La ‘verde’ Iberdrola quería urbanizar un Parque Natural

Una ejemplar, así como poco relajada historia, ha terminado tras 46 años de luchas, tensiones y sobresaltos, con la sentencia del Tribunal Supremo que rechaza, en casación, las insistentes pretensiones de Iberdrola y un consorcio de propietarios de disponer como suelo urbanizable de sus fincas situadas en el Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, en los términos murcianos de Águilas y Lorca. Es esta una historia de luchas contra la explotación de un paraje que ya en 1974, cuando la antecesora de Iberdrola, Hidroeléctrica Española, quiso construir una central nuclear, suscitó una vigorosa oposición ciudadana, inscrita entre las más interesantes y modélicas de la historia antinuclear de España. En 1979, las flamantes autoridades preautonómicas quisieron trazar una carretera costera para unir los dos polos turísticos de Mazarrón y Águilas, lo que fue rechazado por los ecologistas, que respondieron solicitando la protección como Parque Natural del área de montaña, acantilados y playas de Calnegre; un Parque que vio la luz en 1992, declarado por el Gobierno regional socialista y que abarcaba las Puntas de Calnegre, Cabo Cope y la espléndida costa intermedia, de 17 km, con un total de 2.665 hectáreas.

El peor ataque, sin embargo, se inició cuando en 2001 el Gobierno regional, del PP, decidió mutilar el espacio protegido arrebatándole 2.100 hectáreas para construir ahí una inmensa urbanización turística, “Marina de Cope”, de propia iniciativa autonómica, capaz de albergar a 60.000 personas. Esto dio lugar al arranque de numerosas acciones jurídicas, cerradas ahora con la STS arriba mencionada e iniciadas con el recurso de inconstitucionalidad que el PSOE presentó, a instancias de los ecologistas, contra el atropello del Gobierno murciano. El Tribunal Constitucional se pronunció a finales de 2012 declarando nulas las actuaciones autonómicas contra el Parque Regional y devolviéndole su integridad territorial.

No se dieron por vencidas las partes perdedoras, demostrando una constante insania contra la salvaguarda de ese litoral, y obstaculizando sistemáticamente la plena recuperación de la legalidad y de la calidad del espacio protegido. Se inició, así, una perversa colaboración entre la Comunidad Autónoma y los propietarios expectantes, destacando la filial inmobiliaria de Iberdrola, empeñada en rentabilizar las 300 hectáreas que había adquirido (tan confiada en su poderío) para su proyecto nuclear.

El final judicial ha venido determinado por la resistencia de Iberdrola y el Consorcio de los otros propietarios (empresas, cajas de ahorro y particulares) a reconocer las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que anulaban las modificaciones introducidas en el urbanismo municipal de Águilas y Lorca, y bendecidas por la Comunidad Autónoma, cuando se daba por eliminado el Parque Regional. Iberdrola y compañía han apostado fuerte por el hecho de que este Parque carece de Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (achacable a la continua hostilidad del gobierno regional hacia ese espacio), pretendiendo que esto desnaturalizaba al Parque y permitía las actuaciones urbano-turísticas.

El final ha consistido en la minuciosa y sistemática demolición jurídica, muy ejemplarizante, de la sentencia mencionada, de la que se ha desprendido, a modo de resumen de esta saga jurídica, un alto aprecio de los diversos tribunales (el Constitucional y los Contencioso-Administrativos en todas sus instancias) por los espacios costeros protegidos. Desde hace años la iniciativa de respuesta jurídica a las pretensiones urbanísticas en este Parque Regional ha estado a cargo de la asociación ecologista Prolitoral, que reúne a asociaciones y particulares interesados por la defensa jurídica y ciudadana del litoral, apuntándose desde su creación notables éxitos.

El rotundo fracaso –jurídico, empresarial– que ha sufrido Iberdrola en este asunto es proporcional con su empecinamiento en violentar la protección del Parque Regional, y debe ser atribuido muy directamente a su presidente, Ignacio Sánchez Galán (ISG), como uno de los fracasos más importantes de su carrera y de sus negocios, lo que viene a dejar en evidencia sus pretensiones de brillar, también, como empresario del llamado “ladrillo eléctrico”, esa tendencia de las eléctricas a entrar en el negocio de la construcción (y a la inversa). Pero sobre todo, pone de relieve la radical falsedad de sus gestos y pretensiones de adalid empresarial ambientalista que hoy pretende ser, a juzgar por intervenciones y declaraciones a favor de las energías renovables, la lucha contra el cambio climático y bla, bla, bla; toda una sarta de expresiones carentes de la menor sinceridad y que él mismo desmiente con su comportamiento personal y el de su empresa (a cuyos directivos impone el uso de la “corbata verde corporativa”, que pretenderá que sea un indicador de compromiso).

“Marina de Cope es un proyecto muy bonito y en ello seguimos”, decía todavía el presidente de Iberdrola, cuando se esperaba la sentencia del Tribunal Constitucional que desbarataría el proyecto urbanístico en el que tantas esperanzas ponía. Y se sabe de su empeño personal en llevar hasta el Supremo sus ambiciones urbanísticas, pese a las advertencias –sobre todo desde el mundo ecologista– que se le hacían sobre la (muy) remota posibilidad de salirse con la suya y, más todavía, la inconsistencia de su exhibicionismo verde, de tan escasa credibilidad.

A Sánchez Galán se le han pedido explicaciones –sin resultados, por el momento– sobre el desagradable asunto por el que el celebérrimo comisario Villarejo actuó, en nombre y por cuenta de Iberdrola, para romper la oposición de los ecologistas gaditanos en su oposición a la central de Arcos de la Frontera, de gas natural. E incluso se le ha propuesto, con la cordial intención de que él mismo –tan verde y sensible– diera carpetazo a la poco brillante presencia de Iberdrola en la Marina de Cope desde 1974, que acuerde con los ecologistas murcianos el mejor uso ecológico y ambiental de esa finca que nunca podrá explotar crematísticamente.

A este fin –a facilitarle su retirada honorable, si es que es posible, tras tantas perturbaciones del orden ciudadano y jurídico que viene generando en esa costa–, se le ha recordado, avivándole el pasado inmediato, la indignación que supuso para los ecologistas que fuera Benigno Blanco, responsable de la Asesoría Jurídica de Iberdrola entre 1987 y 1996 y, seguidamente, secretario de Estado de Infraestructuras en el Gobierno del PP, quien aprobó la autopista (luego, ruinosa e intervenida) de Cartagena a Vera, que bordeaba el espacio del Parque Regional y que sólo se justificaba en la explotación intensiva de esta costa murciano-almeriense y, muy especialmente, de las 2.100 ha del megaproyecto de “Marina de Cope”, con la estratégica propiedad de las 300 hectáreas de Iberdrola… Y, hace sólo unos meses, ha habido que protestar cuando Manuel Zorrilla Suárez, de la Abogacía del Estado y de carrera profesional en la que aparecen siempre imbricados los intereses públicos con los privados, apareció, en un episodio algo más sospechoso que rocambolesco, y accidentadamente desmentido, del que pudo deducirse que apoyaba, como Abogado del Estado, las tesis de Iberdrola en el recurso de casación, siendo criticado sobre todo por no haberse abstenido en tan delicado procedimiento, dados los estrechos vínculos (como el haber sido miembro del Consejo de Administración de Iberdrola, así como de sus máximos órganos directivos en 2010-2014) mantenidos con la recurrente Iberdrola, de tan evidente incompatibilidad.