Esperanza Aguirre y el Gobierno de los mejores
El sábado 22 de noviembre de 2003, en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, todo eran sonrisas y felicitaciones a “la jefa”. En el mismo edificio desde cuyo balcón se proclamó la República 72 años antes, Esperanza Aguirre lanzó a los madrileños el mensaje de que podían estar “tranquilos” porque el suyo era “el mejor equipo” de gestión de la “historia del estado autonómico de España”.
Entre los nueve hombres y dos mujeres que tomaron posesión aquel día como miembros de ese Gobierno, nacido de la mayoría absoluta que el PP cosechó tras la repetición de las elecciones por la espantada de los diputados socialistas Tamayo y Sáez, a dos se les veía especialmente radiantes: Ignacio González, que tras su paso por Interior era nombrado vicepresidente regional y consejero de Presidencia con amplios poderes, y Francisco Granados –el brillante alcalde de Valdemoro y 'equilibrado' presidente de la comisión de investigación que finiquitó las expectativas presidenciales de Rafael Simancas–, al que se adjudicó la Consejería de Obras Públicas, que iba a acometer la mayor ampliación del Metro de Madrid de su historia.
Ese acto no lo organizó la trama Gürtel, a la que se juzga estos días por adjudicarse a dedo más de seis millones de euros en contratos públicos de la Comunidad de Madrid, pero sí muchos de los que vinieron después, como el homenaje a las víctimas del 11-M, que se troceó en más de diez facturas diferentes para que ninguna superara el límite de 12.000 euros que obligaba a publicitar el concurso.
Hoy la doble G del Gobierno de Aguirre, los enemigos íntimos que ordenaban espiarse y se cruzaban dossieres sobre sus negocios, duerme en prisión. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco les acusa de liderar dos organizaciones criminales, llamadas por los investigadores Púnica y Lezo, con las que se hicieron millonarios a base de amañar contratos públicos a cambio de mordidas, obligar a los adjudicatarios a asociarse con sus familiares y testaferros y saquear instituciones públicas como el Canal de Isabel II. Pero esos dos sumarios también revelan que, mientras se llenaban sus bolsillos, también financiaban de forma presuntamente irregular las arcas del PP de Madrid, lo que permitía a Aguirre acudir a las elecciones, que ganó tres veces con mayorías cada vez más absolutas, en posición de ventaja respecto de sus competidores.
El sospechoso enriquecimiento de Ignacio González que la Guardia Civil ha destapado esta semana con su detención es un secreto a voces de la política madrileña de la última década, hasta el punto de que en una de las cenas de navidad que la Comunidad de Madrid organizaba a todo trapo en su sede, Esperanza Aguirre, siempre socarrona, se paseó de mesa en mesa preguntando a los periodistas si su número dos era “tan corrupto como se decía”. Tan notorios eran los desmanes que al gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, se le conocía jocosamente en aquella época como ‘el Egipcio’, por su manera, decían, de colocar la mano para cobrar comisiones. El juez, de momento, se las adjudica en la construcción de los Teatros del Canal, en el que se produjeron sobrecostes de más de 25 millones de euros.
Tras esas multitudinarias cenas de navidad con la prensa, los invitados se cruzaban al edificio de enfrente, la Consejería de Presidencia que dirigía el siempre divertido Paco Granados, para consumir la barra libre que, según él, organizaba su amigo Pepe, “el inventor de la discoteca móvil”, que no era otro que José Luis Huertas, el dueño de Waiter Music imputado en el caso Púnica. Eran los tiempos en los que los maliciosos en el PP recomendaban a los periodistas tomar fotografías de los valiosos relojes que González exhibía cada semana en las ruedas de prensa posteriores a los Consejos de Gobierno porque, algún día, serían noticia.
El auto de prisión de ‘Nachete’, como le llamaba Esperanza Aguirre, pone de relieve que habría cobrado 1,4 millones de euros en una cuenta en Suiza por la adjudicación del tren que iba a unir Móstoles con Navalcarnero, que nunca se construyó, que las inversiones del Canal de Isabel II en Colombia y Brasil supusieron el desvío de 25 millones de dólares a paraísos fiscales y que la modificación del proyecto del Tercer Depósito en Chamberí, que reconvirtió en campo de golf urbano el terreno destinado a un parque y unos campos de fútbol, era en realidad la tapadera de un lucrativo negocio del que se beneficiaron su hermano y su cuñado.
En 2007 González defendió en la Asamblea de Madrid la legalidad del proyecto, atribuyó la contratación a los servicios técnicos del Canal y sugirió que, si "alguien" consideraba que "alguna actuación administrativa" pudiera ser "delictiva" y tenía "pruebas de ello" lo denunciará ante la Justicia. Y lo hizo con el mismo tono que utilizaba Granados para clamar en televisión contra los “políticos sinvergüenzas” y advertir desde su escaño a un diputado de la oposición de que, si todos los políticos del PSOE imputados por corrupción dejaran el partido, el resto cabría en un taxi.
Y mientras tanto, Esperanza Aguirre, en la agonía de su carrera política, despacha con unas lágrimas la responsabilidad de haber nombrado a Granados y González y a la treintena larga de cargos que también le salieron rana, reitera en la Audiencia Nacional que fue ella quien destapó la Gürtel y aprovecha su comparecencia en el juicio como testigo para reivindicar su obra política, y de paso, su último libro, titulado ‘Yo no me callo’. Pero son sus propias palabras, recordadas por Granados desde la cárcel en una carta escrita entre la melancolía y el despecho, las que retumban en el ambiente: “Todo se puede delegar menos la supervisión”.
