Una Tasa Covid para que no paguen los de siempre

Héctor Tejero, diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Coordinador del Programa electoral de Más País

Parece que fue hace años, pero apenas hace unas semanas estábamos discutiendo si la crisis sería en forma de V o de U. Es decir si tras la caída saldríamos rápidamente o estaríamos un tiempo en el pozo. A pesar de que han proliferado múltiples letras y símbolos para describir la crisis, desde la W que anticipa posibles rebrote al símbolo de Nike de la lenta recuperación, hoy ya es evidente que nos enfrentamos a una crisis de consecuencias terribles y que durante los próximos años el Estado va a tener que ocupar un papel mucho más activo y dinámico en la economía. Por un lado porque, tras frenar la curva, arrancar la economía va a necesitar de una inyección generalizada de dinero público. Por otro, porque la única certeza que tenemos ahora mismo es que nos enfrentamos a un futuro lleno de incertidumbres. Y cuando esto ocurre, nos encontramos en el momento keynesiano por excelencia, aquel en el que las instituciones aportan las certezas y seguridades a largo plazo que atemperan los impulsos cortoplacistas de los agentes económicos privados. Finalmente, para salir esta crisis necesitaremos reconstruir y repensar buena parte de nuestras economías, desarrollando inversiones de alto riesgo o con escasa rentabilidad a corto plazo. Es el escenario en el que un Estado emprendedor, como el que propone Mazzucato, interviene sin complejos explorando e invirtiendo en regiones desconocidas. Esas en las que ningún emprendedor se va a aventurar, y menos en estos momentos. 

Esta intervención debe seguir tres grandes líneas de actuación. En primer lugar, los estados tienen que actuar con decisión para amortiguar las consecuencias de la crisis: extender las prestaciones por desempleo para las trabajadoras, avales y créditos para garantizar la liquidez a las empresas (condicionados a que tributen responsablemente) y establecer nuevas figuras como un Ingreso Básico de Emergencia. 

En segundo lugar, necesitamos anticiparnos ante la eventualidad de un rebrote en los próximos meses. Aunque seguramente el mejor arma frente a un retorno del virus va a ser nuestra propia experiencia, también tenemos que prepararnos materialmente. Aumentar la capacidad del sistema sanitario (en personal, reforzando la atención primaria y aumentando las UCIs) y organizar la economía ante posibles nuevos confinamientos parciales (en términos de movilidad, de digitalización, etc), incluyendo actuaciones industriales para que no dependamos de importar productos estratégicos como mascarillas, geles o los materiales para hacer los diferentes tipos de tests. 

Finalmente, vamos a tener que arrancar la economía  y evitar que la crisis se cronifique. Una tarea que se muestra particularmente complicada en España, debido a nuestra dependencia del turismo y el sector servicios, dos de los ámbitos más afectados por las medidas de distancia física. Los próximos meses se va a abrir un debate muy complejo y una disputa muy dura entre la necesidad de ayudar y rescatar a corto plazo a determinados sectores críticos para el empleo del país y la no menos necesaria transformación, mediante una transición ecológica con justicia social, de un modelo productivo que es ambiental y socialmente insostenible y extremadamente vulnerable a shocks externos. 

Pero un Estado emprendedor que asuma las tareas clave de estas tres líneas de actuación va a necesitar grandes cantidades de financiación pública para conseguirlo. Un dinero que a corto y medio plazo sólo puede venir de la emisión de deuda o de imprimirlo en el BCE, o de diferentes combinaciones de ambas variantes a nivel nacional o de la UE (Fondo de Reconstrucción común, rescates, emisiones nacionales o deuda mutualizada). 

Sin embargo, la pregunta clave es quién va a pagar la deuda después. Y esta no es una cuestión técnica sino profundamente política que, además, es inseparable del tipo de sociedades que queremos construir. En 2010 la deuda pública procedente del impacto de la crisis financiera provocada por el irresponsable comportamiento de bancos y empresas se acabó pagando en forma de recortes y austeridad que trajeron enormes sufrimientos a los pueblos de Europa y de los que aún pagamos las consecuencias. Al mismo tiempo, el número de millonarios en nuestro país se multiplicó por 5 entre 2009 y 2019. Esto no puede volver a ocurrir. Una de las grandes peleas de los próximos años será si se va a pagar la deuda con recortes por abajo o con impuestos por arriba. 

