El lío de la oposición desvía la atención del juicio más grave de corrupción contra el PP

Íñigo Corral *

El PP ya estaba resignado a ir a unas terceras elecciones. Y lo hacía con unas encuestas favorables pero con un panorama judicial que presagiaba negros nubarrones. El juicio del caso Gürtel, el asunto más grave de corrupción del partido de Mariano Rajoy y sobre el que más páginas de periódicos se han escrito, empieza mañana. Pero los nubarrones han dado paso a una especie de tormenta perfecta capaz de conseguir que la vista oral que afecta a varios ex altos cargos del partido que gobierna en España no pase de ser una borrasca, y de las pequeñas. La oposición en bloque parece haberse conjurado para tapar las vergüenzas del PP. El principal partido de la oposición se desangra, el segundo muestra sin pudor sus profundas diferencias en público, el tercero guarda un silencio nada habitual hasta ahora y los independentistas catalanes vuelven  al tema del referéndum. La cuadratura del círculo se podría cerrar con un pacto PNV-Bildu. Todo eso, unido a una mayoría absoluta en Galicia que sirve para tapar la debacle en el País Vasco, es material de sobra para desviar la atención de lo que realmente importa a los ciudadanos: saber si una serie de funcionarios nombrados a dedo se dejaron sobornar con “regalos y pagos en especie”, según el fiscal, a cambio de prestar favores a una red corrupta liderada por Francisco Correa.

Han pasado casi nueve años desde que en noviembre de 2007, José Luis Peñas, un exconcejal del PP en el municipio madrileño de Majadahonda acudiera a la Fiscalía Anticorrupción para hacer entrega de 18 horas de grabaciones de conversaciones mantenidas con Correa (Gürtel en alemán). La denuncia no cayó en saco roto y, como si fuera un embarazo, nueve meses más tarde pasó a manos del juez Baltasar Garzón, quien en febrero de 2009 ordenó las primeras detenciones. La investigación del que fuera durante muchos años titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional y de su sustituto, Pablo Ruz, dio como resultado que corruptos y corrompidos compartan el banquillo de los acusados. En total, la trama obtuvo  durante casi una década contratos públicos de forma irregular por valor de 8,4 millones de euros.

Dado lo complejo de la causa, el tribunal del que fueron apartados por falta de imparcialidad Enrique López y Concepción Espejel, juzgará la parte de la investigación denominada 'Época I 1999-2005', en la que están inmersas 37 personas y donde la peor parte se llevan el extesorero del PP, Luis Bárcenas, y Correa, para quienes el fiscal pide 42 y 125 años, respectivamente. En síntesis, lo que se viene a dilucidar si la “estrecha” amistad que mantenían los miembros de la red corrupta con distintos dirigentes del PP les sirvió para lucrarse en una especie de compraventa de favores. La trama fue quien ideó un sistema de facturas falsas que les sirvió para crear una 'caja B' en la contabilidad de las empresas de donde sacaban el dinero para sobornar a los cargos públicos a cambio de la obtención de contratos. Sin embargo, el entramado dependía en última instancias de entidades opacas en paraísos fiscales como la isla caribeña de Nevis.

El modo de engorar sus cuentas corrientes no requería de mucha ingeniería financiera sino más bien de contactos. Correa acudía a diversos ayuntamientos gobernados por el PP como Majadahonda o Pozuelo de Alarcón (ambos en Madrid) o consejerías de la comunidad como la que dirigía Alberto López Viejo y obtenían de forma irregular contratos para sus empresas. En total, el fiscal les acusa de embolsarse 8,4 millones de euros entre los años 2000 y 2008. Pero eso no les bastaba porque al mismo tiempo hacían de conseguidores para que otras empresas ajenas a su grupo obtuvieran, previo pago del correspondiente peaje, suculentos contratos. De esta otra forma obtuvieron ingresos por valor de 2,85 millones de euros. Tan es así que en este primer juicio hay acusados dos empresarios que obtuvieron una gran cantidad de contratos a cambio de importantes sumas de dinero.

Capítulo aparte merece la historia de Ana Mato. El Ministerio Público considera a la exministra de Sanidad es partícipe “a título lucrativo” de la conducta delictiva de su exmarido Jesús Sepúlveda durante su etapa como alcalde de Pozuelo. Esta calificación jurídica se aplica a las personas que se benefician de la comisión de un delito ajeno sin ser consciente de la ilicitud de dicho acto. Aquí las piezas del puzle le encajan a la Fiscalía porque la acusación que pesa contra Ana Mato es haberse beneficiado de regalos en forma de viajes, artículos de lujo e incluso las fiestas de cumpleaños para sus hijos, todo ello por un valor de 28.467 euros. Porque claro, esos regalos tenían un precio a pagar en forma de contratos del consistorio a las empresas de la Gürtel. A la exministra le queda un resquicio legal para no verse en el banquillo, y es abonar de forma inmediata esa cantidad. Lo que ocurre es que, en la práctica, sería como asumir una responsabilidad que ha rechazado hasta la fecha.

Otro foco de atención estará puesto en el destino final de parte del dinero que se entregaba a los cargos públicos del PP. No es baladí el hecho de que entre los acusados aparezcan las tres personas que han llevado las cuentas del PP durante 20 años: Álvaro Lapuerta, Ángel Sanchís y el propio Luis Bárcenas. De hecho la Fiscalía apunta que parte del dinero que Correa entregó a los alcaldes de Majadahonda y Pozuelo sirvió para financiar la campaña electoral en las elecciones de 2003 y de ahí también que el  Ministerio Público reclame a la formación política una multa de 328.440 euros.

En el ámbito político local, la máxima responsabilidad recae sobre Alberto López Viejo, el que fuera viceconsejero de Presidencia en el Gobierno madrileño Esperanza Aguirre y para quien el fiscal pide 46 años de prisión y una multa de 5,8 millones de euros. Los conseguidores de la Gürtel le obsequiaron con 472.465 euros por autorizarles a organizar 386 actos del partido en que la protagonista fue siempre la expresidenta madrileña. El modus operandi era sencillo: se fraccionaba el importe de las facturas al margen de las leyes que regulan los contratos públicos y así eludían pasar el filtro de un posible concurso. El premio a su eficacia ascendió a los 2,66 millones de euros

Correa le ha visto las orejas al lobo dentro de la cárcel y, pocos días antes de empezar el juicio, le ha dado un arranque de generosidad propio de aquellos que saben que van a ser condenados y que una colaboración con la justicia puede equivaler a ver reducida su condena. En plan colaborador, y como parte de la responsabilidad civil que le exige el fiscal, ha autorizado al reintegro de 2,2 millones de euros de las cuentas que tiene bloqueadas en Suiza a la Hacienda Pública y a cuatro de los ayuntamientos donde puso el cazo: Madrid, Majadahonda, Pozuelo y Estepona

Si se cumplen los plazos previstos por la Sección Segunda de la Sala de lo Pena presidida por el magistrado Ángel Hurtado, los 37 acusados tendrán tiempo de explicarse hasta el 20 de diciembre, fecha en que está previsto concluyan sus declaraciones. Lo que también tendrá morbo es la fase testifical, donde además de prestar declaración Esperanza Aguirre, tendrán que ir a la Audiencia Nacional como testigos otros cinco ministros de la época de Aznar: Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Francisco Álvarez Cascos.

(*) Íñigo Corral es periodista.