Satisfacción en las ONG por el auto que cuestiona la actuación de Interior en las 'devoluciones en caliente'

Miguel Muñoz *

A principios de agosto se hizo efectiva la admisión a trámite de una demanda judicial presentada por las ONG SOS Racismo, Prodein Melilla y Andalucía Acoge ante un juzgado melillense denunciando las denominadas 'devoluciones en caliente' de inmigrantes. Si las expectativas de las organizaciones querellantes con el proceso judicial eran altas en aquel momento, el auto, hecho público en la mañana del lunes 15, no hace otra cosa que darles la razón en sus alegaciones frente a la postura que ha mostrado el Ministerio del Interior. En el mismo, el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla imputa y llama a declarar al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en la ciudad, Ambrosio Martín Villaseñor, por un presunto delito de prevaricación

“La valoración es muy positiva porque refrenda nuestra posición de los últimos años. Siempre hemos pensado que las 'devoluciones en caliente' son prácticas ilegales a las que hay que poner freno”, afirma a cuartopoder.es Mikel Araguás, secretario general de Andalucía Acoge. “Es importante porque por primera vez se observa que un juzgado comienza a investigar y se cuestiona lo que desde el Gobierno se ha dado como una práctica completamente legal”, señala a este medio por su parte Mikel Maizkaran, secretario general de SOS Racismo. “La valoración es muy buena, el juez lo que hace es poner la frontera en su sitio, que el Ministro había cambiado a su libre albedrío”, destaca José Palazón, presidente de Prodein Melilla. El Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha señalado en varias ocasiones que las 'devoluciones en caliente' no eran sino rechazos en la frontera.

Precisamente una de las cuestiones principales del auto que han hecho refrendar las denuncias de las ONG es la posición exacta y jurídica de la frontera con Marruecos. El juez realiza un recorrido histórico por el establecimiento fronterizo desde 1859 y concluye que el límite territorial empieza en la valla más cercana al país vecino. “No se puede estirar la frontera, es un concepto jurídico y lo que ocurre es que la Guardia Civil está utilizando un concepto funcional, así lo dice el propio auto”, señala Maizkaran. Por tanto, en el espacio entre las dos vallas, la legislación a aplicarse debe de ser la que rige en España. “Siempre hemos recordado que la primera obligación de un Estado es cumplir con su propia ley. Lo que solicitamos es que el sentido común impere y que se frenen estas prácticas. En territorio español hay una serie de derechos adquiridos”, afirma Araguás. En este sentido, muestra preocupación porque algunas de las personas devueltas en caliente a Marruecos puedan ser solicitantes de asilo por diferentes motivos. “Hay que garantizar un proceso administrativo para que esas personas tengan la posibilidad de solicitarlo si es el caso”, recuerda.

Las ONG recuerdan que es una práctica que llevan denunciando una década. De hecho el auto judicial fija el año 2005 como la consolidación del concepto operativo de frontera que estaba utilizando la Guardia Civil. “Esperamos que esto acabe con la arbitrariedad con las que se aplican aquí las leyes y con toda la situación dantesca que se vive en la valla. No pueden cometerse estas tropelías”, señala Palazón. Esas “tropelías”, las agresiones entre ambas vallas y las devoluciones instantáneas han sido grabadas en vídeo por su ONG en varias ocasiones. Concretamente los de los hechos ocurridos el 18 de Junio y el 13 de agosto han servido como pruebas fundamentales en este proceso de instrucción.

El juez cuestiona la legalidad de los procedimientos llevados a cabo durante al menos esos días indicados. A pesar de la nueva situación, Palazón no confía que estas prácticas paren de realizarse inmediatamente. “Hace dos días hubo un intento de salto, entraron decenas de personas y la Guardia Civil los sacó fuera. Y estoy convencido de que ellos ya conocían el auto, porque lo conocíamos nosotros. Les da igual, pienso que hasta que no tengan una sentencia firme no va a cambiar la situación”.

A partir de ahora el proceso de instrucción sigue su curso. Martín Villaseñor declarará el día 3 de octubre y entre los procesos pendientes se encuentra la solicitud de información al Reino de Marruecos. Algo que puede hacer alargarse el procedimiento, que puede llegar a durar unos 5 o 6 meses. “Sobre el papel, Marruecos está obligado a colaborar, en la medida en que un juzgado de instrucción le está solicitando que aporte una serie de datos. Ahora bien, todos sabemos cuáles son sus niveles de cumplimiento en cuanto a la colaboración con órganos judiciales. Pero bueno, tampoco adelantemos acontecimientos, vamos a tener esperanzas en que todo se vaya instruyendo de manera correcta”, afirma Maizkarán. En cualquier caso, el presidente de SOS Racismo destaca la agilidad con la que desde el primer momento el Juzgado está instruyendo el caso.

“Esperamos que cuando se cierre el proceso se establezca de una vez por todas que estas medidas no se ajustan a derecho y que se solicite el cese de estas prácticas”, concluye Araguás. “Estamos convencidos de que llevamos razón y el juez parece ir en el mismo camino”, destaca Palazón que añade que llegarán a dónde haya que hacerlo para que las 'devoluciones en caliente' finalicen.

Los guardias civiles reclaman protocolo claro

Por su parte, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lanzó un comunicado al conocer la noticia en el que señalan que su organización “respeta la decisión judicial de imputar al jefe de la Guardia Civil de Melilla por las 'devoluciones en caliente' y esperará a que sea un juez quien determine su responsabilidad para hacer valoraciones al respecto”.

Del mismo modo, aprovechan para volver a reclamar “un protocolo de actuación por escrito, claro y concreto que determine cómo deben ser las actuaciones de los guardias civiles que trabajan en la valla de Ceuta y Melilla”. “En los últimos días, los medios de comunicación se han hecho eco de las informaciones que aseguraban que los agentes ya contaban con un protocolo de actuación. Sin embargo, éste no se ha dado por escrito, fue leído por los mandos de la Guardia Civil a los agentes en cinco minutos, generando más dudas que aclaraciones, y además, no se aceptaron preguntas al respecto”, continúa el comunicado. Para la AUGC, la asociación profesional mayoritaria en el Cuerpo, “resulta irónica esta forma de proceder, ya que se evidencia una vez más, que la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) no quiere dejar constancia de cómo deben actuar los guardias civiles de Ceuta y Melilla, y deja en una situación de desprotección jurídica a todos aquellos que trabajan a pie de valla”.

(*) Miguel Muñoz es periodista.