¿Nos ponemos las gafas violeta cuando consumimos?

Blanca Crespo Arnold, consejera de comunicación de REAS

¿Tiene sentido vincular el consumo responsable con la perspectiva de género?¿Puede nuestro consumo ser también una herramienta de incidencia para promover la equidad de género? Aún con el espíritu del 8M y con el 15M, día del consumo responsable, como horizonte, indagamos en las posibilidades que tenemos como personas consumidoras para contribuir a la equidad de género.

Estas preguntas que para algunas seguramente tienen una respuesta evidente pueden resultar pertinentes y útiles en otros ámbitos, especialmente aquellos donde el consumo responsable se centra principalmente en repensar los impactos medioambientales de nuestro consumo o, a lo sumo, se pregunta por las realidades sociales que hay detrás de este acto, pero desde un enfoque más de poblaciones empobrecidas, con perspectiva Norte-Sur que desde un enfoque de género.

Para ello, en este 15M, proponemos no perder de vista lo puesto en común hace tan sólo unos días, cuando visibilizábamos los aportes de los feminismos en la construcción de nuevos marcos que pongan la vida en el centro, reconociendo de manera específica el papel de las mujeres en este cambio de paradigma. Y, en concreto, proponemos acercarnos a las mujeres que están haciendo economía, generando mucho de los productos y servicios que nos permiten resolver a diario nuestras necesidades más vitales. ¿Nos hemos preguntado alguna vez cómo son estas mujeres? ¿Están recibiendo el suficiente reconocimiento y apoyo respecto de sus contribuciones?

Gracias a a un estudio sobre su perfil competencial realizado por REAS Red de Redes para incrementar y visibilizar el liderazgo de las mujeres de la Economía Social y Solidaria (ESS) podemos conocerlas ahora algo más. Por ello, sabemos que son el 64% del entorno, un entorno que hace esfuerzo para proporcionarle condiciones de igualdad en una sociedad cuyo sesgo de género le/les condiciona, relegando su liderazgo en muchas ocasiones a la invisibilidad. Porque el “liderazgo femenino sigue en la sombra. Hay muchas mujeres trabajando y concretando los proyectos en la práctica, pero realmente la orientación política final no la llevan las mujeres”. Y es que “a las mujeres nos faltan las referentes femeninas para que podamos vernos en puestos de decisión”, “las mujeres estamos socialmente programadas para estar en el segundo plano”, “vemos que por el coste que conlleva la toma de decisiones no compensa. Para los hombres la visibilidad y el poder tiene más importancia”. “Tenemos nuestro propio techo de cristal y, aunque menos descarado que fuera, sí sucede.”

Extraemos todas estas declaraciones de entre las más de 150 personas que participaron en el proceso de investigación y “cuya metodología se ha basado en la triangulación de diferentes técnicas, tanto cualitativas (entrevistas en profundidad y grupo focal), cómo cuantitativas (cuestionario de encuesta), lo cual ha permitido sumar las fortalezas y aminorar las debilidades de cada una de ellas”, como establece Daria Wencel, una de las dos investigadoras de este estudio financiado por la Fundae.

Conocer para apoyar

“La primera cosa sería que la gente [no vinculada con la ESS] conociera que se puede hacer economía de otra manera, que es factible hacerlo y que existe gente trabajando en esto. Esto es imprescindible para que el movimiento crezca”. Como bien denuncian los feminismos, lo que no se ve no existe, y este estudio ayuda a conocer la realidad de las mujeres emprendedoras en el marco de la ESS y a que, por tanto, existan en nuestros imaginarios, para que cuando pensemos en actividad empresarial, veamos también a las mujeres empresarias, sepamos cómo son y cuáles son sus aportes, que no son pocos.

Ésta es también una de las contribuciones derivadas del balance social, herramienta de autoevaluación a la que se someten anualmente las empresas de la ESS, en un ejercicio de transparencia y compromiso de mejora sin referentes en el mundo empresarial. De dicha práctica se hace eco este estudio, que recoge cómo “las condiciones de trabajo de género femenino en las entidades afiliadas son muy favorables si las comparamos con los datos del estado español que reflejan las de la economía hegemónica”. En efecto, “la Economía Social y Solidaria facilita el trabajo a mujeres en mayoría. El 64% de las trabajadoras son mujeres, mientras en el Estado español el género femenino supone tan sólo el 43,5%. Además, una serie de indicadores refleja que las entidades realizan verdadero esfuerzo para que la ESS cree entornos laborales igualitarios y respetuosos para las mujeres. El 87% de las entidades aplica medidas para mejorar los permisos establecidos por la ley en temas de conciliación laboral-familiar, el 81% usa el lenguaje inclusivo verbal y escrito y un 79% establece espacios de atención emocional y cuidado a las personas trabajadoras en relación a su situación en el entorno laboral”.

