IU emplaza a Fernández Díaz por la actuación policial durante la Convención del PP

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha sido emplazado por Izquierda Unida (IU) a explicar en el Congreso la “actuación policial absolutamente desproporcionada” contra los manifestantes durante la Convención del PP en Valladolid. La carga policial provocó siete heridos. Una mujer enferma del corazón estuvo a punto de morir. El diputado de IU Ricard Sixto quiere que el ministro aclare los excesos policiales y las mentiras del subdelegado del Gobierno, José Antonio Martínez Bermejo. La formación de izquierda promete una estricta vigilancia ante el abuso de la fuerza policial y las multas para acallar las protestas contra la política antisocial del Gobierno.

La crónica de lo que ocurrió el domingo, 2 de febrero, es tan nítida que en esta ocasión ningún alto cargo de Interior puede decir con mendaz y maldad lo de Gamonal (Burgos): que había alborotadores de fuera. En Valladolid sencillamente se celebró una manifestación de varios miles de personas para, aprovechando la presencia de un nutrido grupo de ministros y del presidente Mariano Rajoy, protestar contra el desempleo y los desahucios. Un grupo de apenas cincuenta manifestantes –parados, desahuciados, indignados-- se dirigió hacia una calle cercana a la plaza de Coca, donde un pelotón de policías antidisturbios le cortó el paso.

Resulta que en un restaurante de esa calle almorzaban algunos cuadros dirigentes del PP y los policías tenían la orden de impedir que fueran molestados, así que cargaron brutalmente contra los pocos y sorprendidos manifestantes y les persiguieron a porrazos, dejando un rastro de siete personas heridas. Una mujer de 54 años fue golpeada y quedó tendida en el suelo. Llevaba un marcapasos. Si algunos manifestantes no se hubieran percatado de que casi no podía hablar y tenía medio cuerpo inmovilizado, y no la hubieran llevado rápidamente al hospital –los servicios sanitarios de emergencias no pudieron llegar–, posiblemente el desenlace habría sido fatal. Doña Encarna ingresó en el Hospital Clínico en “estado grave”.

Los antidisturbios se llevaron a tres personas detenidas y ficharon a otras para multarlas. Según el subdelegado del Gobierno, Martínez Bermejo, las detenciones se produjeron porque se enfrentaron a los agentes. El subdelegado, un hombre que ha ocupado varios cargos (ninguno policial) en el Ejecutivo autonómico de Juan Vicente Herrera y desde 2007 era vicepresidente de la Agencia de Inversiones de la Junta, difundió una versión a través de la agencia estatal Efe, según la cual, “varias personas se abalanzaron contra los policías y éstos respondieron a la agresión”. Aseguró que “no hubo carga policial; los agentes respondieron al movimiento de los manifestantes para garantizar el respeto a las personas que estaban disfrutando de su ocio”, en alusión a los comensales del PP.

Las imágenes difundidas en las redes sociales dejan en evidencia la versión del subdelegado. En ellas se aprecia cómo los antidisturbios, tras cortar el paso en una calle estrecha y con una fila de coches parados, se lanzan a pegar a un grupo de personas que ya se han desviado hacia una calle adyacente. El miembro de la plataforma Stop Desahucios de Valladolid, Javier Villar, contó que la carga policial fue brutal y por sorpresa; a su esposa le rompieron una mano, a un compañero le han escayolado un brazo, a otro le han puesto un collarín y él fue atendido de múltiples y dolorosas contusiones.

Aunque sólo sea porque mentir es pecado y el ministro Fernández Díaz se tiene por fervoroso católico, IU espera que no abunde en la falsedad del subdelegado. Ricard Sixto apela a las imágenes en las redes sociales. “En ningún momento se ve que el número reducido de personas que protestan pongan en riesgo la seguridad de nadie ni actúen de tal manera para que sean respondidas de una forma que tachamos sin rodeos de absolutamente desproporcionada y con un uso de la fuerza totalmente abusivo por parte de determinados agentes concretos de la Policía”.

Para el diputado de IU, “al Gobierno se le han acabado las excusas con las que viene justificando actuaciones de este tipo en los últimos meses. Esta vez están ahí las imágenes para comprobar las falacias que desde Interior se suelen utilizar. Este es también uno de los motivos por los que el ministro Fernández Díaz está empeñado en prohibir y perseguir que se puedan hacer este tipo de grabaciones públicas”. Como se sabe, el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana sanciona con multas de hasta 30.000 euros la grabación y transmisión de imágenes de las actuaciones policiales.

Sixto afirma que su grupo parlamentario, Izquierda Plural, extremará las acciones de control parlamentario ante el uso desproporcionado de la fuerza contra las personas que protestan en las calles por la política cruel y antisocial del Gobierno. Y denuncia por “represiva y antidemocrática” la nueva ley de seguridad ciudadana y el endurecimiento del Código Penal.