La gestión del 0,7 del IRPF en Madrid vuelve a enfadar a parte de las ONG

  • Muchas entidades ya quedaron tocadas por la gestión que hizo la Comunidad de Madrid del IRPF en 2017, con retrasos que siguen arrastrando
  • En esta ocasión, las organizaciones se dividen entre las que recurren las nuevas bases y las que lo consideran un error

2019 será el segundo año en el que la Comunidad de Madrid gestione el tramo del 0,7% del IRPF para fines sociales que antes tramitaba el Estado. También será el segundo año en el que haya malestar en una parte del tejido asociativo madrileño. La Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid ya ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para impugnarlo y se queja de la falta de interlocución con el Gobierno.

El año pasado, la primera convocatoria que gestionaba la Administración madrileña dejó fuera decenas de proyectos, que abarcaban desde la atención a mujeres a la dependencia. Para repararlo, la Comunidad de Madrid habilitó 10 millones de euros extra y prometió mejorar el sistema. Y lo hizo, aunque la Coordinadora denuncia que ha modificado las bases de tal forma que favorece a las ONG más grandes. Es decir, aquellas que tienen más trabajadores o más implantación territorial.

Esta convocatoria ha dividido a las entidades madrileñas, mientras la Coordinadora se queja de los criterios de las bases, la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, que aglutina desde Cruz Roja hasta la ONCE, se muestra en contra de su impugnación y confiesa haberla recibido "con preocupación". Reconocen que "las bases son mejorables", pero insisten en que "hay que sentarse a trabajar" y en que "se han mejorado en aspectos importantes". Aún así, creen que el recurso no es la solución "por las consecuencias que puede traer a las entidades sociales si éste significa la paralización o demora de la subvención IRPF". 

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Sin embargo, las ONG con menos presupuesto y personal siguen teniendo dificultades. "Esta convocatoria deja fuera a las pequeñas y medianas asociaciones, que parten con desventaja en el reparto de puntos. Creemos que peligra el tejido social de la Comunidad de Madrid si estas bases salen adelante", explica Jesús Jiménez, de la Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer (FAFAL). En su caso, afirma que de las asociaciones que se amparan bajo su federación, casi la mitad quedarían en una situación complicada. Dos de ellas ya se llegaron a plantear en 2017 suspender pagos. A los duros años de la crisis, se suma la mala gestión del IRPF de 2017. Por eso, Jiménez teme que este año vuelvan a verse en apuros: "Hemos aguantado con fondos propios, recortando personal o subiendo cuotas", explica.

Jiménez, que es miembro de la Coordinadora, se queja de que en la convocatoria se de más puntos a "proyectos con más de 50 profesionales" u "horarios de atención al público de más de 76 horas semanales", unos baremos difíciles de cumplir para proyectos pequeños y locales. Sin embargo, desde la Consejería aseguran que no se dificulta el acceso a los proyectos más modestos, ya que "hay varios tramos de puntuación en función del número de trabajadores y, en concreto, el tramo de 3 puntos para aquellas entidades con más de 25 trabajadores y hasta 50 se introdujo como consecuencia de las aportaciones de la Coordinadora del Tercer Sector".

Una carrera de obstáculos

"El año pasado dejaron a más de 100 entidades sin subvención y tuvieron que sacar un extra de 10 millones de euros que aún no está totalmente pagado, aunque las entidades tengamos que seguir ejecutando los proyectos este año. Si el IRPF sale con estas bases reguladoras, no sé si vamos a poder continuar en Madrid", explica Reyes Velayos, presidenta de la Apoyo Positivo, una ONG que atiende a pacientes con VIH. Esta profesional apela a los 12 trabajadores de su entidad y asegura que muchas de las organizaciones que organizan campañas de prevención, realizan pruebas o atienden a los usuarios son pequeñas.

"Ese dinero corresponde a los contribuyentes que marcan la casilla X de fines sociales. Yo como ciudadana querría saber cómo se reparte ese dinero y por qué hay entidades que se quedan fuera", resalta apelando al origen de estas subvenciones de la que las Comunidad de Madrid es una mera gestora. Reyes asegura que las entidades que encabezan la lucha contra el VIH en Madrid llevan años haciendo encaje de bolillos para poder seguir atendiendo a los ciudadanos de la capital y están al límite. Se remonta a 2009, cuando Esperanza Aguirre les dio el primer hachazo recortando ayudas.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha publicado este miércoles la convocatoria de acuerdo a las bases que aparecieron en el BOCAM el pasado 12 de julio, según ha explicado la coordinadora. Por el momento, el PSOE ya ha pedido la comparecencia en la Asamblea de Madrid de la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, para que explique qué ha sucedido y cómo afectará realmente a las entidades sociales.