Agenda 2030, ahora un País Sostenible

La pandemia mundial de la covid-19 es una amenaza grave y sin precedentes para la salud, el bienestar y el desarrollo social y económico de la humanidad. El Gobierno de nuestro país está tomando medidas urgentes para frenar su propagación, salvaguardar la salud pública, brindar atención médica y asegurar la protección social y económica a quienes la necesitan.

En muchos aspectos, esta crisis no ha hecho sino actuar como una lente de aumento de los problemas estructurales que ya afectaban a nuestra sociedad, especialmente, a los colectivos más vulnerables. En el marco actual, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible se hacen más urgentes y necesarios que nunca: el fin de la pobreza, la promoción de sistemas públicos de salud universales, la reducción de las desigualdades, la construcción de ciudades sostenibles, la promoción de empleo digno, y la construcción de un sistema de cuidados eficiente y justo.

La ‘realidad’ tal y como la conocíamos se ha transformado de manera súbita y sustancial. La crisis de la covid-19 nos ha obligado a actuar con rapidez y contundencia. Pero este tiempo también debe llevarnos a reflexionar y mirar a largo plazo. Precisamente, el doble carácter pragmático y estratégico de la Agenda 2030 permite actuar en ambos planos: en el de lo urgente (a corto plazo) y en el de lo importante (a largo plazo). Si algo podemos aprender de esta pandemia es que la justicia social y medioambiental es la única alternativa posible al sistema neoliberal; que nos había arrojado a una voraz competencia de todos contra todos, y de todos contra la naturaleza.

La crisis que atravesamos nos hace ser más conscientes aún de la necesidad de acometer transformaciones estructurales en nuestro modelo económico, diplomático, social y medioambiental. Nuestro país debe reformar y fortalecer los sistemas de protección social y el Estado de Bienestar; garantizar el enfoque de los servicios públicos como un derecho de la ciudadanía; reorganizar un sistema nacional de cuidados; reconstruir un nuevo modelo productivo, apoyado en una reindustrialización verde y sostenible; implementar una transición ecológica; reformar los sistemas de producción y consumo; y reforzar la cooperación internacional.

De acuerdo a un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI), Effectiveness and Equity in Social Spending - The Case of Spain (enero, 2020), antes de la Covid19, en nuestro país se daban altos niveles de desigualdad y escasa capacidad redistributiva del gasto social. El informe del FMI destaca que el gasto para la lucha contra la exclusión social se encuentra muy por debajo de los países de nuestro entorno: 16,6% del PIB, frente al 18,8% de media en la UE, y 5.427 euros per cápita frente a los 7.652 euros de media en la UE en 2017. Por otra parte, según el informe del Relator de Naciones Unidas sustanciado en su visita a España en febrero de este mismo año, la gestión neoliberal de la crisis de 2008 habría dejado a mucha gente atrás, como consecuencia de políticas económicas que beneficiaron a las grandes empresas y a los más ricos; mientras que los grupos sociales más desfavorecidos se vieron perjudicados. Además, el relator puso de relieve que las altas tasas de pobreza y exclusión en España (entre las más altas de la Unión Europea) responden a una “elección política”.

En el contexto presente, a medida que el desempleo aumenta como resultado de las medidas de prevención sanitaria, la desigualdad social y económica amenaza con verse incrementada respecto al escenario anterior a la covid-19. Las medidas de urgencia que ha adoptado el Gobierno hasta ahora son necesarias para la coyuntura inmediata, pero no suficientes para encarar el largo plazo: ingreso mínimo vital; ERTE para proteger a los y las trabajadoras; ayudas para autónomos; prestación para trabajadoras del hogar; acceso a préstamos ICO; moratoria de alquileres; o prohibición del desahucio sin alternativa habitacional.

Además de blindar estas medidas hasta cuando sean imprescindibles, en el plan de reconstrucción del país necesitamos un consenso amplio entre distintos partidos que nos permita mirar al futuro. Para ello, considero necesario llegar a grandes acuerdos en, al menos, cinco ejes prioritarios:

• Apostar por un nuevo modelo productivo diversificado, sostenible y soberano, apoyado en una reindustrialización verde que lidere la Transición Ecológica. En este sentido, necesitamos avanzar en el cumplimiento de algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como: el objetivo 9, relativo a industria, innovación e infraestructura; el objetivo 7, relativo a energía asequible y no contaminante; o el objetivo 12, relativo a producción y consumo responsables.
• Reforzar nuestro sistema de protección social y defender los derechos económicos, sociales y laborales.
• Fortalecer nuestro Estado del Bienestar y garantizar unos servicios públicos universales, gratuitos y de calidad.
• Construir el cuarto pilar del Estado del Bienestar, esto es, el sistema nacional de cuidados: guarderías y escuelas infantiles, junto con un sistema público de residencias que pueda responder con eficacia ante nuevos desafíos imprevistos.
• Emprender una reforma fiscal progresiva que asegure la financiación de este incremento del gasto, afianzado en los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad que establece el artículo 31.1 de la Constitución Española, y que nos sitúe paulatinamente en la media europea en términos de ingresos públicos.