Las pensiones no corren peligro si no se saquea el sistema
- "Hay una obscena campaña de miedo sobre el futuro del sistema público de pensiones que busca su recorte y privatización a través de planes y fondos privados"
- "Las pensiones contributivas se financian exclusivamente con cotizaciones sociales pero, de ser necesario, deben ser garantizadas con todos los ingresos del Estado"
- "La Seguridad Social tendría superávit si solo tuviera que pagar las prestaciones contributivas cuyo derecho ha sido generado por cotizaciones sociales"
Ana Martín Arahuetes, es inspectora de Trabajo y Seguridad Social; y Agustín Moreno, es profesor de Historia.
Hay una obscena campaña de miedo sobre el futuro del sistema público de pensiones que busca su recorte y privatización a través de planes y fondos privados. Para ello se tiene que mantener y ocultar el saqueo al que se viene sometiendo al sistema adjudicándole la financiación de partidas sociales que no deberían pagarse a cargo del presupuesto de la Seguridad Social.
Veamos. El presupuesto de la Seguridad Social se nutre fundamentalmente de las cotizaciones sociales y le corresponde el pago de las pensiones contributivas previstas, cuando se producen las contingencias de jubilación y/o incapacidad en sus diferentes grados. Es evidente que para garantizar las pensiones es necesario aumentar los ingresos de las cotizaciones sociales.
Para ello se precisa no solo mayor, sino también mejor contratación (control del abuso indebido de los contratos a tiempo parcial, adopción de medidas contra la precariedad y la temporalidad); incremento de salarios; y derogación de las medidas más perniciosas de las últimas reformas laborales (sobre todo la de 2012). Es también urgente la lucha contra el fraude en materia de cotización, entre otros el exceso de horas extras sin control y la situación de los falsos autónomos, así como acabar con la infracotización, estableciendo para ello todos los mecanismos y medidas legales necesarias.
Sin embargo, hay una cuestión fundamental de la que apenas se habla: la separación de fuentes en cuanto a la financiación del Sistema de Seguridad Social y la verificación o no de su cumplimiento. Y esta es la clave.
Los Pactos de Toledo de 1995 recogían como primera recomendación la separación de fuentes y patrimonios. Esto es, se configuraban dos presupuestos distintos, el del Estado y el de la Seguridad Social, con una aportación finalista del Estado a la Seguridad Social. Dicha aportación debía ser expresamente dedicada a la financiación de la asistencia sanitaria, las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación, los servicios sociales (IMSERSO), los complementos para mínimos de las pensiones y las prestaciones familiares reguladas en la Ley General de Seguridad Social.
Expresamente delimitadas ambas fuentes y patrimonios, a la Seguridad Social corresponde en exclusiva el pago de las pensiones en el nivel contributivo, como ya quedo dicho.
Para garantizarlas es obligado mejorar la gestión y administración de todo el sistema (recomendación que también figuraba en el Pacto de Toledo) y que la lucha contra la infracotización sea real y efectiva. Pero, sobre todo, que no se cargue al Sistema de Seguridad Social con pagos que exceden, no competen y deberían estar al margen de su concepto y finalidad.
Así, corresponderían a los Presupuestos Generales del Estado y NO al Presupuesto de la Seguridad Social, entre otros, los siguientes gastos:
Medidas de Fomento de Empleo: desde las bonificaciones y reducciones de la cuota empresarial de los contratos, hasta tarifas planas para empresas y/o autónomos, o los incrementos de pensión por prolongación de la vida laboral después de los 65 años.
Políticas de Igualdad de Género: prestaciones de Maternidad/Paternidad, Bonificación y Cotizaciones del RETA por conciliación de la vida familiar y laboral; contrato de Interinidad por maternidad, o excedencia por cuidado de hijos y familiares; reducción de cuotas por riesgo durante el embarazo; el incremento al 100% de la cotización durante los dos primeros años en los supuestos de guarda legal o cuidado directo de un familiar; bonificación en la jubilación por maternidad e incremento de la pensión para madres con 2 o más hijos
Políticas de Empleo para Discapacitados: bonificaciones y reducciones en las cuotas de Seguridad Social.
