La sindéresis

Seguro que muchos de ustedes ya lo saben, pero la sindéresis es la capacidad natural del hombre para juzgar rectamente. Una facultad que desde hace cierto tiempo nos empeñamos en pisotear y que, desde Europa, nos acaban afeando continuamente, porque en lugar de cumplir como demócratas las leyes que nos hemos dado, nuestros tribunales, Supremo y Constitucional, hacen interpretaciones en contra de reo y de la Constitución, como, por ejemplo, y entre otras, la doctrina Parot. El tratar de contentar a los políticos en el poder —que en definitiva son los que, por medio del cambio de cromos les han puesto ahí, y pueden decidir sus destinos futuros— hace que algunos magistrados decidan olvidar o prescindir de su sindéresis.

La última astracanada en la que se ha visto envuelta la Audiencia Nacional ha sido la protagonizada por el magistrado Juan Pablo González González, que acaba de aterrizar en ese tribunal en comisión de servicios y que ha decidido perseguir a la cúpula de ETA por delitos de lesa humanidad cometidos a partir de 2004. El ilustrísimo González fue elegido vocal del Consejo del Poder Judicial en 2001 a propuesta del PP y ha triunfado en La Razón, con sus columnas de opinión. Ahora ha recalado provisionalmente en la plaza dejada por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, nombrado juez de enlace con Francia, y que ya había rechazado este asunto del genocidio, aunque la Sección Cuarta le había instado a que lo estudiara más profundamente.

No albergo ninguna simpatía por los terroristas de ETA. Todo lo contrario, su desprecio por la vida de los que no piensan como ellos me merece el más profundo rechazo y sus atentados, la más firme de las condenas. Y entiendo que todas las sentencias a penas de prisión del mundo no mitiguen el dolor de Daniel Portero, cuyo padre fue asesinado por ETA, y cuya asociación, Dignidad y Justicia, ha instado este nuevo proceso por genocidio y delitos de lesa humanidad. Pero una cosa son las víctimas y su dolor, y otra, la justicia.

Hace mucho tiempo, desde 1948, que el genocidio y los delitos de lesa humanidad figuran en los tratados internacionales, que fueron suscritos por España veinte años después, en 1968; y en los años 90 cuando ETA estaba muy activa, el juez Baltasar Garzón inició un procedimiento en ese sentido, que él mismo acabó archivando.

Ahora que ETA está dando sus últimos estertores y que en 2011 anunció que dejaba de matar; ahora que llevamos todo el año en periodos preelectoral, electoral y postelectoral y los políticos necesitan que los ciudadanos olvidemos sus implicaciones en las corrupciones que asuelan el país; ahora que precisan recordarnos que ellos siempre van a estar en primera línea para defendernos, el Parlamento Navarro, a instancias de Dignidad y Justicia, y con los votos de UPN, PP y PSN, proclamó que el terrorismo de ETA constituye delito de genocidio y delitos de lesa humanidad. Una declaración que, parece evidente, corresponde a los jueces. Poco después, el Congreso debatió la misma cuestión, si bien, rebajó las pretensiones de UPyD y condenó los crímenes de ETA, pero dejando a los jueces la decisión de si esos crímenes constituyen delito de genocidio o no.

No lleva todavía un mes en la comisión de servicios, cuando el juez Juan Pablo González ya ha abierto en nuevo frente (auto).

El caso es que la justicia española lleva una serie de años persiguiendo el genocidio y los delitos de lesa humanidad de acuerdo con el principio de jurisdicción universal. Nadie ha protestado mientras los perseguidos eran generales serbios o bosnios, dictadores de países tercermundistas o incluso milicos torturadores argentinos. No ocurrió lo mismo cuando un juez quiso meterse con dirigentes y militares israelíes por un bombazo de una tonelada en Gaza que dejó un reguero víctimas, eso que desde el poder se denominan "daños colaterales". Fue la ministra israelí Tzipi Lipni la que nos informó a los españoles que nuestro Gobierno iba a restringir la jurisdicción universal.

Luego, la Sección Cuarta de la Nacional ordenó la detención internacional de Hu Jintao y Jiang Zeming por el genocidio del Tibet, pero, ante las posibles represalias chinas, el Ejecutivo español cercenó cualquier tipo de posibilidad de perseguir aquel delito.

Y verán, aunque los crímenes cometidos por el terrorismo yihadista encajan mucho mejor en la definición de genocidio o de delitos de lesa humanidad, nadie ha acusado de genocidio a ninguno de los yihadistas detenidos en España, por más que se amparen en una guerra de religión y pretendan exterminar a los cristianos o incluso al mundo occidental. Suele ser suficiente la condena por pertenencia a organizaciones terroristas, además de los asesinatos, secuestros o financiación de los que también se les acuse.

Los miembros de las sucesivas cúpulas de ETA han sido condenados por integración en organización terrorista en grado de dirigente, más los asesinatos y los otros delitos concretos que cometieron. La mayoría de ellos afronta penas superiores a los cuarenta años de prisión, el máximo que van a cumplir en España, porque la prisión permanente revisable ha entrado en vigor con posterioridad a sus condenas.

¿A qué viene pues este aparatoso andamiaje jurídico de dudosísima legalidad para condenar de nuevo a quien ya está condenado al máximo posible?

¿Será verdad, como circula en la Audiencia Nacional, que el ilustrísimo González, que es titular de una plaza en la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, pretende hacer méritos para que los mismos que le han nombrado para la comisión de servicios, el hiperfavorable y conservador Consejo del Poder Judicial que preside Carlos Lesmes, le designe magistrado de la Sala Penal de la Nacional?

Como siempre, querido lector, ahora que conoce los hechos, usted decide.