte de la patronal que responde al capital financiero y especulativo), o ponerse del lado de la paz social, que reclama tanto la mayoría de la patronal (los que mueven el 85% de los contenedores en los puertos españoles), como las autoridades portuarias y los sindicatos.

Para hacerlo bastaría con seguir el ejemplo de Alemania en el caso idéntico a éste con la Ley Volkswagen, en el que Alemania no aceptó las “indicaciones” de la Comisión y consiguió que el TJUE le diera la razón y aclarara a la Comisión que no podía ejecutar una sentencia extralimitándose en la interpretación.

Llegados a este punto es sencillo desmontar los cuñadismos que andan propagándose:

• Es falso que el ministro sea un “mandado” como vino a decir Íñigo de la Serna en la Cadena SER: “No son los cambios que propone el Gobierno, es una Sentencia de la UE”. Ya hemos visto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se limita a pedir una reforma del modelo de las SAGEP, ni más ni menos. El decretazo va mucho más allá en la precarización y en el uso de dinero público para ello.
• Efectivamente, es iniciativa propia de Íñigo de la Serna la propuesta de pagar con dinero público los despidos de los estibadores. Es propuesta del ministro precarizar el sector despidiendo a 6.250 trabajadores con cargo al erario público por un monto no menor a 350 millones de euros. Nada dice, ni el TJUE ni la Comisión (que de hecho duda sobre si serían ayudas de Estado o no), sobre esto.
• Es falso que éste sea “el último sector monopolístico” pendiente de liberalizar. En primer lugar, porque es un sector completamente privatizado, en el que concurren múltiples empresas, tanto nacionales como multinacionales, y en el segundo porque es más que habitual que sectores de interés general o especial necesidad de protección tengan requisitos de acceso y ejercicio extraordinarios (la lista es larga, basta con asomarse a las profesiones que requieren colegiatura, como la abogacía, medicina, ingeniería...).
• Es falso que al ministro de la Serna no le queden otras opciones. Basta con que pregunte y aprenda de su homólogo Kris Peeters, ministro belga, que habría logrado un acuerdo con la Comisión en el que se incluye el consabido registro o bolsa de empleo que también recoge el Convenio 137 de la OIT, suscrito por España.
• Es falso que el mayor riesgo para España sea la presunta multa de Bruselas. Un sólo día de paro, derivada del fin de la paz social por culpa del ministro, equivale a todo un año de las multas con las que amenaza [1].

Para solucionar el conflicto habría bastado con que de la Serna, Quijote de las causas neoliberales, no se hubiera comportado como elefante en cacharrería en un sector que es ejemplar en España, tanto por la longeva paz social, como por la dignidad de las condiciones laborales, la competitividad y rentabilidad de nuestros puertos [2].

Sin embargo todo apunta a que su hoja de ruta pasa por presentar el decretazo y retorcer la información criminalizando a los estibadores y ocultándose tras la Comisión y el TJUE para aplicar su hoja de ruta --la de JP Morgan y las ETT-- . Confía el ministro que bajo la presión mediática el Congreso convalidará su real decreto ley. Los estibadores pueden estar seguros de que encontrarán a Podemos firme y frente al Gobierno. Confiemos en que el resto de grupos parlamentarios y en especial los del "No es No", esta vez, nos acompañen.

(*) Sergio Pascual es diputado y exsecretario de Organización de Podemos.

[1]    Efectivamente, la patronal calcula en 50 millones de euros las pérdidas para la economía española de un día de paro, el equivalente a todo un año de unas multas aún no confirmadas.
[2]    Sólo en Algeciras se han duplicado los tráficos en la última década (como reconoce el propio Ministerio de Fomento). Por otro lado, Puertos del Estado preveía cerrar 2016 con 204 millones de beneficios.