El Gobierno veta una proposición de la oposición para subir las pensiones
La Mesa del Congreso ha conocido esta mañana el veto registrado por el Gobierno a última hora del lunes contra una proposición no de ley firmada por el PSOE y otros grupos para subir las pensiones una media del 1,2%, rebasando la revalización del 0,25% establecida por el Ejecutivo la legislatura pasada. El veto del Ejecutivo de Mariano Rajoy impedirá que la iniciativa del PSOE se pueda tomar en consideración, tramitar y votar, según dijeron fuentes de la Mesa, en la que el PP y C's cuentan con la mayoría.
El presentado anoche es el decimocuarto veto planteado por La Moncloa contra otras tantas iniciativas de los grupos de la oposición, y desmiente, de hecho, la voluntad de diálogo y negociación repetida hasta la saciedad por el jefe del Gobierno y por todos los miembros del Gabinete. El abuso de los vetos puede conducir a los grupos parlamentarios a plantear un nuevo conflicto de competencias entre el Legislativo y el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, un órgano que, a estas alturas, todavía no ha dictaminado si los gobiernos, aunque estén en funciones, han de someterse al control parlamentario.
La proposición vetada recogía las reivindicaciones de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, sobre la revalorización de las pensiones el año que viene con el fin de asegurar que los jubilados no pierdan poder adquisitivo, habida cuenta de que la inflación de este año se sitúa ya por encima del 0,7% mientras las pensiones han subido cuatro décimas y media menos. Varios portavoces han criticado duramente la decisión gubernamental.
La proposición no de ley socialista fue rubricada además por los portavoces de Unidos Podemos (UP), ERC, el PNV y el PDEC (antigua Convergencia), con lo que tendría garantizados 178 votos para su aprobación y obligaría al Gobierno a cumplirla. C's no la firmo porque, según su portavoz José Manuel Villegas, es "un parche" y habría que esperar el dictamen de la Comisión del Pacto de Toledo para modificar la normativa actual que suprimió la revalorización automática de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo.
Las razones del veto esgrimidas por el Gobierno es que la subida que reclama la mayoría de la oposición tendría un coste superior a 1.150 millones de euros, según el escrito difundido por Europa Press. El Gobierno argumenta que la proposición no de ley no dice de dónde saldría ese dinero ni propone una fuente de financiación.
