Más de la mitad de los españoles sostiene que la justicia no es independiente

Íñigo Corral *

Desde hace cuatro años a la Unión Europea hace una especie de radiografía sobre el estado de salud de la Justicia en cada uno de sus países miembros, donde se reflejaba el grado de eficiencia, calidad e independencia de los sistemas judiciales. La conclusión o, por seguir con la terminología médica, el diagnóstico, es que en España el enfermo no mejora. Y ya es mucho tiempo que le cuesta levantar cabeza. Hace justo un año el periodista que analizaba el informe de 2015 comenzaba su post para cuartopoder.es de esta forma: “La Justicia española es poco eficiente, de escasa calidad y una de las menos independientes de Europa”. Es cierto que 365 días son pocos para que un enfermo que casi necesita respiración asistida pase a correr una maratón, pero es que en este caso la mejoría es apenas imperceptible. Vamos, que si se hace un corta y pega con el post anterior y se cambia la fecha, hasta uno se puede ahorrar el esfuerzo de leerse el nuevo informe entero (versión en inglés).

En estos casos siempre hay alguien que, entre el alud de datos negativos, encuentra uno que le favorece. Y ese no es otro que al Ministerio de Justicia, al destacar en el Cuadro de Indicadores el esfuerzo realizado por España en lo que se refiere a las medidas adoptadas en torno a la agilización, la transparencia y la modernización de la Justicia. Se enfatiza incluso que han disminuido los asuntos pendientes y que incluso ha mejorado el tiempo de respuesta. El Cuadro de Indicadores, que evalúa a las distintas administraciones judiciales en función de los datos facilitados por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa y por la Red Europea de Consejos del Poder Judicial también viene a respaldar las reformas legislativas llevadas a cabo durante la pasada legislatura.

Si al Cuadro de Indicadores se le aplica una crema desmaquilladora y se abordan los datos verdaderamente relevantes, su cara empieza a parecerse a la de alguien que acaba de levantarse de la cama. La euforia decae cuando se llega a la parte del informe en la que España es el sexto país de la UE donde los ciudadanos perciben una mayor falta de independencia judicial (56%). La cosa parece tener sabor mediterráneo porque por delante están países como Italia, Eslovenia y Croacia, además de Bulgaria y Eslovaquia. Los países del norte como Dinamarca, Finlandia o Suecia son mucho más comprensivos hacia su sistema judicial porque su grado de escepticismo sobre la independencia de los jueces afecta sólo a uno de cada diez ciudadanos.

Si se mira con lupa para averiguar cuáles son los motivos que hacen dudar a los ciudadanos españoles de la falta de independencia, una cuestión que los propios jueces rechazan de plano pero que no acaban de sacudir de sus togas, la respuesta es siempre la misma: la presión. La única variación es señalar quién la ejerce. Con una democracia ya consolidada, llama la atención que aún cuatro de cada diez españoles sostengan que el poder judicial actúa sometido a los intereses de los poderes de los gobiernos o de la clase política. Sin duda, un tema que los responsables de la Justicia en España deberían resolver a corto o medio plazo.

Hay un grupo más reducido (el 38 %) que piensa que esa falta de independencia puede obedecer también a presiones económicas.  “La percepción de la independencia judicial en España sigue siendo un desafío y creo que se debe no solo a casos individuales de los ciudadanos sino a casos públicamente monitorizados y bien conocidos, donde la gente espera una decisión justa por parte de los jueces en el país”, precisó hace siete días en Bruselas Vera Jourová, la comisaria europea de Justicia encargada de presentar el informe. Era, sin duda, una clara alusión a los asuntos más mediáticos que se están tramitando en los juzgados españoles como el 'caso Bárcenas' o el 'caso Nóos'.

La Justicia española sale mejor parada cuando se pone el foco en su eficiencia y en su calidad. Y eso lo hace Cuadro de Indicadores cuando refleja el apartado dedicado a los plazos de resolución de un conflicto entre las partes, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación o el grado de formación de los jueces y magistrados. No es para echar las campanas al vuelo porque, en realidad, España está en la media europea y, según Jourová, “con espacio para la mejora en ciertos parámetros” como pueden ser los plazos para resolver los litigios civiles y mercantiles.

Que en España se necesite una media de 318 días para resolver un caso civil o mercantil es un dato que no invita al optimismo. Tampoco lo es el hecho de que se demore más de año y medio la resolución judicial en la quiebra de una empresa o que España sea el país de la UE donde hay más casos acumulados en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa. Eso sí, resulta un tanto curioso que Alemania sí vaya por delante de España en este apartado. Para no alarmar con tanto dato, el Cuadro de Indicadores ya advierte de que su función es ayudar a detectar las posibles carencias, mejoras y buenas prácticas, por lo tanto, los datos no quieren presentar una clasificación única global “sino una visión general del funcionamiento de los sistemas judiciales sobre la base de diversos indicadores que son de interés común para todos sus Estados miembros”.

El retraso en la resolución de conflictos puede obedecer también a la ratio de jueces por habitante, que en el caso de España es de doce por cada 100.000 habitantes. Pero no hay prisa en resolver este tema. El propio ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ya ha dejado claro que no ampliará la planta judicial mientras no se forme un nuevo Gobierno. Esto es, la responsabilidad para el siguiente inquilino del Ministerio. El dato deja a España a la cola en este apartado aunque siempre está el consuelo de Italia, Chipre, Francia, Malta o el más extremo de Irlanda donde la ratio desciende al 3,5. Como contrapeso, se puede sacar pecho de la gran cantidad de abogados que hay. Nada menos que 291 por cada 100.000 habitantes en una lista encabezada por Grecia. Una curiosidad más, en países como Chipre, Malta o Italia ocurre lo mismo que en nuestro país: a menor presencia de jueces, mayor cifra de abogados.

Llama también la atención la elevada presencia de mujeres en los tribunales de primera instancia (seis de cada diez), si bien su presencia se reduce hasta el 35 por ciento en los tribunales de segunda instancias y hasta el 14 por ciento en el  Tribunal Supremo. Si se mira a Europa habría que agachar la cabeza otra vez porque la proporción que se considera estándar europeo equilibrado está entre el 40 al 60 por ciento de cada género.

(*) Íñigo Corral es periodista.