De nuevo el problema de España

Héctor Illueca es diputado en el Congreso por Unidas Podemos

La investidura del Presidente del Gobierno va camino de convertirse en una trepidante película de intriga, con sorprendentes giros argumentales y elaborados MacGuffins. Para Alfred Hitchcock, el maestro del suspense, un MacGuffin era un elemento secundario de la trama que permitía hacer avanzar la historia. Una excusa argumental que poco o nada importa a los espectadores. En Encadenados (Notorious, 1946), por ejemplo, el MacGuffin es la búsqueda de uranio por parte de los nazis para conseguir la bomba atómica a finales de la Segunda Guerra Mundial. Lo que nos importa, sin embargo, es la apasionada historia de amor entre Ingrid Bergman y Cary Grant. El debate al que estamos asistiendo estos días está repleto de MacGuffins ("sillones", "temas de Estado", "ministros independientes"...), pero hay un tema de fondo que permanece oculto tras la hojarasca: la posibilidad real de un Gobierno de coalición que afronte en clave progresista los grandes problemas que han marcado la vida colectiva de nuestro país: la cuestión social y el conflicto territorial. Es muy fácil despistarse entre tanto bullicio.

Hagamos un poco de historia. Durante los siglos XIX y XX, la evolución constitucional de España se encuentra atravesada por los dos grandes problemas que se han evocado: la fractura social y la fractura territorial. Ambas cuestiones, que siempre habían estado latentes, emergieron con fuerza inusitada en los tres periodos genuinamente democráticos que ha conocido nuestro país y que se iniciaron, respectivamente, en 1868, 1931 y 1978. Durante el Sexenio Revolucionario, previo a la eclosión del movimiento obrero, la llamada cuestión social se expresó fundamentalmente a través de reivindicaciones democráticas como el sufragio universal –masculino– o el derecho de asociación, que fueron reconocidos por primera vez en la Constitución de 1869. Por su parte, la cuestión territorial dio pie a la elaboración de un proyecto de Constitución federal que suponía una firme apuesta por la descentralización política y administrativa. La cosa, como es sabido, terminó con la intervención del ejército al mando del General Pavía, que puso fin a la I República y abrió la puerta a la restauración canovista.

La II República rompió con el pasado y afrontó con valentía los principales problemas de España, en el marco de un proceso modernizador sin precedentes en nuestro país. Por lo pronto, recordemos que la Constitución de 1931 reconoce sin ambages el derecho de sindicación y establece un programa laboral coherente que, inspirado en la política de Weimar, recoge los principales derechos sociales (limitación de la jornada laboral, salario mínimo, vacaciones anuales remuneradas, protección social, etc.). En lo que respecta a la cuestión territorial, la II República inició un sistema de autonomías similar al previsto en la Constitución de 1978, alumbrando instituciones autónomas en Cataluña y el País Vasco y abriendo esta posibilidad en diversos territorios que llegaron a tramitar sus propios Estatutos de Autonomía (Galicia, Andalucía, Aragón, etc.). Sin embargo, la Guerra Civil y la dictadura franquista abolieron de raíz las conquistas democráticas de este periodo y llevaron al extremo el centralismo y el clasismo que han presidido la construcción política del Estado español contemporáneo.

La Constitución de 1978 representa un nuevo intento, mucho más duradero y estable, de componer los grandes conflictos que atraviesan nuestra historia: la cuestión social y el problema territorial. El empuje de las clases populares a través de sus organizaciones políticas y sindicales desembocó en el reconocimiento de un amplio abanico de derechos sociales, aunque ello no fue acompañado de instrumentos adecuados para garantizar su vigencia. La vieja oligarquía franquista consiguió que los avances sociales fueran limitados y precarios, pero no pudo impedirlos por completo. Desde el punto de vista territorial, nuestra Constitución reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, posibilitando una articulación territorial novedosa que se sitúa a medio camino entre el estado unitario y el estado federal y evoca el precedente republicano en aspectos como la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas o la estructura institucional de estas últimas. La constitución económica y el modelo territorial fueron los grandes pilares sobre los que se cimentó el contrato social suscrito por los españoles el 6 de diciembre de 1978.

Cuatro décadas después, España está sumida en una crisis constitucional que ha hecho emerger las principales líneas de fractura que presiden el proceso de construcción del Estado durante los siglos XIX y XX. Las políticas de austeridad europeas han degradado los derechos sociales hasta convertirlos en simples enunciados vacíos de contenido. Las prioridades consagradas en nuestra Constitución (sanidad, pensiones, vivienda, trabajo digno…) carecen de sentido para la mayoría de la población, y muy especialmente para nuestros jóvenes. Paralelamente, el conflicto catalán ha puesto en cuestión el Estado autonómico, cuidadosamente construido –conviene recordarlo– a través de un proceso de diálogo y acuerdo entre el Estado y las nacionalidades históricas. Y una cosa más: entre ambos problemas existe una relación de causa-efecto que suele pasar desapercibida. En Cataluña, el desmantelamiento de los derechos sociales se tradujo rápidamente en una crisis territorial que está muy lejos de haberse resuelto. Lo cierto es que ambos problemas están relacionados y sólo pueden resolverse en un nuevo marco que ofrezca garantías a las clases populares sobre el efectivo reconocimiento de sus derechos y expectativas más básicos.

Llevaba razón Meritxell Batet cuando, el pasado 21 de mayo, en la sesión constitutiva de las Cortes, recordaba que los Diputados no recibimos España en estado de naturaleza, sino mejorada por un gran pacto de convivencia entre los españoles. Pero no es menos cierto que ese contrato social ha sufrido un deterioro acelerado en los últimos diez años y está siendo corroído por el neoliberalismo. La normatividad de la Constitución se ha visto comprometida y lo único que puede revertir el proceso es un Gobierno compartido entre el PSOE y Unidas Podemos que canalice la gran movilización electoral del pasado 28 de abril. Los MacGuffins espoleados por los medios ya no pueden ocultar que nos encontramos de nuevo ante el problema de España. Nuestro país necesita reconstruir su unidad desde la pluralidad y el respeto a la justicia social. Este, que quizá fuera el gran logro de la Constitución de 1978, sería el primer reto del Gobierno de coalición que los ciudadanos exigieron masivamente en las urnas.