Es en este sentido que debe interpretarse la propuesta que hemos lanzado desde Más País de una “Tasa Covid19”. Nuestro sistema fiscal funciona como una red de pesca inversa: deja escapar a los peces grandes y atrapa a los pequeños. Su diseño descansa fundamentalmente sobre los hombros de las clases populares y la pequeña empresa, mientras que grandes patrimonios, millonarios y grandes multinacionales contribuyen, comparativamente, mucho menos a la caja común. Es cierto que es progresivo, pero no para lo más alto de la pirámide. Esto explica en parte porque recaudamos unos 7 puntos menos que la media de la Eurozona, lo que se traduce en casi 80.000 millones menos de euros al año en nuestros Presupuestos Generales del Estado. 

Además de la imprescindible tarea de reforzar los recursos de la Agencia Tributaria para luchar contra el fraude fiscal, es necesario reformar con urgencia al menos dos impuestos que afectan a los que más tienen y, por tanto, a los que más tienen que arrimar el hombro ahora mismo. En primer lugar, hay que añadir tramos adicionales al IRPF, la herramienta fiscal con la que más recaudamos. El IRPF es un impuesto progresivo. Si divides tu salario por tramos, pagas menos por los inferiores que por los superiores, estando las rentas más bajas exentas. Esta progresividad acaba con el último tramo que está en 60.000 euros, todo lo que alguien cobre por encima de esa cifra aporta un 45%, sin importar si son 75.000  o 750.000 euros. Añadiendo dos tipos marginales adicionales, de un 47% para rentas superiores a 100.000 y de un 60% para rentas superiores a 600.000 podríamos recaudar unos 5000 millones anuales. Es una cifra algo superior a lo que el Gobierno ha propuesto gastar cada año en transición ecológica durante los próximos 10 años, es decir: podríamos simplemente duplicar la inversión justo cuando es más necesario. 

Sin embargo, quizás lo más urgente es empezar a tasar a los grandes patrimonios. Nuestro sistema fiscal necesita estar a la altura de los retos inmediatos que vienen, pero también a la altura del siglo XXI. Economistas como Thomas Piketty vienen advirtiendo que es en la riqueza y no en la renta donde se están acumulando las mayores desigualdades. En España, el 1% más rico posee el 20% de la riqueza. Unos 3 millones de euros cada uno. El actual Impuesto de Patrimonio es un verdadero chiste: en general estás exento por debajo 700.000 euros, sin tener en cuenta la vivienda habitual hasta 300.000 euros, y las tasas más bajas son muy bajas. Por ejemplo, alguien que tenga una casa de 600.000 euros, una segunda residencia de 200.000, 300.000 euros en una cuenta corriente y 200.000 más en acciones (no estamos hablando precisamente de alguien de “clase media”) pagaría menos de 1000 euros al año. Eso suponiendo que no viviese en la Comunidad de Madrid, en donde directamente se los devolverían. El consenso entre economistas es cada vez mayor. No solo Piketty, también otros como Gabriel Zucman, Adam Tooze o incluso Georgieva, la directora ejecutiva del FMI, apuestan por impuestos a la riqueza como mecanismo para reducir la desigualdad sin que afecte especialmente a la economía. En Más País apostamos por revisar este impuesto y convertirlo en un Impuesto a las Grandes Fortunas con un tipo de entre el 1% y el 1,7% para patrimonios netos superiores a 1 millón de euros y del 2% para patrimonios superiores a 2 millones. Además, para evitar competiciones fiscales a la baja o que regiones como Madrid hagan dumping fiscal al resto es necesario armonizarlo entre Comunidades Autónomas. Una tasa covid-19 así nos permitiría recaudar unos 10.000 millones adicionales al año. Hemos estimado que esto nos permitiría financiar un Ingreso Básico de Emergencia de unos 600 euros por persona hasta fin de año para todo aquel que, cobrando por debajo del SMI, se viese obligado a solicitarlo. Eso supondría que varios millones de españoles encararían la tempestad que viene con mucha más tranquilidad y la seguridad de unas instituciones que te dejan atrás.  

Nos enfrentamos a lo que puede ser una tormenta económica perfecta, antesala del gran reto que tenemos como civilización: la crisis climática hoy temporalmente opacada por las urgencias que impone la covid-19. Pero no nos engañemos, esta crisis es sólo el primer asalto de lo que viene las próximas décadas. Suena a topicazo barato pero aprovechémosla para encarar el futuro con mejores herramientas. Un sistema fiscal moderno y más justo es una de las imprescindibles