Si bien estos resultados son muy satisfactorios porque, además, muestran tendencia de mejora anual, “aún sigue por subsanar la brecha salarial entre las mujeres y los hombres (5,3%) y el hecho de que las proporciones de género se ven afectadas si se trata de los temas de liderazgo y de la toma de decisiones. Siendo mujeres el 64% de personas trabajadoras, solamente el 55% de las personas participan en la aprobación de planes estratégicos y un 53% de las personas ocupan cargos societarios o políticos son de género femenino. Asimismo, en el año 2020 sólo un tercio de entidades ha elaborado sus planes de igualdad”. Todos estos resultados derivados de la lectura de género del balance social, que desde hace dos años incorpora esta práctica de autoevaluación con gafas violeta, constituyen una sólida base para apuntalar determinadas prácticas donde la ESS es referente, tales como los permisos de conciliación, muy por encima de la media de las empresas de la economía capitalista, así como corregir aquellas cuestiones donde la voluntad de cambio y equidad de género aún no ha cristalizado en los mejores resultados posibles, como la pequeña brecha salarial que existe (5,3% frente a un 21% en la economía convencional) o un mayor participación en los planes estratégicos y cargos societarios.

Por un consumo por la igualdad de género

Por que, como referencia también el presente estudio, una “mayor presencia femenina en altos cargos puede traer múltiples beneficios a las organizaciones”. Diversas investigaciones avalan esta afirmación que podría sustentarse en un estilo de liderazgo diferente entre hombres y mujeres, donde éstas últimas enfatizan más en las personas y los procesos democráticos, a partir de un liderazgo entendido como responsabilidad de todos y desde la constitución de estructuras menos burocratizadas y un estilo colaborativo, compartido y no competitivo.

En este punto parece sensato pensar que tenemos un amplio campo de acción para contribuir a generar marcos inclusivos y feministas, apoyando a aquellas empresas que fomentan liderazgos femeninos transformadores. Pues, al igual que no tiene el mismo impacto para la relocalización de la riqueza en un territorio consumir en el comercio local y de cercanía que en una gran superficie multinacional (en el primer caso como mínimo un 50% del dinero invertido revertirá en el territorio en nuevos salarios y compras mientras que en el segundo hablaríamos de un escaso 5% de retorno local), tampoco lo tiene adquirir un servicio (véase bancario, de telefonía, energía, textil…) en una empresa con políticas de conciliación, igualdad salarial y que promocione el liderazgo femenino o que, por el contrario, mantenga una alta brecha salarial y ponga trabajas a la conciliación laboral. Porque en ambos casos estaremos apoyando y legitimando con nuestro consumo un modelo respetuoso con el medio y las personas, o todo lo contrario…

Un apunte antes del cierre. Cierto es que quienes abogamos por un consumo responsable, crítico y transformador, solemos cargarnos a nuestra espalda una responsabilidad que, cuanto menos, debe ser compartida con las Administraciones públicas, cuya contratación supone entre el 15 y el 18% del PIB estatal. El impacto y la capacidad de transformación y mejora de nuestros territorios a partir de cláusulas sociales y medioambientales que prioricen estas cuestiones en sus pliegos de contratación pública de servicios es indiscutible, y debería ser, por tanto, la práctica habitual, tal y como indican las Directivas Europeas 2014/23/UE y 2014/25/UE. Estas directivas buscan dar respuesta así “a la creciente preocupación de la ciudadanía por la preservación del medio ambiente, por asegurar condiciones laborales dignas frente a la acuciante precariedad laboral y por la eliminación de las desigualdades sociales”. Esto, “se ha traducido, en la normativa estatal, en la toma en consideración de manera transversal y preceptiva de cláusulas de Contratación Pública Responsable, con la introducción del ciclo de vida como criterio básico para la construcción del precio de oferta, la exigencia de estándares y etiquetas que acrediten el cumplimiento del clausulado social y ambiental, y de la reserva de mercado a las empresas de la Economía Social y Solidaria”, como establecen Luigi Carinci y David Comet, expertos en la materia y miembros del Grupo de Contratación Pública Responsable de REAS RdR.

Es importante recordarlo precisamente ahora cuando la aplicación de los fondos europeos para la recuperación Next Generation EU han venido justamente a revertir en cierta forma esta directriz, gracias al Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. Este decreto, bajo el pretexto de urgencia para la aplicación de un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tiene como objetivo declarado “eliminar los cuellos de botella y las trabas burocráticas de la legislación vigente en materia de contratos públicos y subvenciones”. “Un ejemplo de en qué se traduce esto es su artículo 49, que establece que a los contratos de Next Generation no les será de aplicación el artículo 324 de la Ley de Contratos del Sector Público, que exige un control tan básico como la autorización del Consejo de Ministros para contratos superiores a doce millones de euros”, como denuncian desde Open Generation Eu, plataforma que agrupa a actores de la sociedad civil para reclamar una gestión transparente y accesible de los fondos Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Así pues, como ciudadanas estamos en nuestro derecho de exigir políticas acorde con los retos del momento, y pedir a las Administraciones públicas la aplicación de medidas necesarias para garantizarlo, especialmente si hablamos de dinero público. De igual modo, desde nuestro papel de consumidoras conscientes y críticas, tenemos así mismo un importante rol para exigir y apoyar iniciativas que nos encaminen a la equidad de género. Así que cuando vayamos adquirir un producto o servicio no olvidemos de colocarnos las gafas violetas...