Gallardón prima el derecho del no nacido al de la mujer

El  ministro Gallardón se ha alzado hoy con una victoria pírrica, tras la aprobación por el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Protección de la vida del concebido y de la mujer embarazada, que no es más que la demostración de la escasa catadura democrática del actual gobierno.

Después de eliminar derechos sociales, sanitarios, educativos, con la excusa de la crisis económica, toca el turno al cumplimiento de su programa electoral, con políticas de tutela a las mujeres. Y ya es mala suerte que, para una vez que cumplen el programa, sea suprimiendo la capacidad de decisión de las mujeres sobre su cuerpo y su maternidad.

El Anteproyecto, con una denominación que no deja lugar a dudas (protección de la vida del concebido…), no retrocede a la ley de 1985, de despenalización en los tres supuestos (malformación fetal, violación y salud física y psíquica de la madre), sino que nos traslada más lejos en el tiempo, pues elimina el supuesto de malformación fetal, salvo si el feto no es viable –es decir, que si el embarazo se llevara a término, nacería muerto o no sobreviviría más de una semana-. Y si nos trasladamos en el espacio nos sitúa, en el marco de Europa, a nivel de Irlanda, un poco por encima de Malta, Polonia o Ciudad del Vaticano.

En concreto, el anteproyecto:

1.- Elimina la libre decisión de las mujeres para decidir sobre el aborto (sistema de plazos) y traslada esa decisión a dos médicos, en los supuestos de:

• Violación
• Salud de la embarazada (cuando exista colisión entre el derecho a la salud de la madre y la continuación del embarazo)

2.- Suprime la posibilidad de las mayores de 16 años, pero menores de 18, de interrumpir su embarazo sin la autorización de quien tuviere su representación legal (padres, madres, tutelas).

3.- El plazo para la interrupción alcanzará las 12 semanas, frente a las 14 semanas que en la actualidad regula la Ley Orgánica de Salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo (2010).

Por si no llegara, Gallardón incluye en su Anteproyecto una serie de requisitos (informativos, de demora en la decisión –antes 3 días, ahora 7-, de consulta, de objeción de conciencia) que, como poco, dejan atisbar una imposibilidad de interrupción efectiva del embarazo, lo que puede llevar a la clandestinidad a muchas mujeres que cumplan con los requisitos exigidos.  Las demás mujeres, las que quieran abortar por decisión o tengan que hacerlo a pesar de no estar ‘autorizadas’, se tendrán que buscar las vueltas, fuera de nuestro país, o dentro, porque Gallardón, en ese alarde de cinismo que ya conocíamos de sus responsabilidades en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital, nos señala que en ningún caso las mujeres serán penalizadas por abortar  -“no existe responsabilidad penal”-.

Y todo esto, ¿por qué? ¿Dónde está la demanda o la necesidad social? ¿Para qué, para contentar a un sector minoritario de su electorado? ¿Para arrodillarse ante Rouco Varela? ¿Para imponernos su moral(ina) en un alarde de poder? ¿Su ideología es tan ‘abusiva’ que nos exige que no tengamos margen ninguno de libertad individual, una vez que empieza el recorte en libertades colectivas? Por si aún no queda claro: la ley actual ofrece la posibilidad de ejercer un derecho (a la interrupción voluntaria del embarazo); la ley que el ministro Gallardón lleva al Congreso obliga a continuar el embarazo.

Ya no estamos en los años 80, cuando cualquier modificación legal de la herencia franquista parecía que rompía la sociedad, que hasta la ley que regulaba el divorcio parecía que iba a acabar con las familias, ¡y mire usted dónde estamos! La interrupción voluntaria del embarazo ya no generaba ni debate ni ruptura,  hasta hoy.

Y no parece necesario recordar que no estamos hablando de una situación que afecte a las mujeres, a algunas mujeres. Estamos hablando de derechos, de derechos de las mujeres, o lo que es lo mismo, de derechos humanos. En algún momento el vaso de la paciencia se va a rebosar y debería ser ahora, para impedir que el Congreso de los Diputados avale esta tropelía.

(*) Berta Cao es consultora de género y Máster en Género y Políticas de Igualdad.