El momento de redefinir un espacio de acuerdo común y plural

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Germán Gómez Orfanel

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Cubierta de la primera edición (1651) del 'Leviathan', de Thomas Hobbes.

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El XXXV aniversario del texto constitucional de 1978 ha situado ante la opinión pública, con más intensidad que en ocasiones anteriores, el análisis y el debate sobre nuestra Constitución. Los cumpleaños pueden ser una buena ocasión para la reflexión y la puesta en marcha de iniciativas.

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Atrás quedan ya los tiempos de la resistencia y temor a reformarla. Reconociendo los importantes servicios prestados, predomina la idea de que la realidad ha cambiado y es preciso adaptarse a ello. “Nada es eterno”.

En unos momentos de profunda crisis, no sólo económica y financiera sino también institucional e incluso de legitimidad, puede surgir la tentación ensoñadora de volver a los orígenes puros, convocar al conjunto de los ciudadanos a que decidan con acuerdo a qué principios quieren organizar  su convivencia social y política.

Establecer un nuevo contrato social, que no olvidemos que tiene mucho de ficción, poner en marcha un poder constituyente que teóricamente estaría capacitado  para partir de cero, sin limitación alguna y que quizá sin excesivo fundamento, asocio ahora con la multitud de hombrecillos que la genialidad de Hobbes nos presentaba constituyendo la figura artificial e instrumental del Leviatán, que curiosamente enarbola en sus manos tanto la espada del poder político, como el báculo del poder religioso.

Pero todo eso tiene bastante de pesadilla y de trampa, y la realidad actual es bastante compleja y las posibilidades de actuación notablemente limitadas. Aunque sea tópico repetirlo, nos movemos en el ámbito de la globalización y del determinismo económico, pero también de la supranacionalidad europea. Pero sí debería existir espacio para la negociación política entre un cuerpo de ciudadanos pluralista.

La Constitución de 1978 mitificó la categoría mágica del consenso, y ahora las cosas pueden ser más complicadas. Incluso si nos situamos en el ámbito de las reformas constitucionales, habría que tener en cuenta lo siguiente.

Si partimos de los grandes conceptos, ¿seguiría teniendo validez la fórmula con la que se inicia el texto constitucional vigente? –“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”–, y España no es sólo una realidad geográfica, histórica y cultural sino sobre todo algo relacionado con el titular de la soberanía, el pueblo español, en cuanto conjunto de los ciudadanos que quieren vivir bajo unas mismas leyes, y dicho esto, habría que plantearse si España es una magnitud plurinacional y si la voluntad del pueblo español está limitada por el reconocimiento de unos derechos históricos e incluso soberanistas de unas comunidades territoriales que han formado parte de ella.

Así pues, el enunciado constitucional mencionado se conecta por un lado con el decisivo problema de la organización territorial del Estado, y por otro con el cuestionamiento actual del carácter social del Estado y la calidad de su democracia.

Respecto a lo primero, además de las estrategias independentistas o secesionistas, la posición de los grandes partidos es bastante divergente, ya que en contraste con las propuestas federalistas del PSOE, el Partido Popular no es muy favorable a sustituir el actual modelo autonómico; es más, sectores importantes del mismo son partidarios de una opción  recentralizadora, devolviendo al Estado central competencias autonómicas.

Pero desde hace tiempo, la gran cuestión es la de la integración estatal de Cataluña, ámbito en el que han aumentado de modo preocupante las posiciones fundamentalistas. El foco de interés parece desplazarse a una eventual consulta a los ciudadanos catalanes, que podría generar una reforma constitucional, en la que se activaría un referéndum en el que participaría el conjunto de los españoles, y conciliar el resultado de ambas decisiones, podría ser una tarea bastante problemática.

Pero no es fácil mantener una integración nacional o territorial, sin un mínimo de cohesión social y económica entre los ciudadanos, y en éste escenario la crisis económica y el déficit público y los recortes generados, junto con el conocimiento de la corrupción están dejando una terrible y dolorosa huella.

En este sentido las estrategias que proponen ambos grandes partidos, dentro del limitado campo de actuación del que disponen, son distintas. Procurar mantener en lo posible el Estado Social y sus prestaciones, lo que requiere garantizar unos abundantes recursos financieros, u optar por actuaciones neoliberales, que ante una eventual superación de la crisis, permitan bajar los impuestos.

La calidad de nuestra democracia cada vez está más cuestionada, y ello debido en gran medida a cómo hemos entendido y practicado la democracia representativa. Los déficits de participación ciudadana han producido tanto apatía y desánimo en unos sectores, como una creciente politización en otros, generando desafección respecto a las instituciones y desorientación para proponer alternativas.

El nivel de los conflictos y su intensidad va aumentando y se pretende su control y la disciplina de los ciudadanos, con instrumentos autoritarios y sanciones económicas abusivas al servicio de lo que se entiende por  seguridad ciudadana.

Por otro lado, la mayoría absoluta parlamentaria del Partido Popular, le va posibilitando disponer también del control mayoritario de otras instituciones constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial, que decide  por ejemplo sobre la designación de los principales cargos judiciales, incluyendo la pertenencia al Tribunal Supremo,y del propio Tribunal Constitucional, produciendo una nociva concentración de poderes.

En 1985, el profesor Lucas Verdú, publicó un original libro con el título de El sentimiento constitucional, aportación dirigida a la integración política. En nuestra historia constitucional, numerosas personas han llegado incluso a perder su vida por la defensa de las ideas de la Constitución de Cádiz de 1812, o del ordenamiento republicano de 1931. Todo ahora es más relativo y posible y afortunadamente menos dramático, y el entusiasmo constitucional actual es bastante escaso, pero nos estamos jugando cosas importantes, que sobre todo solemos apreciar y echar de menos cuando desaparecen.

Es un momento de negociación política, de redefinir un espacio de acuerdo común y plural que luego permita actuaciones diferentes en consonancia con las mayorías políticas que se formen.

Los ciudadanos sobre todo, pero también los principales partidos políticos, en un momento en que parece disminuir el bipartidismo preexistente, debemos actuar, aunque el concepto no guste a algunos, con unas buenas dosis de patriotismo constitucional, compatible con el universalismo de los derechos y libertades y la ampliación de los escenarios constitucionales.

3 Comments
  1. Blackstone says

    Me equivoqué al defender tanto la tradición constitucional. No deseo que la Constitución española quede encerrada en tradición alguna. Hay que acometer prudentes reformas que beneficien a los españoles y, sobre todo, a los más jóvenes

  2. carlosg says

    ¿Prudentes reformas? O se cambia de arriba a bajo o, cuando caiga, nos aplastará a todos. Proceso Constituyente YA.

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