Banco Malo, el mejor instrumento de blanqueo sin pagar impuestos

Nada, ni un cartel ni la típica placa aurificada, indica que en el edificio de hormigón, aluminio y metacrilato de Ahorro Corporación, en el número 89 del Paseo de la Castellana, se ubique la sede central del Banco Malo. Pero así es. El “mayorista de inmuebles y terrenos” de las entidades bancarias intervenidas por el Banco de España gestiona bienes valorados en torno a 60.000 millones de euros, pero en vez de utilizar alguno de sus activos tóxicos como sede, paga 720.000 euros al año por el alquiler de dos plantas del edificio del extinto Banco Zaragozano.

Cuando el corresponsal metropolitano llega a la sede de este Banco Malo, el director general, Walter de Luna, un experto inmobiliario procedente del banco ING, no se encuentra en su despacho. Son las doce del mediodía del 26 de diciembre y se comprende que a esta hora los directores generales no sean molestables. Tanto Walter como la presidenta, Belén Romana, exdirectora general de Política Económica y exdirectora del Tesoro, han recibido los elogios del propio ministro de Economía, Luis de Guindos, como grandes profesionales independientes. Su remuneración tiene un tope de 500.000 euros anuales.

Cuentan que para elegir a los directivos de la Sociedad de Activos de la Reestructuración Bancaria (SAREB) o banco malo, los responsables del FROB o Banco de España echaron mano de una empresa cazatalentos, Spencer Stuart, y que ésta acertó a ofrecer el perfil de Romana, curiosamente una mujer de confianza del propio De Guindos, para presidir la entidad. Desde 2010, la nueva presidenta compatibilizaba el puesto de directora general del Círculo de Empresarios con los consejos de administración del recién desaparecido Banesto y de Acerinox.

Junto con la presidenta y el director general, los consejeros designados en representación del capital público son el octogenario Rodolfo Martín Villa y la exconsejera del Banco de España Ana María Sánchez Trujillo. El resto del consejo de administración lo integran los “independientes” José Ramón Álvarez Rendueles, que fue gobernador del Banco de España; Luis Sánchez-Merlo, otrora secretario general del fallecido presidente Leopoldo Calvo-Sotelo y presidente de Lantano Capital y de la sociedad de satélites de comunicación SES Astra Ibérica; Emiliano López Achurra, del grupo Iberdrola-Gas Natural y de Petronor; el notario Javier Trillo y el registrador Celestino Pardo.

En las dos plantas de esta torre del Banco Malo ya trabajan unos treinta empleados y está previsto que la plantilla se triplique en 2013. Su función consiste en “empaquetar” los activos tóxicos y venderlos al mejor postor sin preguntar de donde viene el dinero. Si la inversión procede de paraísos fiscales, tanto da. La consigna es “no preguntar”; lo importante es colocar a los inversores, tanto nacionales como internacionales, los 89.000 pisos y los 13 millones de metros cuadrados de suelo recogidos de Bankia y las demás entidades intervenidas. Para realizar esta operación y obtener los 60.000 millones de euros estimados, los gestores tienen un plazo de quince años.

El corresponsal llevaba una pregunta para Walter. Era la misma que la portavoz de Coalición Canaria, Ana María Oramas, hizo al ministro De Guindos y éste dejó sin contestar: “¿Por qué no se valoraron así los activos –con un descuento medio del 63% sobre el valor en libro-- y se entregaron a 15 años a sus propietarios?” Pero el director general, según repitió su secretaria, no se encontraba. Lo cierto es que ahora este Banco Malo solo ofrece ventajas a los inversores. Los empaquetadores van a ofrecer unos FAB o Fondos de Activos Bancarios muy similares a las famosas hipotecas subprime que infectaron el planeta financiero. Sólo que ahora los activos ya están devaluados y el empaquetado se va a hacer al gusto del inversor, aunque combinando activos muy rentables con otros menos rentables para equilibrar los riesgos.

La inversión mínima deberá ser superior a 100.000 euros –los inmuebles por debajo de ese precio siguen en manos de las entidades intervenidas–  y los inversores deberán ser profesionales, estarán sujetos a la supervisión de la CNMV y podrán emitir bonos con cargo a los FAB. Las ventajas de estos fondos son enormes. Valen para blanquear dinero de los paraísos fiscales –en franca competencia con la deuda pública--, tienen un trato fiscal estupendo: sólo pagarán el 1 ó 2% de la rentabilidad que obtengan, como las SICAV; no pagan el impuesto de transmisiones propio de las compra-ventas de viviendas, que oscila entre el 6 y el 8%, según cada autonomía. Tampoco pagan el impuesto urbano de plusvalías, que, como el de transmisiones, se cargará sobre el comprador final, y, por si fuera poco, a los inversores extranjeros no se les cobra un euro de impuestos cuando liquiden el FAB y recuperen su inversión inicial. Con estos detalles se comprende el fracaso de la “amnistía fiscal” de Cristóbal Montoro en aras del nuevo mecanismo de blanqueo, más barato y encima rentable, de su colega De Guindos.

Ya en la puerta del Banco Malo, el corresponsal se cruza con un consejero perfectamente trajeado que va hablando por teléfono. Y unos pasos más allá es abordado por un joven que con su mejor sonrisa le pide unos euros para poder comer. Se llama Ahmed (Jaime) El Salami, tiene 36 años y lleva 15 en España, donde cursó la carrera de Derecho. Se casó con Lucía, natural de Valdepeñas (Ciudad Real), y es padre de dos niños, Carlos y Jaime. Vivían en Moral de Calatrava y él trabajaba en la constructora Hermanos Sancho, que ha edificado viviendas en Manzanares y en Toledo, pero se quedó en paro, se le agotó el subsidio, le desahuciaron por no poder pagar la hipoteca y tuvo que enviar a su mujer y a sus hijos a vivir con sus padres en Marruecos. Duerme en un albergue de Cáritas y busca trabajo desesperadamente. Por supuesto, Ahmed no sabe que la casa que le quitaron está ahí metida, en el Banco Malo, y que a costa de su sufrimiento un puñado de delincuentes fiscales se seguirán forrando.