El Tribunal Constitucional y el Gobierno del Partido Popular

Germán Gómez Orfanel 

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Los cuatro nuevos miembros del Tribunal Constitucional, ayer, día 13, tras su toma de posesión. De izda. a dcha., Enrique López, Juan Antonio Xiol, Santiago Martínez Vares y Pedro González Trevijano. / Kote Rodrigo (Efe)

El ciclo de renovación completa del Tribunal Constitucional iniciado por el nombramiento de cuatro de sus  actuales miembros en diciembre de 2010, y continuado en julio de 2012, culminó ayer, 13 de junio con el resultado, según una opinión muy común, de generar una mayoría de siete miembros a los que se califica de conservadores  o proclives al Partido Popular, frente a cinco denominados progresistas, e invirtiéndose la relación de fuerzas existente con anterioridad

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Si para formar Gobierno se requiere mayoría  absoluta  o relativa que sea suficiente, en el Congreso de los Diputados que es el órgano decisivo para la creación de las leyes, resulta trascendental tener también mayoría en la institución que actúa, como diría Kelsen, como un legislador negativo dotado del enorme poder de anular las leyes del parlamento. En democracia, el principio de mayoría es uno de los núcleos esenciales de la política, tanto a nivel de los procesos electorales como de las decisiones de los órganos colectivos. Con una excepción, el Gobierno o Consejo de Ministros, donde no se vota o, si se hiciera, no tendría relevancia en el sentido  de que el presidente del Gobierno tiene supremacía sobre sus ministros y puede cesarles libremente.

El problema es que la dialéctica mayoría-minoría en la perspectiva mencionada, se traslada a un órgano constitucional con poder jurisdiccional que actúa como un Tribunal, y que no es una institución política. Parece lógico que los miembros de una institución tan poderosa sean designados por los órganos de la representación popular, dotados, al menos en teoría, de legitimidad democrática, y así sucede en España, aunque la Constitución establece además que dos miembros del Tribunal Constitucional lo sean por el Consejo General del Poder Judicial, elegido a su vez por el Parlamento, y otros dos por el Gobierno, y respecto a éstos no hace falta negociar como sucede respecto a los propuestos  por los restantes órganos constitucionales, ni tampoco tienen que comparecer previamente ante comisiones parlamentarias. En la historia de las renovaciones de nuestro Tribunal Constitucional, hemos sido testigos de cómo algún grupo parlamentario con menos fuerza en aquel momento para negociar, y estoy pensando sobre todo en el Partido Popular, retrasaba abusiva y deliberadamente la renovación, incluso durante meses y años, confiando en que posteriores procesos electorales le beneficiasen.

En estos momentos, el Gobierno ha tenido la suerte de que le correspondiese designar libremente a dos miembros con el único requisito de que sean juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional, exigencia cuyo cumplimiento plantea dudas respecto a Enrique López. Recordemos que la anterior ocasión en que el Gobierno pudo designar magistrados fue en abril de 2004, pocas semanas después de los atentados del 11 de marzo y de las inmediatas elecciones que supusieron la victoria del PSOE y que determinarían que el 8 de junio de 2004 fuesen nombrados, a propuesta del gobierno de Zapatero, los magistrados “progresistas” Aragón y Pérez Tremps. Parece ser que uno de los candidatos que hubiese propuesto Rajoy si hubiese ganado aquellas elecciones, era González Trevijano, quien al final, nueve años después, ha obtenido el puesto. Evidentemente, los magistrados deben ser independientes e imparciales, pero suele acontecer que su ideología e incluso sus intereses convergen con quienes les propusieron, lo cual puede acentuarse por lo que yo llamaría efecto agradecimiento. Es cierto que su mandato de nueve años excede al de los órganos constitucionales que les seleccionan, y que pueden “ir por libre” o incluso defraudar los cálculos y expectativas de los proponentes. Pienso, por ejemplo, en Jiménez de Parga, designado por Felipe González, que llegaría a presidente del Tribunal y que en diversas sentencias importantes encabezó una mayoría conservadora, o más recientemente, Manuel Aragón con su posición respecto al Estatuto de Cataluña o la ilegalización de partidos vascos, sin olvidar tampoco que años antes los votos de dos conservadores, como Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, posibilitaron la elección como presidenta de María Emilia Casas.

Lo normal, y ello acaba produciendo decepción, es que predomine en los casos importantes, una descorazonadora previsibilidad, que las quinielas sobre las votaciones en las sentencias, se acierten plenamente, sin ninguna sorpresa. Personalmente me gustaría que se pudiesen incluir otros criterios para clasificar a los magistrados, aparte del tan sobado par conservador-progresista que hiede ya a bipartidismo neocanovista.

A diferencia de lo que sucede con el poderoso y difícilmente gobernable Tribunal Constitucional Federal alemán y especialmente en sus decisiones sobre los Tratados de la Unión Europea y los mecanismos de rescates financieros, es muy probable que en las relevantes sentencias que están pendientes, sobre la ley vigente del aborto, la reforma laboral o el proceso soberanista catalán, entre otras, el gobierno de Rajoy no experimente sobresaltos y tampoco respecto al destino final de importantes leyes en elaboración. Todo ello contribuiría a reforzar la tranquilidad que supone la mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, a la que acompañará en su momento otra confortable mayoría en el Consejo General del Poder Judicial, que propondrá magistrados no conflictivos para ámbitos tan importantes como la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que juzgará los casos de corrupción, y para la dirección de otros órganos jurisdiccionales. Todo ello puede ser perjudicial para el pluralismo, la democracia y el control del poder político.  Sin embargo tanta felicidad está amenazada. La crisis económica y financiera y las presiones de Berlín y Bruselas condicionan el margen de actuación del gobierno y están minando la legitimidad de las instituciones españolas y la confianza de los ciudadanos, y ello afecta especialmente al Gobierno de Rajoy y sobre todo al liderazgo de éste.

Además, aunque el Gobierno “controla” la mayoría de las Comunidades Autónomas, ello no sucede con las más importantes como Cataluña, País Vasco y Andalucía, y si bien es cierto que también la crisis económica limita las posibilidades de actuación de ellas, las tendencias soberanistas o secesionistas catalanas y también vascas, son difícilmente  gobernables.