El Gobierno destinará 40 millones al nuevo archivo antiyihadista

Las medidas contra el terrorismo yihadista que negocian el PP y el PSOE permitirán fichar con todo lujo de detalles a cuantos ciudadanos viajen a países que sufren la yihad. El nuevo archivo antiyihadista, en el que la Policía tendrá fichados a presuntos sospechosos, costará 40 millones de euros y será financiado con fondos comunitarios. En el caso de España se añade a los tres registros sobre antecedentes penales, policiales y de seguridad en las comunicaciones aéreas ya existente en el seno de la Unión Europea. El pacto PP-PSOE se canaliza mediante una proposición de ley que se añadirá a la legislación especial antiterrorista. Esta vía jurídica permite soslayar los informes del Consejo de Estado y del Poder Judicial sobre la eventual limitación de los derechos y las libertades individuales.

El impacto de los atentados de París y la existencia de los llamados “lobos solitarios” que han recibido entrenamiento del Estado Islámico (EI) en Siria e Irak y de Al Qaeda en esos y otros países, incluido Somalia y el Magreb, ha llevado al Gobierno a sacar de la reforma del Código Penal los preceptos relacionados con el terrorismo internacional para plasmarlos en una ley especial. Con esta decisión busca renovar la unidad en la lucha contra el terrorismo al margen del rechazo frontal de todas las fuerzas parlamentarias, excepto UPyD, a la cadena perpetua a los autores de crímenes terroristas. Las enmiendas del PP amplían extraordinariamente el concepto de terrorismo, incluyen el aborto provocado y la manipulación genética bajo la rubrica de "terrorismo" y proponen que los delitos de terrorismo que hayan costado la vida a una persona no prescriban jamás. El debate de estos artículos tendrá lugar hoy y mañana en la Comisión de Justicia del Congreso.

Aparte del fichero pormenorizado de viajeros, la nueva definición del terrorismo desvincula los tipos de terrorismo de la organización, de modo que terrorista es quien comete determinados delitos con la finalidad de intimidar al Estado y a la población, pertenezca o no a una “organización terrorista”. Contempla y tipifica con penas de hasta ocho años la recepción de entrenamiento y adiestramiento por cualquier vía, incluida Internet, y desvincula este supuesto de la intención de cometer un delito posteriormente, “para evitar problemas probatorios”, según la argumentación del portavoz de Justicia del PP, José Miguel Castillo.

Algunas ideas avanzadas por los ministros de Justicia y de Interior, Rafael Catalá Polo y Jorge Fernández Díaz, respectivamente, en su reunión con los portavoces del PSOE Antonio Hernando y Rosa Aguilar contra el terrorismo yihadista contemplan incluso la persecución del "autoadiestramiento consciente y sostenido en el tiempo" si el sujeto pertenece a una organización o grupo terrorista o colabora con ellos o se traslada al extranjero a un territorio controlado por un grupo terrorista. Este precepto está copiado directamente de la legislación norteamericana.

El pacto PP-PSOE, abierto a la incorporación de los demás grupos parlamentarios tras la presentación del texto, trasciende la pertenencia a organización o grupo terrorista español o extranjero y facilita la detención de cualquier individuo predispuesto a cometer atentados en nombre de la guerra santa o que haya iniciado los preparativos para ello: entrenamiento militar o en técnicas de elaboración o preparación de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, técnicas o procedimientos de desarrollo de armas químicas o biológicas, y otras actividades de preparación de atentados.

Aparte de detención e imputación por terrorismo, con pena de hasta ocho años de cárcel, a los que regresen de recibir doctrina y adiestramiento militar en Siria e Irak, la nueva ley considera que se ha cometido delito en territorio español cuando se utilicen tecnologías de la información y la comunicación. Así por ejemplo, una persona que consulte “habitualmente” las webs de grupos salafistas o tenga documentos de la yihad podrá ser acusado de terrorismo. El Ministerio del Interior estima que unos setenta españoles captados por la yihad se han integrado en las milicias del EI que combaten en Siria y el Kurdistán iraquí.

Aunque el texto que están negociando socialistas y populares no contiene novedades especiales en materia de financiación del yihadismo y, en opinión del portavoz de Justicia de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, presenta otras lagunas relacionadas con la facilidad para comprar armas en varios países europeos, sí reforzará las medidas contra la propaganda en centros salafistas y mezquitas. Así, los jueces pueden decidir la destrucción, borrado y bloqueo de páginas web que difundan "preponderantemente" contenidos de la yihad contra occidente.  Esta medida obedece a la conclusión del Gobierno de que muchas web que en apariencia hacen un seguimiento de la situación de la guerra en Siria, o en otras partes del mundo, en realidad apoyan y hacen apología del terrorismo e incitan a alistarse como yihadistas en los conflictos existentes.

El método seguido por el Gobierno, el PP y el PSOE para elaborar el nuevo texto fue calificado ayer de "chapucero" por la dirigente de UPyD, Rosa Díez. Izquierda Plural permanecerá atenta al resultado para apoyar o no algunas medidas, aunque según Llamazares, "mucho nos tememos que la nueva ley especial se va a centrar en la limitación de derechos y libertades y además va a ser poco eficaz". En la misma línea se inscribe la posición de partida de las demás formaciones de izquierda y del PNV.