Rajoy evita la anunciada supresión del fuero a los políticos

La supresión del fuero a políticos, magistrados y altos cargos institucionales ha pasado a mejor vida. El Gobierno se ha guardado en el cajón esa medida de “regeneración democrática” anunciada en julio pasado tras el “chapucero” “aforamiento express” del rey emérito Juan Carlos I, su esposa Sofía, la nueva reina Letizia y la princesa de Asturias, Leonor de Borbón Ortiz. El Ejecutivo de Mariano Rajoy tampoco quiere oír hablar de la delimitación de los indultos a los condenados por corrupción. Después de rechazar el debate que solicitaron PSOE e IU sobre las medidas anticorrupción, el Gobierno y el PP centran su esfuerzo en acotar las reformas bloqueadas desde febrero y encontrar a un “licenciado vidriera” para constituir el Consejo de la Transparencia antes del 10 de diciembre.

Nada más anunciar la supresión del fuero a los dos mil políticos que en la actualidad disfrutan del privilegio de ser juzgados por el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia, según los casos, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, puntualizó que no se trataba de reducir el número de aforados sino de acotar los temas de aforamiento al estricto ejercicio del cargo y a la libertad de expresión. “No podemos ir mucho más allá”, dijo. La portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, discrepó de Cospedal y afirmó que el Gobierno no se cerraba a discutir reformas puntuales de la Constitución y de los estatutos de autonomía para abordar la reducción masiva de aforados si así lo decía la mayoría de las fuerzas políticas.

El litigo parecía sustancioso, aunque duró veinticuatro horas porque Rajoy lo consideró perjudicial y ordenó “ahí muere”. Entonces los grandes medios recibieron una nota informativa dominical de la Presidencia en la que el Ejecutivo precisaba que propondría “medias para acotar el aforamiento en alcance y en número”. Eso significaba que no hacía falta reformar la Constitución ni los Estatutos, pero pasó el tiempo y de la “acotación” nunca más se supo. El PSOE, UPyD e IU incluyen la medida entre sus propuestas anticorrupción. Sin embargo, el Gobierno y el Grupo Popular, ya han acotado el terreno de lo admisible: la creación del mentado Consejo de la Transparencia con una personalidad reconocida al frente, un diputado, un senador, un representante del Defensor del Pueblo y otro de la Agencia de Protección de Datos. Y la tramitación de las leyes de la función del alto cargo y del control financiero de los partidos políticos, que se hallan congeladas desde el mes de febrero.

A primera vista no hay duda de que el control financiero de los partidos representaría un avance contra la financiación paralela y los sobresueldos en negro que ha denunciado el extesorero del PP, Luis Bárcenas, ya que prohibe las donanciones de personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica, acentúa el control in situ del Tribunal de Cuentas, obliga a devolver al donante las donaciones indebidas o a ingresarlas en el Tesoro público y, entre otras materias, prohibe a los bancos condonar las dedudas a los partidos, como ha venido ocurriendo y ha sido un signo de cautividad, especialmente notable en el caso del PSOE.

Sobre el ejercicio del alto cargo, el proyecto promete un mayor control del régimen de incompatibilidades y de la situación patrimonial al final del mandato, aunque la efectividad de la medida sería superior si se aplicasen las recomendaciones de Naciones Unidas y se implantara el delito de “enriquecimiento ilícito” sin fecha de prescripción para los casos de corrupción, como ha planteado el dirigente de IU Cayo Lara en nombre de la Izquierda Plural.