Tesorería de la Seguridad Social: coste de personal y mantenimiento, con cargo al presupuesto de la Seguridad Social, en lugar de a los PGE, como ocurre con el resto de los Ministerios y Organismos de la Administración Central del Estado
Igualmente procedería ser objeto de debate si las pensiones de viudedad y las de orfandad deberían ir a cargo del Sistema de Seguridad Social. O, si por el contrario, deberían ser a cargo de los PGE, al igual que las Pensiones no contributivas, en coherencia con el hecho de que la Seguridad Social en su modalidad contributiva tiene un ámbito profesional y se financia exclusivamente a través de trabajadores y empresarios, mientras que en la modalidad no contributiva o asistencial es de ámbito universal y se financia a cargo de las aportaciones de los PGE.
En definitiva, se deben apoyar todas las políticas sociales que emprenda el Estado. Pero en ningún caso deben ser sufragadas, ni siquiera en parte, con las cotizaciones sociales abonadas por trabajadores y empresarios, cuya única finalidad es el mantenimiento del Sistema de Seguridad Social y asegurar las pensiones públicas legalmente determinadas; máxime cuando los trabajadores, también como ciudadanos, contribuimos a la efectividad de los PGE a través de la correspondiente tributación.
Las pensiones son una prioridad social y económica (participan del consumo, del crecimiento de la actividad y en el PIB). Su defensa es una cuestión política: las pensiones contributivas se financian exclusivamente con cotizaciones sociales pero, de ser necesario, deben ser garantizadas con todos los ingresos del Estado. Hay que recordar que las pensiones en España son menos generosas que en la Unión Europa, que nuestro gasto en ellas es muy inferior a la mayoría de los países de Europa Occidental, y que la presión fiscal española se sitúa 8 puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea.
Estos son los datos. En los Presupuestos de la Seguridad Social para 2019, se estimaban unos ingresos de 123.584 millones de euros por cotizaciones sociales. De ellos, 76.277 millones de euros se gastarían en pagar jubilaciones contributivas y 12.913,8 millones en pensiones de invalidez, que sumados al gasto en incapacidad temporal dejaría un sobrante de unos 16.000 millones de euros al año, ajustable en función del grado de ejecución de los ingresos y gastos.
Dicho de otra manera: la Seguridad Social tendría superávit si solo tuviera que pagar las prestaciones contributivas cuyo derecho ha sido generado por cotizaciones sociales. De esta forma se daría exacto cumplimiento a la separación de fuentes y patrimonios, fruto de los Pactos de Toledo y se alejaría del horizonte ese fantasma de “quiebra del sistema de seguridad social”, tan falso como reiteradamente aireado por intereses espurios, ajenos y contrarios a los trabajadores. Este es un reto inaplazable del nuevo Gobierno progresista.
Querido Agustín (eres tú el.autor, ¿verdad?):
Coincido con algunas de tus opiniones y discrepo en otras. Por un lado, estoy de acuerdo en que el problema no está en la natalidad, sino en que haya trabajadores que contribuyan. De nada sirve que nazcan españoles si tienen que irse fuera a trabajar (no cotizarán aqui); de nada servirá que trabajen aquí si han de ser «colaboradores» autonomos mínimamente cotizantes en vez de empleados; de nada servirá tampoco wue vengan los inmigrantes a trabajar si no se les dan papeles y, por tanto, trabajan en negro.
