¿Huelga general el 29 de Marzo?

Agustín Moreno *

Gran éxito de la primera movilización contra la reforma laboral del gobierno del PP: las calles se llenaron de manifestantes el 19 de febrero de 2012. Los sindicatos cifraron la asistencia en 500.000 personas en Madrid, en 450.000 en Barcelona, y muchos más en otras cincuenta ciudades españolas. Lo cierto es que las direcciones de los sindicatos se mostraron sorprendidas por la respuesta, afirmación que ponía de manifiesto un alejamiento de la gente y la dificultad que tienen para valorar la inquietud que había provocado la reforma laboral aprobada. Ya había encuestas que decían que el 51% estaba a favor de la huelga general antes de conocerse la reforma laboral. Sólo había que ir a los centros de trabajo y a las plazas a explicarla para recabar la máxima adhesión social.

No es de extrañar la alarma social generada si se analiza la reforma laboral aprobada. Nunca ha habido una agresión tan profunda a los derechos laborales y sociales en el período democrático que estamos viviendo. Toca todos los palos. Se establece un nuevo contrato con despido totalmente libre y gratuito, es decir, sin causa y sin ninguna indemnización, durante un año y en empresas de hasta 50 trabajadores, que son el 95% del tejido empresarial español. Abarata el despido y lo descausaliza, pasando a ser la mayoría despidos objetivos con 20 días de indemnización por año de antigüedad; ello supone una reducción de hasta dos tercios de la indemnización. Se facilita hasta extremos brutales: con tres trimestres de caída de los ingresos en la empresa se pueden despedir las plantillas. Los despidos improcedentes (totalmente arbitrarios, porque le da la gana a la empresa), serán una minoría y se reduce su coste de 45 a 33 días y de 42 a 24 mensualidades. Puede haber despidos colectivos (EREs) sin autorización administrativa previa. Se hacen posibles los despidos en las empresas públicas y para el personal laboral de las administraciones públicas.

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En cuanto al salario, se puede rebajar, e incumplir unilateralmente el convenio por el empresario, cuando se producen dos trimestres consecutivos de resultados negativos, además de generalizarse el descuelgue de las empresas. El objetivo es bajar en términos reales el salario de la población trabajadora de forma drástica, al no poder recurrirse a devaluaciones competitivas por nuestra pertenencia al euro.

Se lamina la negociación colectiva al liquidarse la fuerza vinculante de los convenios y cuando se desplaza el centro de gravedad a los convenios de empresa y se dejan sin poder a los convenios de sector, que son los que protegen a los trabajadores de las pymes. Y se ha recogido la vieja reivindicación patronal de acabar con la ultraactividad o aplicación de los convenios más allá de la vigencia temporal, si el empresario aguanta dos años sin sustituirlo por uno nuevo; es decir, se fija la fecha de caducidad del articulado histórico y los derechos conseguidas por los trabajadores en décadas de negociación colectiva.

Otras medidas afectan a la flexibilidad a la carta para el empresario en el uso interno de la mano de obra; el endurecimiento de las sanciones por supuesto absentismo si se acumulan algunas bajas laborales por enfermedad, lo que puede hacer que un catarro mal curado lleve al despido; la discriminación de los parados de larga duración, ya que se dan incentivos a las empresas que contratan a parados que cobran prestaciones, que pasan a convertirse en ayudas fiscales la las empresas; el endurecimiento de la pérdida de la prestación de desempleo; el reforzamiento del papel de las empresas dedicadas al prestamismo laboral (ETTs); la recuperación del laudo de obligado cumplimiento de reminiscencias franquistas y claramente inconstitucional; etc.

Es una avalancha de recortes que prácticamente liquida el derecho del trabajo y su función de equilibrar las relaciones laborales, empobrece de forma generalizada a la población española y sitúa en una profunda inseguridad a las personas. No va a crear empleo y va a producir más despidos, más explotación laboral y más paro por la depresión del consumo y de la economía. El gobierno ha anunciado que no cambiará nada sustancial. Ante esta situación, la pregunta es ¿a qué esperan los sindicatos para convocar la huelga general? Porque no pueden olvidar tres cosas: la reforma se está aplicando ya y se nota en la calle; puede empeorar en el trámite parlamentario con el concurso interesado de otras fuerzas como CIU; si la agresión le sale gratis al PP habrá más ataques: ley de huelga, pensiones, desmantelamiento de lo público, etc.

Pero hace tiempo que las direcciones de los sindicatos vienen realizando un análisis erróneo de la situación de la crisis y de la revolución conservadora que se ha puesto en marcha. Y en consecuencia su estrategia contiene serias equivocaciones. Apostar por el diálogo social en exclusiva como se ha venido haciendo es ineficaz, y se convierte en una trampa. No vale la estrategia de limitar los daños. Los pactos firmados no han supuesto avances en los derechos sociales, ni han impedido los retrocesos ni han cambiado un modelo productivo fracasado

La crisis es muy profunda, y las perspectivas son peores, según todos los organismos. El drama es que los trabajadores ni hemos creado la crisis ni tenemos nada importante que aportar a su solución. Como nos recuerda Pedro Montes, España tiene unos pasivos brutos frente al exterior de 2,3 billones de euros y, por muchos que sean los sacrificios y esfuerzos de los trabajadores, esa enorme deuda no puede pagarse. Por muchas reformas laborales, precariedad laboral, retrocesos de pensiones, recortes presupuestarios y privatizaciones que se apliquen, no se eliminan los compromisos de la deuda existente, ni la falta de solvencia, ni las dificultades para obtener liquidez en los mercados internacionales. La crisis, el golpe de estado financiero, está sirviendo como la gran coartada para acabar con nuestros derechos y con nuestros sueños. Desgraciadamente, estamos mucho más cerca de Grecia de lo que algunos piensan.

