Llamazares denuncia la "inviolabilidad en diferido" de Juan Carlos I

De “inviolabilidad en diferido” y “auténtica aberración” ha calificado Gaspar Llamazares la maniobra parlamentaria del PP para aforar a toda prisa y con carácter retroactivo al exjefe del Estado Juan Carlos de Borbón y a su esposa Sofía de Grecia. El portavoz de Izquierda Plural en la Comisión de Justicia del Congreso se pregunta en conversación con cuartopoder “¿de qué quieren defender al rey abdicado Juan Carlos I?, ¿qué tiene que ocultar para que le cubran con el manto de la impunidad penal y civil?” Y anuncia dos recursos: uno contra el procedimiento chapucero por el que ha optado el PP con el único apoyo de dos diputados del Grupo Mixto (UPN y Foro Asturias), y otro, ante el Tribunal Constitucional, contra el aforamiento por no ostentar cargos públicos.

Llamazares anuncia que la dirección de su grupo parlamentario recurrirá el lunes a la Mesa del Congreso “el método sumarísimo”, de 48 horas, que ha impuesto el PP para aprobar la enmienda del aforamiento del monarca abdicado en una ley que nada tiene que ver con la materia, como es la de adaptación de la administración judicial a la reforma de las Administraciones Públicas. “El método es fraudulento y contraviene las resoluciones del propio Congreso y del Senado para que no se admitan enmiendas sobre materias ajenas al objeto de las leyes”.  Si la Mesa del Congreso rechaza el recurso “llegaremos hasta donde podamos”, dice.

De momento, el presidente de la Comisión de Justicia, Alfredo Prada, ha remitido una carta a los portavoces convocando la ponencia para aprobar la ley meramente administrativa en la que se pretende incardinar el “aforamiento de excepción” del exrey el martes próximo con el fin de que pueda ser aprobado el jueves por el pleno y ratificado la semana entrante en el Senado. Al secretario general del Grupo Socialista y precandidato a la dirección del PSOE, Eduardo Madina, el método tampoco le gusta. Ayer dijo que “esta cuestión debería tratarse con mayor serenidad y hacerse con el tiempo necesario y en el marco legislativo adecuado".

Para Llamazares las palabras de Madina son humo. “Que no sean cínicos; el guiño republicano ha consistido en aceptarlo y tragarlo todo en el mismo 'pack'”, dice en referencia al pacto sobre la ley de abdicación y sobre la protección del monarca abdicado con “un aforamiento sin precedentes al margen del cargo, como si fuera el Cid después de muerto”. Ese “aforamiento de excepción” que el diputado de IU no duda en calificar de “impunidad e inviolabilidad en diferido”, contraviene las normas y la doctrina del Tribunal Constitucional que, según recuerda Llamazares, “vinculan el aforamiento al cargo público”.

Dicho de otro modo: los miembros del Gobierno y los parlamentarios, entre otros aforados (son 10.000) que sólo responden ante los tribunales superiores de justicia y ante el Supremo, según los casos, gozan de ese trato de privilegio mientras dura su mandato, no antes ni después, y únicamente para protegerles de querellas motivadas por acciones y declaraciones políticas y de denuncias espurias e infundadas. En ningún caso el aforamiento se extiende a la responsabilidad penal y civil en la que hubieren incurrido en su actuación privada.

De ahí que Llamazares encuentre “razones fundadas para considerar inconstitucional el aforamiento en el orden penal y civil del ciudadano Juan Carlos y su esposa, en primer lugar porque ya no ocupan cargo público alguno, y en segundo término porque la retroactividad vulnera principios fundamentales; nunca ha habido un aforamiento retroactivo y prácticamente universal como el que se les pretende dar". Claro que para presentar el recurso de inconstitucionalidad que ya anticipó hace una semana el propio coordinador de IU y presidente del grupo de Izquierda Plural, Cayo Lara, se necesita la firma de cincuenta diputados y no será fácil que los socialistas presten su rúbrica. La otra opción contemplada por Llamazares consiste en solicitar a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que eleve el recurso.

La retroactividad del blindaje del exjefe del Estado afecta al breve periodo que va desde su renuncia efectiva, a las cero horas del día 19, hasta que se apruebe la nueva norma, y obliga a la justicia ordinaria a remitir al Tribunal Supremo las dos demandas de paternidad interpuestas por otros tantos supuestos hijos naturales que habrían sido engendrados cuando era príncipe. Las demandas no fueron admitidas en su día por los juzgados de primera instancia e instrucción porque el jefe del Estado gozaba de inmunidad absoluta y no respondía ante la ley (Felipe VI ha heredado ese estatus constitucional), pero fueron recurridas y se hallan pendientes de la resolución que la Audiencia Provincial de Madrid iba a dictar en septiembre próximo. Uno de los demandantes, Albert Solá, ha anunciado que ampliará  su demanda el lunes para comunicar a la Audiencia que el demandado ha dejado de ser inviolable.

Se entiende, pues, que la enmienda presentada el viernes por el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, según la formulación de La Moncloa, establezca en tono imperativo que "los tribunales que estén conociendo de los referidos procedimientos suspenderán su tramitación en el estado en que se encuentren, y deberán remitirlos inmediatamente a la Sala competente del Tribunal Supremo". Al extender el aforamiento al orden civil, la disposición protege al rey padre contra la reclamación de la herencia y de otros beneficios que el Código Civil contempla como derechos de los descendientes. El aforamiento civil se otorga además a la nueva reina Letizia y a la princesa Leonor.

La falta de fundamentos jurídicos para aforar a Juan Carlos de Borbón y a Sofía de Grecia en razón de un cargo público que ya no desempeñan, ha llevado a los proponentes conservadores a utilizar "razones de dignidad", como si la dignidad, recuerda Llamazares, no fuera un derecho humano preservable y protegible por igual en todas las personas. Decenas de miles de españoles sin empleo y en precario volvieron a reclamar eso mismo, dignidad, el sábado en las calles y ante los parlamentos regionales.