Pero hay otro problema, Agustín. La generación siguiente a la tuya, la de los nacidos en los 70. Muchos se creyeron el discurso de que había que hipotecar la vida estudiando para alcanzar un empleo; después de dos carreras seguían sin ver el final del túnel y opositaron. Casi a los treinta consiguieron un empleo. Y poco después, el gobierno subió el tiempo mínimo de cotización contributiva de los 25 a los 35 años, dejando a esa generación sin esperanza de conseguir una pensión (pues, como sabes, 5 años de una interinidad a otra no son 5 años cotizados). También se sintieron timados cuando el gobierno subió para ellos la edad de jubilación a los 67 años, pero conservó, en cambio, la edad de jubilación de quienes eran cinco o diez años mayores. Y cuando, pese a que el gobierno prometió que no habría prejubilaciones, vieron que se seguía prejubilando a quienes eran poco mayores que ellos.
Toda esa generación estafada es un caldo de cultivo para el fraude. Porque ellos no dirán a sus hijos «comprueba que tu contrato es legal», «comprueba que cotizas». Porque ellos saben que cotizando durante 30 años seguirá tocándoles una pension no contributiva. Yo lo veo en mi hermana, Agustín. Y ella, por lo menos, se preocupa por pagar la seguridad social de la asistenta. Sus amigas, en cambio, se jactan de no hacerlo.
Un abrazo de tu antiguo compañero,
Gabriel.
Amigo Gabriel. Disculpa, que no he visto tu comentario porque llevo unas navidades que no paro de guisar para familia y amigos. Tienes toda la razón en lo que dices. Por un lado, porque el modelo productivo y de mercado de trabajo no aprovecha todos sus trabajadores bien formados que se ven muchas veces obligados a emigrar; por ser un modelo de bajos salarios y, por tanto, de bajas o infracotizaciones sociales; también, porque no se regulariza a la inmigración que se necesita como mano de obra y se la obliga a trabajar en la economía sumergida muchas veces. En cuanto a los efectos de las reformas de las pensiones, están a la vista con el endurecimiento de las condiciones para causar derecho a una pensión contributiva y a que ésta sea digna. De ahí que sea necesaria la derogación de los aspectos más lesivos de las dos últimas reformas (como plantea el movimiento de pensionistas que no para de movilizarse), y el cumplimiento estricto del Pacto de Toledo en cuestiones como la separación de fuentes, tema en el que insiste el artículo y mi amiga Ana Martín Arahuetes, que sabe mucho más que yo de este tema.
Lo lamentable es que no se habla con rigor sobre como garantizar el sistema público: todo es campaña para meter miedo con argumentos y datos falsos, para primero recortar y luego privatizar para mayor lucro de las entidades financieras. Porque no es un problema demográfico de baja natalidad o alta esperanza de vida: es un problema del tipo de mercado de trabajo precario y de bajos salarios, de cerril oposición a la inmigración y de falta de voluntad política para reforzar y mejorar las pensiones y el estado de Bienestar con una política fiscal sin fraude y con mayor progresividad.
Un abrazo.
También y principalmente es un problema de ingresos, es decir, de fiscalidad. Hoy dos trabajadores producen más beneficio para la empresa que ayer 20. Es cuestión de reparto de beneficios, no sólo de las cotizaciones de los trabajadores; si con éstas no es suficiente para pagar las pensiones, lo que resta ha de ir a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, como cualquier otra necesidad que ese Estado social ha de cubrir. ¿Por qué hay que singularizar las pensiones con respecto a los demás gastos del Estado?
Hola Agustin.
Como bien dices, dinero hay, lo que que no hay o de lo que carecemos, es de gestores económicos y políticos honestos.
El objetivo de los poderes financieros está claro, privatizar las pensiones, fabuloso “negocio” que rondaría los CIEN MIL MILLONES. Casi na.
Espero que el nuevo gobierno, a ver si cuaja, se ocupe y se preocupe del futuro de ese derecho constitucional, Art. 50 de la CE.
Las pensiones de ahora y del futuro son un derecho como lo son la sanidad, la educación, la ninguneada dependencia y no “negocios”.
Fuera manos privadas de los derechos sociales.
Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden.
Un fuerte abrazo