Para cambiar la situación es absolutamente necesario recuperar la relación con los trabajadores y el respeto y la confianza de éstos hacia los sindicatos. Serán vistos como algo de fiar en la medida en que hablen claro, sean firmes, escuchen a la gente, fomenten la participación y el protagonismo de sus bases y de los trabajadores. Recuperar credibilidad pasa por reconocer las equivocaciones y realizar una autocrítica de los graves errores recientes: la mala gestión de la huelga general del 29 de septiembre de 2010, la firma del funesto acuerdo de pensiones y el reciente acuerdo con la patronal para reducir los salarios.

También tienen que ponerse serios de una vez con el gobierno y con la patronal. Una cuestión gravísima de la reforma laboral, desde el punto de vista formal, es que los sindicatos no sabían nada de ella. Acababan de firmar un durísimo acuerdo para los salarios, sin lograr impedir con ello que el gobierno legisle sobre el mercado de trabajo. Y ni siquiera se les informó previamente de su contenido, únicamente por los medios de comunicación y desde Bruselas se enteraron de que iba a ser muy agresiva. Lo nunca visto. Algo que se merecía una respuesta institucional muy dura mientras no se trate con respeto a las organizaciones sindicales.

Ante la ofensiva neoliberal es necesaria una potente movilización social. Con mucha calle y con la huelga general. También se precisa tener claro que nadie tiene la fuerza suficiente para hacer frente en solitario a este ataque con posibilidades de detenerlo. Y en un país camino de los seis millones de parados y con millones de precarios la movilización debe de ser además de laboral, también social y ciudadana. Impulsando los acuerdos unitarios con otros sectores sociales, ciudadanos y políticos. Con todos los sindicatos, el movimiento del 15-M, asociaciones de todo tipo, fuerzas políticas, etc. sin descartar a nadie, pero dejando claros los objetivos y las reglas del juego. Por ejemplo, exigiendo al PSOE un compromiso solemne de derogación de la reforma laboral si volviera al poder, para acabar (o desenmascarar) ese turnismo a lo Cánovas y Sagasta que practica con el PP en materia de política económica.

Es difícil que con una movilización masiva, pacífica y decidida el PP resista más de una legislatura. Tendrá un gran desgaste con su política antisocial, la recesión económica, la nula creación de empleo y sus incumplimientos electorales antes de llevar cien días en el gobierno (subida de impuestos, recorte del despido…). No hay que olvidar que la mayoría absoluta del PP es engañosa: apenas representa el 30% del electorado, resultado adornado con una ley electoral que, además de injusta, supone un auténtico fraude.

Parece que se quiere convocar la huelga el 29 de marzo. De ser así no permitiría participar a la conocida como “marea verde”, al ser un día no realmente lectivo, en el que no hay clases y solo se entregan las notas a los alumnos que acuden media hora a los centros de secundaria. En comunidades como Madrid el profesorado ha protagonizado una poderosa lucha con diez días de huelga, varios meses de conflicto y con manifestaciones de hasta 100.000 personas. También ha habido importantes movilizaciones en la educación pública de otras comunidades autónomas. No ha habido un sector que se haya movilizado con tanta fuerza en los últimos años y no se le puede ignorar.

Además, todas las agresiones tienen coherencia: el modelo educativo, el tipo de mercado de trabajo y el modelo de sociedad que están configurando. Nos hablaban de que España apostaba por otro modelo de crecimiento, por el I+D+i, por la formación de calidad, que podíamos estar en el grupo de los poderosos (G-20). La última reforma laboral del gobierno del PP apunta a un modelo propio de un país en vías de desarrollo, que basa su competitividad en bajos salarios, débil Estado de Bienestar, un derecho del trabajo ridículo y un sistema educativo clasista y, por ello, mediocre. Como vía para que las empresas ganen dinero sin modernizarse y sin apuestas de futuro.

Esto explica la ofensiva paralela hacia el servicio público educativo de calidad. En la lógica neoliberal, no interesa gastar en formación para empujar después a la juventud a que se vayan del país. Presentando la emigración como si fuera una fiesta, con una campaña descarada para expulsar del país a la generación de jóvenes más brillante y preparada de nuestra historia. Por ello, la lucha por una educación pública de calidad y por la derogación de la reforma laboral es la misma y la marea verde no puede faltar en la Huelga General.

(*) Agustín Moreno es profesor de Enseñanza Secundaria en Vallecas (Madrid). Fue secretario de Acción Sindical de CCOO de 1977 a 1996.