Rajoy ajusta la aprobación de los PGE a su decisión de convocar las generales el 13 de diciembre

Dicen que Mariano Rajoy es un presidente previsible. Lo que se oye menos -y es igual de cierto- es que, le salga o no le salga bien la jugada, siempre ajusta sus hojas de ruta al milímetro para sacar adelante sus planes políticos. Y eso es lo que tiene previsto hacer con los Presupuestos Generales del Estado para 2016.

El presidente, de acuerdo con Ángela Merkel y los conservadores de Bruselas que controlan el poder en la Unión Europea, según denuncia toda la oposición, quiere dejar las cuentas atadas y bien atadas por si pierde las elecciones y, consecuentemente, el control del BOE. ¿La excusa?, añaden los críticos, es que si pierde los comicios, el nuevo Gobierno no podrá modificar las líneas maestras de su política, las que han permitido la recuperación económica de la que hace gala.

La oposición lo tiene tan claro que Pedro Sánchez, el líder del PSOE, ha definido la estrategia gubernamental sobre el debate de los Presupuestos como un intento de dejar hipotecada la política económica de España durante todo el año que viene, gobierne quien gobierne. Algo que el secretario general del PSOE ya adelanta que no va a permitir si de las generales sale un Gobierno de cambio, que espera presidir, de los socialistas con Podemos o con otros grupos de centro izquierda.

El plan que denuncia la oposición ya está trazado. El objetivo de Rajoy, afirman, es aprovechar la mayoría absoluta con la que cuenta en el actual Parlamento -porque está convencido de que no la repetirá- para dejar aprobados los Presupuestos de 2016 a primeros de octubre, antes de convocar las elecciones generales y que se celebren entre los 54 y los 60 días siguientes, como exige la Constitución.

El Gobierno, en una decisión sin precedentes en toda la historia de la democracia española reciente –lo habitual ha sido entregarlos el 30 de septiembre y aprobarlos en diciembre-, ya ha anunciado que presentará en el Congreso los Presupuestos, casi acabados a marchas forzadas por Cristóbal Montoro, el 4 de agosto. Y a partir de ahí empezarán a correr los plazos.

Los primeros que van a “sufrir” el adelanto serán los ministros y altos cargos de la Administración, que comparecerán en el Congreso la semana que se inicia el 17 de agosto. Algunos de ellos, sobre todo los cargos de segundo nivel que presiden organismos autónomos, no han ocultado en privado que el adelanto les ha roto completamente los planes vacacionales veraniegos, aunque se lo temían porque a mediados de junio recibieron la orden de ir elaborando las cuentas de sus áreas respectivas para el año que viene y les dijeron que debían entregarlas a finales de ese mes o primeros de julio.

En la última semana de agosto, el pleno del Congreso celebrará el debate sobre las enmiendas de totalidad que formulen casi todos los grupos parlamentarios de la oposición y que serán rechazadas por los votos del PP en exclusiva. En la primera semana de septiembre, las cifras de previsión de gastos e ingresos del Estado pasarán a debatirse en la Comisión de Economía de la Cámara Baja y quedarán aprobados para ser debatidos en el pleno que se celebre la semana que comienza el 7 de septiembre.

Inmediatamente después, a partir del día 14 de setiembre, se iniciará en el Senado la tramitación de los Presupuestos aprobados por el Congreso. Eso sí, concediendo una semana de cortesía, sin plenos, como se hace antes de cualquier tipo de elecciones, justo antes de la celebración de las elecciones catalanas del 27 de septiembre.

Entonces, los trámites del debate de los Presupuestos se repetirán en el Senado, empezando por el de rechazar todos los vetos y enmiendas de totalidad que presente la oposición. Primero se reunirá la Comisión de Economía y, acto seguido, el debate concluirá con un pleno de la Cámara Alta. Un pleno que será definitivo si el PP aprovecha que tiene mayoría absoluta en el Senado, como fuentes parlamentarias de la oposición aseguran que hará, para evitar que se introduzca en el texto ni la coma de una sola enmienda. Porque, en ese caso, el proyecto de ley no tendrá que volver al Congreso y, finalmente, quedará aprobado la semana del 12 de octubre.

De confirmarse sin problemas esa hoja de ruta que todos los partidos dan por sentado que se llevará a cabo, Rajoy contará con tiempo sobrado para, ajustándose a la Constitución, convocar las generales antes del 20 de diciembre, que es la fecha tope que ha marcado el Instituto de Estudios Constitucionales que depende de Soraya Sáenz de Santamaría como responsable de la presidencia del Gobierno. Como tendrá las manos libres desde el 16 de octubre, que será el primer viernes que se reunirá el Consejo de Ministros tras la aprobación de las cuentas del Estado, el presidente podrá convocar los comicios para el 13 de diciembre por encontrarse entre los 54 y los 60 días obligatorios de aviso con antelación.

En el PP, algunos parlamentarios consultados destacan que, de confirmarse esa hoja de ruta, Rajoy no esperará al día 20 de diciembre, aunque podría, por la proximidad de las fechas navideñas. Optará, matizan, por el día 13 porque sólo una semana antes, en medio de los quince días de campaña electoral, se celebrará el Día de la Constitución y podrá presentarse ante los votantes como el adalid de la Carta Magna que el resto de los partidos pretenden modificar.